Cuando la Justicia europea condenó a España por cómo adjudicó los peajes de la AP-6

A finales de los noventa, la autopista AP-6 se convertía de forma frecuente en una ratonera. Incapaz de absorber el tráfico tanto de entrada como de salida de Madrid, los grandes atascos eran continuos en la vía que une la capital con el noroeste de la península.

El Gobierno de entonces –el primero comandado por José María Aznar- lanzó un plan de modernización de la infraestructura, con obras de mejora, nuevos tramos, un tercer túnel… La adjudicataria del concurso fue una filial de Iberpistas, que ya era la compañía que gestionaba la autopista… desde 1968 y durante cincuenta años (esto es, hasta este mismo año).

Iberpistas, a través de su filial Castellana de Autopistas, se adjudicó la construcción y gestión de la conexión de la autopista con Segovia (AP-61) y con Ávila (AP-51), y la explotación y conservación del tramo de peaje de la propia AP-6 cuando la actual concesión expire.

De hecho, el próximo 30 de enero la explotación de la AP-6 -el tramo de peaje entre Villaba (Madrid) y Adanero (Ávila)- pasará de Iberpistas a manos de la filial de Iberpistas, justo tres semanas después del caos circulatorio sufrido por la vía durante este fin de semana por una gran nevada.

La sentencia del TJUE

Las adjudicaciones firmadas por el Ministerio de Fomento en 1999 para la vía de peaje y para los nuevos tramos tuvieron que ser enmendadas posteriormente tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de hace casi ocho años.

El Alto Tribunal continental consideró en 2010, tras una denuncia de la Comisión Europea –a su vez instada por CCOO de Ávila y por la organización ecologista Centáurea-, que el proceso del concurso español no se ajustó a las normas comunitarias, ya que en los pliegos y en la información pública de los mismos no se incluían todas las obras que finalmente se realizaron, condenando al Reino de España en costas y obligando al Ejecutivo a encontrar una solución al entuerto.

El Gobierno, con el beneplácito de Bruselas, optó ya en 2012 por solventar la licitación irregular recortando la duración de la concesión a Iberpistas. El Ministerio de Fomento aprobó una reducción de siete años del periodo de explotación de las infraestructuras… Pero es que el plazo de esa gestión aún está por determinar. Restar siete años, ¿pero a qué periodo?

Recortar un plazo que aún no se conoce

Los pliegos del concurso establecían que la concesión del peaje de la AP-61, la AP-51 y la parte de peaje de la AP-6 tendría una duración de entre 32 y 37 años a contar desde la adjudicación, desde 1999. El Gobierno fijará el plazo definitivo en noviembre del próximo año, tomando como baremo el tráfico real de la vía durante las dos décadas previas.

En principio, según los pliegos, la concesión debería extenderse hasta algún momento entre 2031 y 2036. Pero tras el remiendo legal para cumplir con la sentencia del TJUE, a ese periodo habrá que restarle siete años, y la gestión por parte de Iberpistas se alargará pues hasta entre 2024 y 2029.

Un recorte del tiempo de concesión por el que el Estado español deberá indemnizar a la propia Iberpistas, a la que la sentencia no considera en ningún caso responsable de la mala formulación del concurso por parte de la Administración.

Los planes de Fomento pasan, una vez expire de manera adelantada la concesión, por convocar un nuevo concurso independiente por sólo los siete años restados a la adjudicación original.