A las doce de la noche del 1 de abril de este año, dos de las autopistas de peaje en concurso de acreedores, la Circunvalación de Alicante, más conocida como Ciralsa, y el tramo de la AP-7 Cartagena-Vera, pasarán a ser propiedad del Estado. Concretamente, de las sociedad estatal Seittsa, que explotará durante lo que queda de 2018 como mínimo ambas concesiones, dos de las nueve que quebraron a partir de 2012. Seis años después del concurso, Ciralsa y la AP-7 entre Murcia y Almería se convierten en los primeros peajes en tener gestión pública, aunque Fomento planea sacar las nueve a concurso otra vez.

La decisión viene tras aprobarse el plan de liquidación de sendas autopistas de pago por parte del Juzgado de lo Mercantil Número Seis de Madrid. Ahora queda de las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 (el plan de liquidación de la R-4 ya está listo), todas al sur de Madrid, de la AP-36 Ocaña-La Roda y el Eje-Aeropuerto para acceder a la Terminal 4 de Barajas. De la AP-41 Madrid-Toledo no se sabe bien qué ocurre con la liquidación, al haber problemas en la fase concursal según admite Fomento.

Darán beneficios, dice Fomento

El ministerio que dirige Íñigo de la Serna prevé beneficios en la gestión de los peajes por parte de Seittsa, y Ciralsa y Cartagena-Vera no son excepción: el beneficio neto que Fomento espera que generen estos peajes es de 34,4 millones solo este año.

Queda por conocer qué sucederá con el rescate por parte del Estado, al que obliga la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) contraída por el Ejecutivo de Aznar con la banca acreedora durante la licitación de las autopistas, a finales del siglo pasado. Los acreedores actuales son fondos buitre que compraron la deuda a entidades internacionales y reclaman la friolera de 4.500 millones de euros frente a 2.000 millones que estima Fomento.