El último Consejo de Ministros del año, que se celebrará este viernes, servirá para dar un nuevo espaldarazo a los taxistas. El órgano de Gobierno aprobará las medidas ya anunciadas por Fomento y que tienen como principal objetivo imponer controles más estrictos a los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, que utilizan Uber y Cabify para su actividad.
Las presiones del taxi al departamento que dirige Íñigo de la Serna han surtido efecto. Entre estas nuevas normas se incluye la prohibición de vender las licencias VTC en los dos años siguientes a su concesión, con el objetivo de que no se especule con ellas, o la obligación de que Uber y Cabify registren todos los servicios que realicen para que se garantice que existe un contrato previo y que el viaje se realiza en la región permitida.
Esto, básicamente, cumple con una de las exigencias históricas del taxi. Ese contrato previo, como lo califica Fomento, es simplemente la petición que hace el usuario en la aplicación para llamar a un vehículo de Uber o Cabify. Los taxistas llevan tiempo reclamando que los coches VTC recogen pasajeros en las calles, algo que tienen prohibido.
El Real Decreto que aprobará el último Consejo de Ministros del año también obligará a que las nuevas licencias VTC que se concedan en los tribunales deben cumplir con las normas vigentes en estos momentos, sin importar si fueron solicitadas ya hace años. Esto, según Fomento, será una imposición para garantizar la calidad del servicio.
La aprobación de estas nuevas normas son, sin duda, un guiño al taxi. De hecho, Fomento anunció que estaba trabajando en este Real Decreto apenas unas horas antes de la gran concentración del sector el pasado 29 de noviembre en Madrid, que estuvo acompañado por un paro de 24 horas en todo el país.
La decisión del Consejo de Ministros choca frontalmente con la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha mostrado su rechazo a más restricciones a los servicios que operan a través de estas licencias VTC.
Precisamente una de las últimas exigencias de los taxistas va dirigida contra el presidente de dicho organismo regulador, José María Marín Quemada, al que califican como "un fanático" de Uber. La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) solicitó su dimisión y que pidiera disculpas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre UberPop.
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