El Gobierno sigue adelante con el decreto de cierre de centrales eléctricas pese al varapalo de la CNMC

El Gobierno sale al paso tras el duro rapapolvo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al decretazo que se ultima para endurecer los criterios que le permiten prohibir el cierre de centrales eléctricas.

Frente a las críticas del supervisor, desde el Ministerio de Energía se defiende la legalidad de la norma, tanto en su tramitación como en su contenido, se confirma que seguirá adelante con la nueva norma y sólo accede a introducir mejoras sólo técnicas atendiendo algunos avisos de la CNMC.

La CNMC aprobó ayer informe enormemente crítico sobre el texto del real decreto que establece criterios adicionales para poder vetar el cierre de todo tipo de centrales (nucleares, de gas, de carbón, hidroeléctricas…) y con la intención del Gobierno de subastar las centrales eléctricas que las compañías se nieguen a explotar contra el criterio oficial.

El organismo considera que el decretazo es ilegal, tanto por el procedimiento legislativo elegido (que en la práctica supone que un decreto se utiliza para modificar la Ley del Sector Eléctrico no respetando la jerarquía legislativa) como porque su contenido no se ajusta a la legislación española ni a la de la Unión Europea.

El Ministerio de Energía rechaza estas críticas, que no ha sentado bien en sede ministerial porque no está entre las funciones de la CNMC valorar la legalidad de la tramitación de las normas. “El decreto tiene cobertura legal”, apuntan fuentes del departamento comandado por Álvaro Nadal, que recuerdan que “el informe de la CNMC no es vinculante, y sus opiniones sobre la legalidad del texto lo son aún menos. Atenderemos sus consejos técnicos, no sobre legalidad. A la CNMC no le corresponde, sólo al Consejo de Estado”.

Al contrario que la CNMC, el Gobierno considera que su proyecto de nueva norma se ajusta plenamente al derecho de la Unión Europea y que puede ampliar mediante un decreto los requisitos para prohibir cierres, a pesar de que no se reconozcan en la Ley del Sector Eléctrico, agarrándose a los principios y objetivos que se recogen en otros artículos de esa misma ley.

Fuentes del ministerio reconocen que utilizar un real decreto para regular los cierres de instalaciones eléctricas no es la fórmula óptima, pero ha tenido que recurrir a ella porque no consiguió apoyos parlamentarios para tramitarla con una norma con rango de ley. “Que sigamos siendo partidarios de regular con una ley no quiere decir que el decreto sea ilegal”, sentencian.

“El cierre de centrales hay que regularlo y racionalizarlo para que se tenga en cuenta su impacto en los precios eléctricos, en la competencia y en el medio ambiente. Creemos que hacerlo por decreto tiene encaje legal, y vamos a trabajar lo que tenemos”, apuntan estas fuentes.

“Si en algún momento el Consejo del Estado o la Abogacía del Estado ve un problema de legalidad, lo haremos con una norma de rango legal, como siempre hemos querido. Pero lo haremos porque el problema existe y hay que solucionarlo. Si no es por esta vía, será por otra”.

El Gobierno sí que accede a introducir mejoras en el decreto para atender algunos consejos de la CNMC que considera “razonables”. “Vamos a adaptar el texto a los consejos técnicos de la CNMC para mejorarlo. En breve tendremos un nuevo texto con los cambios”.

En este sentido, el Ministerio modificará el texto para especificar de qué manera valorar la magnitud del impacto en la competencia, los precios o el medio ambiente del cierre de una central y se detallarán los parámetros; simplificará parcialmente los procesos de subasta para adjudicar una central a un tercero; se podrán aplicar los criterios no sólo a los cierres, sino también a los ceses temporales (hibernaciones).

El Ministerio de Energía ha elaborado un decreto para ampliar los criterios por lo que podrá vetar el cierre de todo tipo de centrales (nucleares, de gas, de carbón, hidroeléctricas…) cuando lo soliciten las compañías eléctricas. La legislación vigente habilita al Gobierno a vetar la clausura de una instalación si supone un riesgo para la seguridad de suministro eléctrico, pero Nadal pretende ampliar su poder de rechazo si puedo implicar una subida de los precios de la electricidad, si afecta a la competencia o no se ajusta a la planificación energética del Ejecutivo y a la lucha contra el cambio climático.

El Gobierno llevaba meses buscando apoyos parlamentarios para sacar adelante el nuevo poder de veto ante el cierre de centrales mediante una ley. Pero no los encontró, y el Ministerio se lanzó a aprobar un proyecto de real decreto para impulsar la nueva normativa después del órdago de Iberdrola de solicitar cerrar sus dos últimas centrales de carbón en España.