Andalucía sortea al TC y a Montoro: salva las 35 horas de sus funcionarios con teletrabajo

La Junta de Andalucía asume la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el recorte de jornada laboral de sus empleados públicos y la vuelve a establecer en las 37,5 horas semanales en la región. Pero el gobierno andaluz de Susana Díaz también encuentra un atajo para mantener en la práctica las 35 horas como hasta ahora.

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado por bueno el acuerdo suscrito ayer entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que establece la vuelta a las 37,5 horas semanales para los empleados públicos, pero que contempla que sean 35 horas presenciales (como hasta ahora) que se completan con otras 2,5 horas (media hora diaria) para formación y preparación de tareas fuera del puesto trabajo.

El texto ha sido remitido al Tribunal Constitucional para que tenga constancia de la aplicación de facto de su última sentencia, que anula la jornada de 35 horas. La Junta de Andalucía subraya que con la fórmula encontrada para aplicar la sentencia se mantiene el empleo adicional creado para poder aplicar la jornada reducida (unos 8.000 puestos de trabajo).

En el ámbito sanitario, Andalucía mantendrá los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. En educación, se reorganizarán las tareas de la jornada manteniendo las 20 horas lectivas y considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en el curso 2018/2019. En paralelo, el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas.

La Junta de Andalucía aplica así medidas de flexibilidad laboral para que los funcionarios sigan trabajando de manera presencial 7 horas diarias, emulando la fórmula que el propio Gobierno ha empezado a reconocer en empresas públicas, como Aena o Enaire, en las que oficialmente se mantienen las 37,5 horas pero se permite a los empleados reducir su jornada media hora diaria si entran antes de determinada hora, como desveló en exclusiva El Independiente.

El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de 35 horas en Andalucía, como ya había hecho con una media similar en Castilla-La Mancha, atendiendo el recurso presentado por el Gobierno, que en 2011, en plena ola de recortes, estableció las 37,5 horas semanales en todas las Administraciones Públicas. En las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y sindicatos para el presupuesto del próximo año, el departamento comandado por Cristóbal Montoro ha rechazado insistentemente volver a las 35 horas con carácter general porque supondría un coste inasumible de entre 800 y 1.200 millones de euros.