El día que Rajoy dio carta blanca a los empresarios para despedir

La mañana del 11 de julio de 2012, Mariano Rajoy anunció a los españoles el mayor ajuste económico de la democracia. El presidente tuvo que dar la cara en el Parlamento en una sesión amarga, para explicar, punto por punto, cómo pretendía ingeniárselas el Gobierno para ahorrar 65.000 millones de euros. Era una cifra astronómica, equivalente al 6,5% del PIB nacional, que sólo podía obtenerse elevando con fuerza los ingresos y reduciendo drásticamente el gasto. O lo que es igual: subiendo los impuestos y recortando las prestaciones sociales.

Aquella noche, el político gallego se fue a la cama en Moncloa con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos y un interrogante en la conciencia: ¿serviría el varapalo a los derechos y deberes de los ciudadanos para taponar, de una vez, las heridas de la crisis?

Cuando Rajoy firmó el ajuste de 65.000 millones ya cargaba en la mochila con una histórica petición de rescate al Eurogrupo y una dura reforma laboral.

Ningún otro año de la crisis fue tan duro como 2012. Y ningún ajuste tan odiado como la reforma laboral

El rescate convirtió a España en el quinto país de la Eurozona que pedía auxilio financiero (tras Grecia, Chipre, Irlanda y Portugal). Y la reforma laboral le costó al PP una huelga general a los cuatro meses de ganar las elecciones en 2011.

Ningún otro año de la larguísima crisis (dio tiempo a sufrir dos recesiones) fue tan duro como 2012. Y ningún ajuste tan odiado como la reforma laboral. Por tres razones: se acometió sin consenso político, se aprobó nada más arrancar la legislatura y trastocó (¿para siempre?) los derechos de los trabajadores en materia de despido.

La reforma laboral fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012. El fin último era dar oxígeno urgente a los empresarios, aunque fuera a costa de recortar los derechos laborales, para frenar la sangría en el empleo. El dato de paro causaba pavor a los agentes sociales y sonrojo a los ministros que tenían que dar la cara por España en Bruselas. Cuando el Gobierno sacó adelante la reforma, en España había cinco millones y medio de personas sin trabajo.

De todas las medidas ejecutadas, había dos que levantaron ampollas. Por un lado, el Ejecutivo reducía de 45 a 33 los días para calcular la indemnización por despido improcedente. Por otro, daba a los empresarios más maltratados por la crisis (que eran la gran mayoría) carta blanca para recortar plantillas. La reforma incluía un nuevo motivo para justificar los despidos: las causas económicas. Bastaba con justificar que un negocio generaba (o estaba encaminado a generar) pérdidas para poder despedir a los empleados con 20 días por año de indemnización.

El contenido de la reforma laboral fue tan polémico que aún hoy sigue usándose como arma arrojadiza en el Parlamento

El contenido de la reforma laboral fue tan polémico que aún hoy sigue usándose como arma arrojadiza en el Parlamento. Y eso que los ajustes que vinieron después no fueron baladíes. Con la prima de riesgo trepando hacia los 600 puntos y el sector financiero cayéndose a cachos, Mariano Rajoy tuvo que afrontar el trago amargo de pedir ayuda a sus socios comunitarios.

El Estado había intervenido ya varias entidades financieras durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a su sucesor le tocó lidiar con la más grande. El 7 de mayo de 2012, Bankia requirió una inyección de 10.000 millones para eludir el colapso. Fue el aperitivo de lo mucho que vendría después. Dos días después, el Estado nacionalizó el banco e hizo limpia en la cúpula directiva (con Rodrigo Rato a la cabeza). Un mes y medio después, a la vista de la envergadura del agujero hallado, pidió ayuda al Eurogrupo (ni Rajoy ni su gabinete admitieron nunca que fuera un rescate).

El 9 de julio vio la luz el Memorándum de Entendimiento, un acuerdo histórico que implicaba la reforma en profundidad del sector financiero español y que dejaba a España bajo la tutela de sus socios europeos. Ese documento, de 23 páginas, obligaba a meter la tijera a fondo y a tomar medidas tan duras como la reforma laboral.

Con la prima de riesgo en 600 puntos y el sector financiero cayéndose a cachos, Rajoy tuvo que afrontar el trago de pedir ayuda a sus socios

Dos días más tarde, Rajoy las detalló en aquella mañana aciaga en el Parlamento. El IVA subía del 18% al 21% (y el tipo reducido del 8% al 10%). Se suprimía una paga extraordinaria de los funcionarios. Y sufrían un severo recorte las prestaciones por desempleo y las ayudas a la dependencia.

Había muchas más medidas, todas encaminadas a detener la crisis que tantas veces negó Pedro Solbes a Manuel Pizarro en el aquel famoso debate pre electoral. Aunque costó tiempo, y otra huelga general más, los ajustes fueron surtieron efecto, al menos, en línea con lo que perseguía el Gobierno. La prima de riesgo se desinfló y el paro descendió a la misma velocidad a la que crecía el empleo. Para el Gobierno, es la prueba del éxito de los ajustes. Para la oposición, es el fruto de la precarización del mercado de trabajo propiciada, precisamente, por la reforma laboral de la que Rajoy sigue sacando pecho ante Europa.