La administración concursal declara "inviable" Unipost, la empresa de mensajería del 'procés'

La administración concursal de Unipost, el primer operador postal privado de España, ha solicitado al juez la liquidación de la compañía, por verla inviable, lo que deja en el aire el futuro de sus 2.200 empleados.

En un comunicado, la administración concursal, ejercida por el bufete Jausas, ha explicado que ha planteado el "cese parcial" de la actividad empresarial de Unipost, dado que en sus parámetros actuales "no es viable y la única opción es su liquidación, bien a través de la unidad productiva dentro del plan de liquidación o mediante la enajenación individualizada de los bienes", considera.

La administración concursal presentó el pasado viernes esta solicitud de liquidación al juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona. Unipost podrá hacer ahora alegaciones a la petición del administrador concursal, mientras que se prevé que el juez se pronuncie sobre ella a mediados de enero de 2018.

Unipost solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 12 de julio por insolvencia, dado que tenía unos activos de 40,6 millones y unos pasivos de 47,4 millones.

En octubre la administración concursal presentó un ERE para despedir a toda la plantilla, aunque aceptó llevar a cabo los despidos en varias fases, pero la situación de la empresa se ha agravado en las últimas semanas y la administración se ha visto obligada a solicitar la liquidación.

Fuentes de Jausas han asegurado a Efe que desde Unipost solicitó el concurso voluntario de acreedores su pasivo ha aumentado en 4 millones de euros.

Aunque hasta ahora la administración concursal ha conseguido pagar las nóminas a los empleados -la de noviembre se ha acabado de pagar hoy- la solicitud de liquidación hará más difícil aún la gestión de la compañía, según estas fuentes, al perder contratos de administraciones públicas, por ejemplo.

La administración concursal ha recibido muestras de interés de otras empresas, pero ninguna oferta en firme

Dichas fuentes han explicado que la administración concursal ha recibido muestras de interés de otras empresas por hacerse con Unipost, pero que por ahora no hay nada en firme, por lo que el futuro de los empleados de la compañía de mensajería es incierto.

El pasado 14 de diciembre, la Guardia Civil arrestó al director general de Unipost, Pau Rabentós -que posteriormente quedó en libertad- y registró la sede de la compañía, en L'Hospitalet de Llobregat, en el marco de la investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil ya se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

A principios de este mes, el titular del juzgado número 13 solicitó información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de la empresa Unipost.