Los nuevos recortes del Gobierno a las eléctricas superarán los 750 millones en el negocio del gas

Las eléctricas vuelven a estar en pie de guerra contra el Gobierno por la nueva oleada de recortes que prepara para el sector. El Ministerio de Energía maniobra para incluir en la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía una enmienda que sirva para adelantar dos años (de 2021 a 2019) la revisión de parte de la retribución que cobran las compañías por sus redes de distribución y de transporte de gas, por las plantas de regasificación y por los almacenamientos subterráneos.

El Gobierno aprobó por ley en 2014 para el sector del gas un periodo de retribución de seis años, fijando entre 2014 y final de 2020 la metodología de retribución de diferentes redes e instalaciones del sistema gasista. Una fórmula que las eléctricas consideraban “inamovible” para ese plazo, y que ahora se encuentran con el intento del Ministerio de Energía de acortar los tiempos y cambiar las normas a partir del 1 de enero de 2019, lo que “contraviene los principios” de la legislación vigente, sostienen las compañías.

Gas Natural sufrirá un hachazo de 400 millones en dos años; y Enagás, de más de 160 millones

Desde el Gobierno, en cambio, se esgrime que en la Ley 18/2014 sólo se fija como inamovible para los seis años la tasa de retribución financiera de los activos y el coeficiente de eficiencia del sector, pero que el resto de parámetros –coeficientes o valores unitarios que directa o indirectamente se utilicen para calcular la retribución- sí se pueden revisar si existen variaciones significativas de las partidas de ingresos y costes del sistema gasista, siempre que se justifique técnica y económicamente.

Una circunstancia que se considera que efectivamente se ha producido por los déficit del sistema acumulados en los últimos tres años (27 millones en 2015 y estimaciones de otros 90 millones en 2016 y 120 millones en 2017). Además, la indemnización por el fiasco del almacén Castor y otros desajustes anuales han disparado la deuda del sistema por encima de los 2.400 millones de euros.

Los cambios que prepara el Ministerio de Energía supondrán un recorte de los costes del sistema de 753 millones de euros durante los dos años en que se adelante la revisión, con las empresas que gestionan las redes de distribución del gas como grandes afectadas por el hachazo. El Partido Popular introducirá la enmienda en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pero luego el Gobierno tendrá que sumar apoyos parlamentarios en el Congreso para sacar adelante los cambios.

570 millones menos para redes de distribución

Según las estimaciones del propio Gobierno a las que ha tenido acceso El Independiente, el recorte de la retribución a la distribución tendrá un impacto de 285 millones al año, hasta alcanzar los 570 millones de forma acumulada en 2019 y 2020 (el periodo al que afecta la revisión de los parámetros). Con ello, el Ministerio comandado por Álvaro Nadal reduce un 20,5% los costes totales de la distribución, y casi un 10% los costes de todo el sistema gasista nacional.

La compañía más afectada con mucha diferencia será Gas Natural Fenosa, que concentrará un 70% del ajuste, unos 400 millones del total. El recorte sería de unos 75 millones para Naturgas; de 58 millones para Madrileña de Gas; y de unos 25 millones para Redexis.

El Ministerio de Energía también se propone modificar el factor de eficiencia de las redes de transporte, de las plantas de regasificación y de los almacenes subterráneos de gas. En principio, ese factor podría reducirse desde el 0,97 contemplado en la ley actual hasta un 0,75, lo que supondría un recorte de más de 180 millones en los dos años (67 millones en 2019 y 116 millones en 2020). Cerca del 90% de todo este recorte lo asumiría Enagás, que gestiona la práctica totalidad de los tres tipos de instalaciones afectadas.

Las eléctricas denuncian “inseguridad jurídica”

Las compañías eléctricas, que han sufrido este lunes un batacazo el bolsa tras conocerse el futuro recorte, se revuelven contra los planes del ministerio comandado por Álvaro Nadal y cargan contra la “inseguridad jurídica” que genera la iniciativa al modificar los periodos regulatorios hasta ahora en la ley.

“A tan sólo dos años de que acabe este periodo, el Gobierno pretende aprobar un nuevo recorte, por la puerta de atrás y con una normativa totalmente ajena al sector”, critican fuentes del sector eléctrico. “El Ejecutivo introduce de nuevo inseguridad jurídica e incertidumbre en un sistema que se encuentra entre los más eficientes de Europa”.

Otras fuentes cargan contra el Gobierno por utilizar un “atajo legal” y aprovechar una ley contra la sequía para incluir el nuevo hachazo. Una maniobra que, según las compañías, le genera una "auténtica indefensión", dado que -al tener rango de ley- no podrán recurrirla hasta que se apruebe el desarrollo del reglamento de la misma.

De hecho, algunas empresas vinculan los recortes con "un nuevo intento de tapar los fallos de la regulación" trasladándoselos a ellas, en referencia especialmente a la última sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización de 1.350 millones de euros por el fiasco del almacén subterráneo Castor, lo que puede acabar traduciéndose en que no se pueda seguir trasladando al recibo del gas los derechos de cobro por esta deuda.