Los cambios en las ayudas a los parados de larga duración -forzados por el Tribunal Supremo- afectarán, sobre todo, a los desempleados andaluces. Y es que prácticamente cuatro de cada diez beneficiarios de esta prestación viven en Andalucía.

El Tribunal Constitucional (TC) acordó este miércoles anular el Real Decreto que establecía la ayuda otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), al considerar que invade competencias autonómicas. Sus magistrados dan así la razón al Gobierno Vasco, que recurrió la medida impulsada por el Ministerio de Empleo y que se concreta en una ayuda de 426 euros para desempleados de larga duración.

La decisión del TC no implica la supresión de la prestación extraordinaria. Lo que sí cambiará será la gestión. A partir de ahora, serán los gobiernos autonómicos los que determinen los procedimientos de pago.

Según los últimos datos del Sepe, correspondientes al pasado noviembre, hay casi 57.000 parados cobrando la ayuda de 426 euros. El 37% del total (21.231) vive en Andalucía. Este porcentaje supera al de parados registrados en las oficinas públicas de empleo. En concreto, al cierre de 2017 en Andalucía había 825.364 personas sin empleo, el 24% del total.

 

Comunidad Valenciana y Canarias son las otras dos CCAA que acaparan más parados de larga duración beneficiarios del denominado Programa de Activación para el Empleo. En la primera, según los datos del Sepe, hay 7.446 y en la segunda, 5.267. A continuación se sitúan Cataluña y Castilla La Mancha, con 4.409 y 3.854, respectivamente.

Fuentes del alto tribunal explicaron este miércoles a Efe que los pagos no se verán afectados, sino solamente las competencias sobre ellos, y los beneficiarios de los mismos mantendrán su derecho al cobro.

El Gobierno prorrogó el pasado mes de abril, por segunda vez y hasta el 15 de abril de este año, el Programa de Activación para el Empleo dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios, y que contempla una ayuda de 426 euros mensuales para sus beneficiarios.

El Ejecutivo calculaba entonces que se beneficiarían de este programa 210.000 desempleados. En 2017, el programa contó con una dotación de 220 millones de euros y para este año están previsto un total de 337 millones.

Para solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deben haber tenido un empleo anterior, estar inscritos como demandantes de empleo al menos nueve meses durante los 18 meses anteriores, buscar activamente un puesto de trabajo y haber consumido cualquier prestación un mes antes de pedir la ayuda.