El Gobierno abre la puerta a que grupos extranjeros controlen centrales nucleares en España

Las grandes eléctricas españolas aseguran que sus centrales nucleares han dejado de ser rentables y llevan tiempo pidiendo al Gobierno un nuevo marco económico que les permita dejar de acumular pérdidas millonarias. En caso contrario, las nucleares –con Iberdrola como cabeza visible- incluso amenazan con no pedir la renovación de sus licencias de explotación y, con ello, echar el cierre a las centrales.

Ante este escenario, el Gobierno está elaborando un decreto para ampliar los criterios que le permitan prohibir el cierre de centrales eléctricas de todo tipo (nucleares, carbón, gas…), pero reconociendo que la mayor preocupación es el futuro del parque de centrales nucleares.

Actualmente todas las centrales nucleares españolas están controladas por Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias también por Gas Natural Fenosa. En el real decreto que prepara el Ministerio de Energía se contempla la posibilidad incluso de subastar las instalaciones eléctricas cuando una compañía no quiera seguir explotándola.

En el caso de recurrir a esta drástica medida, que en el sector eléctrico se tacha incluso de expropiatoria, fuentes del Ministerio de Energía abren la puerta a que las centrales nucleares españolas pasen a estar controladas por grupos extranajeros y hablan del “posible interés de operadores internacionales” en las plantas si las compañías nacionales quieren dejar de gestionarlas.  "Es cuestión de precio", dicen estas fuentes. "A un precio adecuado, operar una central unos años es una inversión más que razonable".

Tras el cierre definitivo de la central de Garoña, la renovación de las licencias del resto de plantas nucleares y será progresiva durante la próxima década. La primera en tener que pedir la prorroga de sus permisos es la central Almaraz,  porque su permiso expira en 2020. Tras ella habrá un goteo druante los años siguientes: Ascó I, en 2022; Cofrentes, en 2024; Ascó II, en 2025; Vandellós II, en 2027; y Trillo, la más moderna del parque, en 2027.

'No' a la rebaja de impuestos nucleares

El sector eléctrico se queja de las pérdidas que acumulan las centrales nucleares y quiere renegociar con el Gobierno el marco legal con que operan sus plantas, y le reclaman una rebaja de impuestos y el cobro de primas especiales para garantizar su viabilidad y para no echar el cierre. Pero el Ejecutivo no está por la labor.

El Ministerio de Energía ignora las reclamaciones de las eléctricas y descarta una rebaja de los impuestos que gravan el negocio nuclear, según confirman fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal. De hecho, desde el Gobierno se subraya que ese recorte de los impuestos sólo beneficiaría a las propias eléctricas y no a los consumidores, dado que no se trasladaría al precio de la electricidad.

“Los ingresos de los impuestos nucleares revierten directamente al sector eléctrico. Una rebaja de los impuestos sería ventajosa para las operadoras, pero no es evidente que beneficie a los consumidores ni a corto ni medio ni largo plazo”, apuntan fuentes ministeriales.

En el marco de la reforma eléctrica, el Gobierno creó en 2012 nuevos impuestos específicos para gravar los residuos radiactivos y el combustible nuclear, que se sumaban a otros tributos generales de todo el sector eléctrico, a la tasa para pagar el futuro almacenamiento de los residuos y a tasas autonómicas.

La patronal Foro Nuclear se queja de que la mitad de los ingresos de las centrales nucleares se esfuman con el pago de impuestos, y esta carga impositiva es lo que ha hecho que las centrales nucleares hayan dejado de ser rentables y que el negocio no sea sostenible a largo plazo.

El 'decretazo' contra los cierres

Las compañías advierten de que su rentabilidad futura es imposible y amenazan con que el sector acabe optando por cerrar las centrales. “Si los números no salen se puede aguantar funcionando un tiempo, pero no es sostenible a largo plazo”, avisó el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce. “Dependiendo del marco regulador que apruebe el Gobierno las empresas decidirán hacia un lado o hacia el otro”.

Ante esta amenaza de cierre de nucleares -junto al intento de clausurar algunas centrales de carbón y también de gas-, el Gobierno tramita un decreto para ampliar los criterios que le permitirían prohibir la clausura de centrales eléctricas (no sólo para garantizar la seguridad de suministro, como hasta ahora, sino también en caso de que el cese de explotación suponga afecte a los precios, a la competencia o a la lucha contra el cambio climático).

El Gobierno rechaza también las acusaciones lanzadas desde la oposición de que se pretende aprovechar el decreto de cierre de centrales para crear nuevas ayudas a las centrales nucleares. El Ministerio de Energía podrá mantener abiertas las centrales eléctricas y dar incentivos específicos en caso de que las subastas de las instalaciones previstas en la nueva norma queden desiertas.

Desde el Ministerio de Energía se subraya que el decreto incluye salvaguardas para evitar que la compensación que se dé al nuevo titular de una central tenga que ser siempre inferior al impacto de subida de precios de la electricidad que se calculaba en caso del cierre de la planta. "El decreto no es una vía para dar ayudas a las centrales de manera generalizada", subrayan fuentes del Ministerio.