Nadal pide ayuda al Supremo y a la oposición para otra ola de recortes a las eléctricas

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, llevaba tiempo advirtiendo de que tomaría medidas para recortar los costes regulados del sistema energético “cuando se pueda”. Y ha empezado a maniobrar para que ese “cuando se pueda” sea ya.

El Gobierno no pretende agotar los periodos regulatorios que marca la normativa sobre la distribución de algunas actividades reguladas del sistema eléctrico (hasta final de 2019) y del sistema gasista (hasta final de 2020), y busca vías para aprobar ya reformas que hagan posible un drástico recorte de las retribuciones que cobran las eléctricas.

El plan del Gobierno tiene varios frentes y busca apoyos para sacarlo adelante, tanto en el Tribunal Supremo (al que pide que tumbe algunas de las retribuciones) y también a la oposición política en el Congreso (para acelerar el proceso y que los ajustes se puedan aplicar este mismo año, en algunos casos, o en 2019, en la mayoría de aspectos).

Recurso de lesividad en el Supremo

El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que anule algunas de las retribuciones que perciben las compañías por las actividades reguladas en el sector de la electricidad, según ha desvelado este lunes el propio ministro Nadal.

Fuentes del sector apuntan que el recurso se dirige contra algunos de los parámetros utilizados para calcular los cobros de las eléctricas por su red de distribución, que suman unos 4.700 millones al año. Una solicitud que se ha activado tras un duro informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que denunciaba la alta rentabilidad que perciben las compañías por sus redes –superior al 10% anual- y solicitaba al Ejecutivo que tomara medida para reducirla.

“Ya hemos pedido lesividad al Tribunal Supremo para la parte de electricidad”, dijo Nadal en declaraciones a la prensa antes de participar en una conferencia en Barcelona. “Lo que queremos es adelantarlo por ley, para que entre ya en el saldo de este año”, subrayó. Sin esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie, el Ejecutivo ya ha emprendido contactos con los grupos parlamentarios para poder aplicar los ajustes por otra vía y hacerlo a la vez tanto en el sector de la luz como en el del gas. Para justificar la necesidad de reducir los costes en el sector eléctrico el ministro esgrime el informe de la CNMC y para hacerlo con los del sector del gas se remite a un "análisis propio".

Recortes en gas y luz

El Gobierno estudia varias fórmulas legales, pero de momento se decanta por que el Grupo del Partido Popular en el Senado introduzca enmiendas en el texto de la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía para hacer posible los ajustes mediante la revisión anticipada de algunos de los parámetros que sirven para calcular lo que cobran los grupos energéticos por actividades reguladas tanto en su negocio de luz como en el de gas.

Unas enmiendas que pasarían sin problemas el filtro del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el Ejecutivo necesita apoyos parlamentarios extra en el Congreso para sacar adelante la ley. "Los grupos parlamentarios critican mucho al Gobierno por estar en connivencia con el sector, cosa que nunca es así, pues ahora tendrán que demostrar su participación en estas modificaciones", retó ayer a la oposición Nadal. "En una primera aproximación todo el mundo ha visto bien los cambios", dijo sobre los primeros contactos con los grupos, singularmente el PSOE.

La propuesta para los recortes al negocio gasista está más avanzada. Según adelantó ayer El Independiente, los cambios que prepara el Ministerio de Energía supondrán un recorte de los costes del sistema de gas de 753 millones de euros durante los dos años en que se adelante la revisión (de 2021 a 2019). Un hachazo tanto para las empresas que gestionan redes de distribución (570 millones en dos años) como la red de transporte, los almacenamientos subterráneos y las plantas de regasificación (otros 180 millones más en ese bienio en que se anticipan los cambios).

"Los grupos políticos critican al Gobierno por estar en connivencia con el sector,  pues ahora tendrán que demostrar su participación en los ajustes", dice Nadal

El Ejecutivo no pretende modificar la rentabilidad reconocida a las compañías por ley, sino actuar de manera indirecta sobre algunos coeficientes ligados a los propios activos (singularmente las redes de distribución y de transporte, pero también al negocio de las renovables) que sirven para calcular los cobros. El resultado, un recorte millonario de los costes en los sistemas energéticos.

Los planes del departamento de Nadal pasan por no tocar de momento la retribución financiera por sus activos que cobran las compañías (en el caso de la distribución y transporte eléctricos la media de la rentabilidad del bono español a 10 años más otros dos puntos porcentuales; la media del bono más tres puntos para las renovables). Pero sí tocará otros parámetros ligados a la valoración misma de los activos.

“La retribución [financiera] se va a mantener. Negociamos con los grupos parlamentarios otros tipos de ajuste tanto en el sistema eléctrico como en el sistema gasista”, ha explicado el ministro. “Lo que hablamos es de ver si está bien calculada la base misma de los activos sobre los que se hace la retribución tanto en electricidad como en gas”.