España cierra 2017 con el menor número de cotizantes por pensionista desde 1999

El incremento de la afiliación media a la Seguridad Social en más de 600.000 personas en 2017, después del mejor mes de diciembre desde 2005, es una gran noticia, primero para aquellos que encontraron un empleo, pero también para el sistema público de pensiones. Ello significa que, dado que el sistema español se caracteriza por ser contributivo y solidario, hay muchas más personas que aportan a la caja común de la Seguridad Social para seguir pagando las prestaciones de jubilados y demás pensionistas. Sin embargo, el pasado año se cerró con una proporción de 2,3 cotizantes por pensionista, la ratio más baja desde 1999.

La razón de este borrón en las estadísticas es sencilla. Y es que no solo aportan al sistema los ocupados, también lo hacen los desempleados con sus prestaciones de paro y subsidios y, fruto de la también buena noticia de la caída del paro en 2017, estos se han reducido aún a más velocidad, con lo que la resultante es paradógica.

A ellos se suma también que en los últimos años, también en 2017, ha aumentado progresivamente el número de pensionistas, a golpe de envejecimiento de la población. En términos generales, es por todo ello por lo que en un año espectacular desde el punto de vista del empleo, España presenta hoy la ratio de cotizantes por pensionista más baja en casi 20 años. Sin embargo, es preciso entender aún algunos detalles más.

¿Qué problema esconde la caída del paro?

Cabe recordar que la solvencia del sistema público de pensiones exige que los ingresos del sistema sean suficientes para sostener las necesidades de gasto. Para establecer esta relación, no solo se tiene en cuenta las cotizaciones como ingresos en la caja de la Seguridad Social, que dependen en parte del nivel de los salarios (el Gobierno está empeñado en subirlos). También entra en juego lo que se denomina la ratio de afiliados por pensionistas, esto es, el número de trabajadores que están aportando al sistema por cada uno de los beneficiarios de pensiones.

La principal preocupación actual parte de que la población española se enfrenta a un progresivo repunte de la población jubilada, herencia del baby boom de los años 60 y 70, que además cuenta con pensiones más altas. Y es que el efecto sustitución está dando lugar a que las primeras pensiones disten menos del último sueldo.

En los últimos años, este problema ha estallado al tiempo que los altos niveles de paro iban secando en gran parte de las arcas del Estado por falta de aportaciones suficientes. Dicho de otro modo, ha ido retrocediendo el grueso de las aportaciones y ha aumentado la cantidad de recursos que se consumen de la caja.

Esto ha llevado a que desde 2012 el Gobierno haya tenido que recurrir al Fondo de Reserva de las Pensiones para pagar las pagas extras de julio y diciembre y, desde 2017, también a un crédito presupuestario.

En términos de volumen de cotizantes, a medida que la crisis iba reduciendo el número de los cotizantes ocupados a la Seguridad Social, iba creciendo el número de aquellos que seguían aportando desde el paro o los subsidios.

Sin embargo, desde 2014, a medida que el paro ha ido disminuyendo y los ocupados han aumentado, buena parte de los parados, los de larga duración, que aún suman más de un millón de personas, han ido consumiendo sus prestaciones contributivas y han ido dejando de poder aportar al sistema de pensiones.

Mientras, la recuperación de los afiliados a la Seguridad Social ha sido más lenta que la pérdida de ayudas por parte de los parados de larga duración, pese a la prórroga de programas como el Plan Prepara para desempleados sin ingresos.

El paradógico balance negativo en 2017

Tomando el año 2017, lo que ha ocurrido es que el número de ocupados (tomando la cifra a final de mes) ha aumentado en 589.210 personas, hasta los 18.331.107 ocupados. Al mismo tiempo, los cotizantes desempleados (las cifras del Ministerio de Empleo toman en cambio las cifras medias mensuales) han descendido en 718.481 personas, con un total de 1.124.277.

Esto ha provocado que en conjunto se haya producido un descenso de 128.550 cotizantes a la Seguridad Social en 2017, que coincide además con un incremento de 96.622 pensionistas. Ya son más de 8,7 millones de personas las que consumen prestaciones y, el cruce de unas cifras con otras significa más presión para la caja.

Trasladando estos flujos a la ratio de afiliados por pensionistas, resulta que al final de 2017 solo había 2,3 personas cotizando por cada beneficiario, la cifra más baja desde 1999. Un año antes, la ratio era del 2,7.

España, siempre en cifras bajas

Las diferencias en este indicador son, sin embargo, sutiles. De hecho, el dato más alto registrado es de 2007, cuando alcanzó el 2,71, en un momento en el que los ocupados superaban con creces los 20 millones de ocupados, en términos de Encuesta de Población Activa (EPA). Por el contrario, el dato más bajo es del año 1995, del 2,07.

Desde que se alcanzara ese máximo antes de que el paro golpeara con virulencia y cayera en picado el número de cotizantes –más de tres millones se perdieron en la fase más dura de la crisis—ha tenido altibajos, pero con una constante descendente. Sin embargo, el empleo se viene recuperando desde 2014 y a priori cabría entender que esta ratio debería remontar el vuelo.

¿Por qué se recuperan entonces los ingresos?

Con todo, esta caída de la proporción de cotizantes por pensionistas no tiene una relación directa con los ingresos que entran por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, estos ingresos están incrementándose y ya superan el ritmo de avance de los gastos, en parte también porque la aplicación de la última reforma de las pensiones está conteniendo el crecimiento de esta última variable.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, correspondientes al mes de noviembre, muestran que la recaudación por cotizaciones sociales asciende a 100.000 millones de euros a falta de conocer el dato de diciembre, con una entrada efectiva de recursos un 5,3% superior en tasa interanual y la más alta desde 2006.

Ello viene originado, según el Ministerio de Empleo, por el incremento anual de la cotización de ocupados en un 5,90%, frente al 3,67% de 2016; mientras que la cotización de desempleados registra un decremento del 3,65%, frente al descenso del 7,22% de un año antes.

Estos datos demuestran que los ingresos empiezan a comerle el terreno a los gastos y que, en un contexto de un menor peso de los cotizantes sobre los pensionistas, los ingresos aún mejoran porque las aportaciones que provienen de los sueldos son mayores que las que parten de las prestaciones derivadas del desempleo.

De hecho, si se elimina el efecto de los cotizantes desempleados en la ratio, la proporción de ocupados por cada beneficiario de una pensión alcanzaba el 2,5 al inicio de la crisis y tocó suelo en 2015, con un 2. Sin embargo, la ratio ha vuelto a remontar y en diciembre de 2017 se sitúa en el 2,1 solo contando con los ocupados.

Con todo, la caída de la ratio de cotizantes por cada pensión da una idea del hueco que están dejando los parados de larga duración como integrantes del sistema y cómo el número de beneficiarios se acerca peligrosamente al de trabajadores a falta de que se encuentre una forma de incorporar con rapidez a los desempleados de nuevo en el mercado laboral.