El Gobierno carga en el recibo de la luz otros 160 millones en ayudas a grandes industrias

Los consumidores eléctricos españoles pagan cada año con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Se trata del denominado servicio de interrumpibilidad, un mecanismo que sirve para garantizar que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán su consumo) si hay picos de demanda u otras incidencias que supongan un riesgo para el suministro. El Gobierno quiere ahora facilitar que las plantas tengan que parar también cuando haya subidas disparadas de los precios eléctricos.

Red Eléctrica, el gestor de la red y el sistema eléctricos, acaba de cerrar la última subasta de interrumpibilidad y ha repartido el servicio entre 117 grandes consumidores (la mayoría clientes industriales) que se ofrecen a suspender o recortar su consumo si es necesario en algún momento de los primeros cinco meses de 2018.

La potencia interrumpible asciende a 2.600 megavatios (MW) hasta finales de mayo, y los derechos a las grandes industrias se han asignado a un precio medio ponderado de 143.393 euros por megavatio y año, registrándose descuentos de hasta 28% en relación a los precios de salida marcados por el Ministerio de Energía. El precio está anualizado, pero sólo se aplica para los cinco meses en que estarán vigentes las adjudicaciones de la subasta.

La factura total que asumirá el sistema eléctrico –y que se cargará en el recibo de la luz- por esta nueva subasta es un dato que no es público y que el Gobierno y REE tratan como estrictamente confidencial. Sin embargo, fuentes conocedoras del resultado de la puja apuntan que será de cerca de 160 millones de euros, importe que acabará en manos de ese centenar largo de grandes empresas.

Casi 5.000 millones por parar cinco horas

El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. Durante la década en que este sistema ha estado en vigor, los consumidores han pagado a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Sólo este año el coste de este mecanismo ha sido 525 millones de euros que se cargan en cada factura eléctrica. Y ahora se sumarán los casi 160 millones de los primeros cinco meses de 2018. En total, en el recibo de la luz se han cargado unos 4.900 millones de euros que han recibido las grandes industrias.

A pesar del enorme coste de este programa, sólo ha sido necesario utilizarlo en dos ocasiones en la última década. Sólo dos veces han tenido que parar su actividad durante unas horas un puñado de fábricas por requerimiento de Red Eléctrica, el encargado de ordenar los paros en caso de ser necesario.

Una en junio de 2016 y otra en octubre de 2017, nada más, según confirman a El Independiente fuentes del sector eléctrico conocedoras de la situación. Y en ambos casos fue por averías, no por un exceso de demanda que pusiera en peligro el suministro. El 8 de junio del pasado año Red Eléctrica ordenó parar durante dos horas a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de una subestación de la red eléctrica. Y el pasado 2 de octubre fueron las mismas compañías las afectadas por el parón de sus plantas durante apenas una hora cada una, esta vez por una avería en la central eléctrica de Aboño.

En total, las paradas de las factorías han sido sólo de cinco horas en 10 años. Y sólo han afectado a tres de los cerca 140 puntos de suministro que se benefician de las ayudas. La reducidísima utilización del servicio de interrumpibilidad ha provocado que desde hace tiempo desde el sector eléctrico se critique su mantenimiento y se denuncie que se trata sólo de un sistema de subvenciones encubiertas a la gran industria para reducir sus costes energéticos y mejorar así su competitividad.

Bruselas fuerza su fin

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, defendió hace apenas un mes en el Congreso de los Diputados contar con mecanismos que sirvan para proteger a las industrias electrointensivas, por ser las más expuestas al impacto de las subidas del precio de la luz. No obstante, las presiones de Bruselas han hecho que el Gobierno ya dé por hecho que el sistema de interrumpibilidad tiene los días contados y que sólo lo va a poder mantener uno o dos años más.

El sistema español de interrumpibilidad ha sido criticado por la Comisión Europea y por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por ser demasiado caro, sobre todo en relación a su casi nula utilización. Nadal destacó en el Congreso que la interrumpibilidad es el único mecanismo activo en España para apoyar a su industria, mientras que en otros países se europeos se utilizan varios simultáneamente.

El Gobierno español negocia con Bruselas fórmulas para reducir los importes repartidos a través de la interrumpibilidad, pero a cambio de introducir otros mecanismos de ayuda que se articulen no a través del recibo de la luz, sino de los presupuestos estatales y así adaptarlos a la legislación de la Unión Europea. En los PGE de 2017 ya se incluían 150 millones de euros para subvencionar instrumentos para limitar la fuga de carbono y para exonerar a las grandes industrias de pagar el apoyo al desarrollo de las renovables.