La bola de nieve de los funcionarios autonómicos: ya absorben la mitad de los ingresos de las CCAA

El gasto en personal de las comunidades autónomas se ha convertido en una enorme bola de nieve que arrastra a las demás administraciones públicas. Cuando comenzó la crisis, los gobiernos regionales pagaban nóminas por un valor de 64.405 millones de euros. Sin embargo, ahora dedican 73.329 millones, 9.000 millones más que hace 10 años y 2.000 millones más que hace un año. La cifra duplica, por ejemplo, sus ingresos por IRPF, el principal impuesto nacional.

En realidad, equivale a la recaudación total de sus principales tributos: IRPF, IVA e Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio. Representa, además, casi el 51% de su gasto no financiero. Por tanto, las CCAA tienen que emplear la mitad de su presupuesto anual en abonar salarios.

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Según los datos de las remuneraciones salariales por sectores institucionales de la Contabilidad Nacional, la masa salarial -es decir, los sueldos y salarios en efectivo y en especie, así como los complementos de todas las nóminas públicas y de los políticos- alcanzó en 2016 los 121.325 millones, un 1,6% más que hace un año (2.000 millones).

Las autonomías dedican 73.329 millones a las nóminas publicas, el doble de lo que ingresan por IRPF

Pero su crecimiento respecto a 2007, año en que comenzó la crisis, es del 12,9%; es decir, 13.880 millones más. Mientras, la masa salarial de las empresas no financieras del sector privado es todavía un 0,2% inferior (unos 800 millones de euros) a la de hace 10 años. Si el cálculo se realiza sobre 2008, primer año de la crisis, el gasto total de las nóminas públicas es superior ahora en casi un 3% (más de 3.200 millones), mientras que en el sector privado, que lidera la salida de la crisis, cae aún casi un 7%. Por tanto, los trabajadores privados cobran aún 25.353 millones menos que en aquel ejercicio.

De esos 121.325 millones de gasto en personal público, la mayor tajada (60,4%) corresponde a las CCAA (73.329 millones de euros). Es la partida de personal del conjunto de las Administraciones que más ha crecido: un 2,8% en el último año y, por ejemplo, un 14% desde que se inició la crisis. Desde que el Estado concluyó el grueso de las transferencias en 2002 con casi 2.000 competencias, los gobiernos regionales han aumentado su gasto en nóminas un 78,9% (32.281 millones más) con 672.000 empleados más.

Mientras, la Administración Central ha visto crecer su presupuesto de personal en este periodo en más de 7.500 millones, con 29.000 puestos menos, que se han amortizado por la vía de la jubilación, y en casi 10.000 millones ha aumentado el coste de las nóminas de los ayuntamientos con 84.000 trabajadores más.

En su conjunto, el modelo de descentralización de las Administraciones Públicas ha supuesto desde 2002 un incremento del gasto en personal del 66,1% (48.295 millones más) con un crecimiento neto de casi 727.000 nuevos empleados (34,1%). Sin embargo, la masa salarial del empleo privado sólo ha aumentado un 44,3% (106.150 millones), 22 puntos menos, con un alza en estos quince años de casi 1,7 millones de asalariados más (14,7%) a pesar de que la crisis se ha concentrado en este sector. Por tanto, el número de empleados públicos y su coste han crecido exponencialmente en este periodo frente al sector privado. La diferencia se ha acentuado durante la crisis.

La descentralización de las Administraciones ha supuesto desde 2002 un incremento del gasto en personal del 66,1%

Casi el 80% de esa masa salarial pública total (94.659 millones) corresponde directamente a sueldos, mientras que 26.666 millones son cotizaciones a cargo del empleador. La cifra podría ser aún mayor ya que las administraciones no pagan las cuotas empresariales del personal funcionario contratado antes de 2010. Las CCAA emplearon 57.519 millones en salarios directos y 15.810 en cuotas a la Seguridad Social.

Por su parte, la Administración Central alcanzó los 18.111 millones en sueldos y 5.438 en cotizaciones mientras que los ayuntamientos abonaron 16.993 millones en salarios y 4.896 en cotizaciones. Además, los empleados públicos de la Seguridad Social costaron 2.558 millones, de los cuales 2.036 correspondieron a sueldos y 522 millones a cotizaciones. Curiosamente, las remuneraciones de los funcionarios encargados de gestionar las pensiones no los paga el Estado con los ingresos que obtiene. Salen de las cotizaciones de los trabajadores, reduciendo la caja de las pensiones.

Se dedican 1.000 millones al año a pagar a los 35.000 militares, guardias civiles y policías en la reserva transitoria

En esos más de 121.000 millones se incluyen también los casi 7.000 millones que cuestan al año las remuneraciones por antigüedad de todo el sector público. Mientras, en el sector privado han desaparecido o congelado. También figuran los más de 1.000 millones al año que hay que pagar a los 35.000 militares, guardias civiles y policías nacionales, con compatibilidad para trabajar en el sector privado, que se han pasado a la reserva transitoria mucho antes de llegar a la edad de jubilación mientras se incrementa la convocatoria de nuevas plazas. Lo que significa que las administraciones siguen aumentado el gasto estructural del que Bruselas viene alertando desde el inicio de la crisis mientras el déficit público sigue por décimo año consecutivo por encima del Procedimiento de Déficit Excesivo pactado con la UE.

En este contexto de un nuevo repunte de la masa salarial pública por tercer año consecutivo, el Gobierno ha anunciado la revisión de los sueldos públicos de algunos empleados públicos, como la Policía Nacional y Guardia Civil, para equipararlos a los de los Mossos de Cataluña o la Ertzaintza del País Vasco. Los sindicatos piden su extensión al resto de funcionarios ya que estiman, descontando el grueso de trienios y complementos, que el sueldo en la Administración Central es un 25% inferior a la de empleados autonómicos.

Atender esta reivindicaciónal alza en estos momentos, ante la ausencia de una política retributiva común y homogénea pese a que la función pública está regida por una Ley Básica de ámbito estatal, significaría un aumento sensible de la masa salarial que corre a cargo del contribuyente mientras que en el sector privado no se recomponen los sueldos. La cifra se situará ya en 2017 en torno a los 123.000 millones, camino del récord en 2009 de los 125.000 millones al que se llegó como consecuencia del innecesario aumento de la contratación pública en los primeros años de la crisis y en plena primera recesión.

De 2007 a 2011, en plena crisis, las plantillas de las Administraciones aumentaron en 316.000 personas

El caso es que en cuatro años, desde 2007 a 2011, las plantillas de las Administraciones aumentaron de golpe en 316.000 personas. Sólo en las autonomías se contrataron a 253.000 nuevos empleados. Los partidos con responsabilidad en los distintos gobiernos metieron a los suyos en la nómina pública e incluso abundaron los casos de funcionarización de muchos laborales para asegurarles su puesto de forma vitalicia.

A partir de 2010 el Gobierno del PSOE, forzado por la UE a reducir el desbocado déficit, realizó un primer ajuste ajeno a las salidas masivas del sector privado. Consistió en una reducción salarial media del 5%. Y, a partir de 2012, con la llegada del PP a La Moncloa, se redujo sensiblemente esa masa salarial hasta los casi 114.000 millones, al suprimirse la tasa de reposición y bajar el número de funcionarios en activo. A ello se sumó la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad, que ha sido devuelta en años posteriores. Según el Gobierno, estos ajustes iban a ser estructurales y reducirían el gasto público futuro. Ahora, se apuesta por lo contrario.

Hay 72.000 empleados públicos más que al inicio de la crisis y 1,3 millones de puestos menos en el sector privado

Mientras, la masa salarial del sector privado aún no ha salido de la crisis. Según datos del INE del tercer trimestre de 2017, hay ahora unos 72.000 empleados públicos más (2,1%) que cuando comenzó la crisis, mientras que las sociedades privadas todavía contratan a 1,3 millones de personas menos que hace 10 años (-9%). Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se está construyendo una España de funcionarios. Ahora hay casi 3,1 millones de empleados públicos, unos 300.000 más, por ejemplo, que el número de afiliados que tiene la Seguridad Social en la hostelería, el sector con más cotizantes, pero con otras condiciones laborales.

¿Pueden gastarse España más de 121.000 millones en pagar nóminas públicas al año? La cifra representa el 11% del PIB, casi medio punto más que la que se dedica a pensiones contributivas, que se pagan con cotizaciones y no con impuestos,para 9,5 millones de prestaciones y 8,7 millones de pensionistas. En su conjunto, su gasto equivale a la recaudación total líquida nacional por IRPF (72.416 millones) más el 80% de la del IVA (62.845 millones) o al 65% del conjunto de tributos y tasas cobradas por Hacienda en 2016 (186.248 millones)o a casi la mitad del conjunto de ingresos por impuestos de todas las administraciones públicas (246.475 millones).

En realidad, la cifra total del gasto público supera ya con creces los 130.000 millones, ya que el INE no incluye en esta masa salarial a las empresas públicas (por ejemplo, la Sepi) ni a las entidades financieras también públicas. Estas partidas figuran en el sector de sociedades no financieras y en el de instituciones financieras privadas.

Diferencias con el sector privado

Por tanto, la masa salarial real pública es aún mayor y la privada es a la vez más baja. Según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) de 2014, los últimos existentes, la cifra correspondiente al personal público incluida en el sector de sociedades no financieras privadas fue de 7.338 millones y otros 332 millones en instituciones financieras.

De los datos del INE se desprende que la crisis ha supuesto para los trabajadores públicos y los privados un devenir distinto. En el primer año, como consecuencia sobre todo del colchón de los años anteriores y de la falta de reconocimiento de los efectos por parte del Gobierno del PSOE, la masa salarial de las sociedades privadas creció un 7,1% mientras que la del sector público aumentó un 10%. Pero, en 2009, con la acumulación de despidos y la irrupción de la primera recesión, las remuneraciones salariales privadas cayeron un 4,2% mientras que en las administraciones públicas crecieron a un ritmo del 6,3%.

A partir de 2010 los descensos de la masa se produjeron en ambos sectores, aunque fueron más atenuados en el público. Las administraciones han acumulado en estos años de crisis tres años de caídas de las remuneraciones salariales totales (de 2010 a 2012), mientras que en las empresas privadas se prolongó durante cinco ejercicios consecutivos (de 2009 a 2013). Ello supuso que a partir de 2013 empezara a crecer la masa salarial pública mientras que el privado no se produjo hasta 2014. Es decir, los funcionarios percibieron más tarde el impacto de la crisis y salarialmente salieron antes. Mientras, en el sector privado impactó antes y todavía no se ha producido la equiparación a la situación de 2007 pese a la recuperación del PIB en términos nominales (a precios corrientes).

Los funcionarios percibieron más tarde el impacto de la crisis y salarialmente salieron antes

Que el impacto de la crisis se ha concentrado sobre todo en el empleo y en las rentas salariales privadas se observa en la participación de estas masas salariares respecto al total de la economía. Por ejemplo, si en 2007 los costes de personal públicos representaban el 20,6% (107.445 millones) de las remuneraciones salariales del conjunto de la economía española (522.556 millones), en 2016 alcanzó el 22,8% (esos 121.325 millones). Sin embargo, en el sector privado (sociedades no financieras) era del 66,3% hace 10 años (346.559 millones) y ahora es del 64,9% (345.813 millones). En la actualidad, el gasto dedicado a pagar nóminas públicas representa el 35% del empleado en el sector privado. Pero, las empresas privadas tienen contratados a cuatro veces más asalariados.

Las administraciones españolas tienen menos empleados públicos que otros países del entorno, pero son más caros

¿Hay demasiados empleados públicos en España? Si se compara con el resto de países desarrollados, las administraciones españolas tienen menos efectivos. Sin embargo, son más caros para el erario. Su gasto es superior a la media de la Eurozona, Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según consta en el informe de Government at a Glance 2017 de la OCDE, los casi 3,1 millones de puestos públicos suponen un 20% del total de los asalariados españoles frente al 17% cuando comenzó la crisis, y un 16,1% del empleo total frente al 14,4% en 2007.

Este porcentaje de funcionarios sobre el empleo total en España es más bajo respecto a la media del 18% de la OCDE. Es inferior a los modelos de administraciones de países nórdicos como Noruega (30%) y Dinamarca (29,1%). Sin embargo, en estos países sus trabajadores públicos no gozan del carácter vitalicio del puesto que en España se otorga y en sus filas hay un elevado número de empleo temporal y a tiempo parcial, circunstancia que en España es casi inexistente. Es decir, en los países más ricos de la UE hay más empleo público total porque es más flexible por el efecto de la temporalidad y la contratación por horas.

Por otra parte, ese 16,1% de empleo público sobre el total de ocupados españoles es superior respecto a Alemania (11,7%) o Países Bajos (13,6%), países en los que el empleo a tiempo parcial ocupa un lugar destacado.

Estructura en los países de la UE

En todo caso, la diferencia fundamental con respecto a los demás países desarrollados es que España tiene menos funcionarios, pero resultan más caros. Así, el gasto medio dedicado en la Eurozona a empleo público es del 10% del PIB, del 10,1% en la Unión Europea, mientras que en España llegó en 2016 al 11%, muy lejos del destinado en Alemania (7,5%), primera economía europea; Países Bajos (8,7%); o Irlanda (7,3%). En los países nórdicos el gasto es superior. Se debe a que tienen muchos más funcionarios. Por ejemplo, en Noruega llega al 15,4% de su PIB; en Islandia (13,8%) y en Suecia (12,6%). Lo más llamativo es que, por ejemplo, países como Suecia, Austria o el Reino Unido, que tienen mayor porcentaje que España de empleo público sobre el nacional, gasten menos a la hora de remunerar a sus administradores.

En términos presupuestarios, sucede lo mismo. Los funcionarios españoles generan un volumen de costes fijos superiores a los de nuestro entorno. Según los datos de la OCDE, España dedica prácticamente un 25% de los presupuestos públicos, es decir, uno de cada cuatro euros de gasto público,a pagar nóminas mientras que en los 34 restantes países de esta organización se sitúa en el 22,9%. De esta forma, ocupa el octavo lugar en el ranking de la OCDE y el cuarto de los países europeos que mayor porcentaje de su gasto público tiene comprometido a fin de año para sus empleados. Lo que encorseta, por ejemplo, que se puedan incrementar otras partidas que generen economía productiva y empleo en el sector privado, como más inversión pública, o incluso mayor gasto social o iniciar la participación en la financiación del sistema de pensiones.

Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos, que depende de la CEOE, la explicación de todas estas diferencias del sector público español respecto al de los países de nuestro entorno se debe no sólo a la estructura de contratación indefinida y permanentemente estable sino a que en muchos países de la OCDE “existen puestos de dedicación parcial”. Es decir, si se diera entrada al contrato por horas bajaría la masa salarial, aumentaría el número de empleados y se reduciría la estadística del paro. Es lo que está sucediendo en el sector privado.