Los notarios tienen identificados a 25.000 políticos en una base de datos contra la corrupción

La justicia y las fuerzas de seguridad españolas tienen un nuevo instrumento para combatir la corrupción política. El Consejo General del Notariado ha impulsado una nueva base de datos para identificar a más de 25.000 personas con responsabilidad política para luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero.

El Consejo de Notarios, a través de su órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP), puso en marcha  esta nueva base de datos el pasado noviembre –aunque no lo ha hecho público hasta hoy- en que se identifica a políticos y a sus socios empresariales para hacer posible la especial vigilancia que la legislación obliga a tener sobre ellos para combatir la corrupción.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los fiscales y los jueces tienen ya acceso directo a la información de este registro sobre la identidad de las personas con responsabilidad política y las empresas que controlan directamente o a través de intermediarios.

“La nueva base de datos es un instrumento utilísimo contra la corrupción y todos los delitos vinculados, así como para prevenir la malversación de caudales públicos y la prevaricación”, ha subrayado José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.

Políticos y allegados

Se considera persona con responsabilidad política a todos los parlamentarios estatales, autonómicos o municipales, las altas instituciones del Estado (jefatura del Estado, fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor…), miembros de los gobiernos central, regionales y locales (en municipios de más de 50.000 habitantes), directivos de sociedades públicas… Y lo seguirán siendo hasta dos años después de dejar el cargo.

Y para luchar contra la figura de los testaferros, también se incluyen en la base de datos de los notarios los allegados de estos cargos públicos, considerándose allegados aquellos que tienen una relación empresarial estrecha (los apoderados de sus empresas, personas que reciben más de una donación al año…).

El nuevo registro de los notarios identifica actualmente a 25.185 personas físicas por considerarse que tienen responsabilidad política (14.641 son directamente los políticos y cargos públicos y los 10.544 restantes se trata de sus allegados). La legislación obliga a las entiendas y cuerpos que trabajan contra el blanqueo de capitales a hacer una vigilancia especial y específica a las personas físicas con responsabilidades políticas.

El Consejo General del Notariado ya gestiona desde 2012 la Base de Datos de Titular Real, un gigantesco centro de datos en que se identifica a los dueños reales de más de 2,3 millones de empresas y organizaciones, aunque se utilicen sociedades pantalla o testaferros para ocultarla o para enmascararla (se considera “titular real” a personas o sociedades que gestionan una compañía o que de manera directa o indirecta tienen más de un 25% del capital o los derechos de voto).  Y es a partir de esta base de datos de titularidad real de empresas como los notarios han conformado la nueva base de datos de políticos y sus socios empresariales.