Los fondos de inversión Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital se han personado en la causa abierta contra los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y PwC por falsedad societaria y administración desleal, entre otros.

Estos fondos de inversión presentaron el pasado septiembre en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta de Banco Popular, en el que se calcula que tenían invertidos 850 millones de euros.

Y ahora han decidido sumarse a las querellas que instruye el juzgado central número 4 por presuntos delitos de falsedad contable de estados financieros, fraude a inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada en Banco Popular.

El socio principal del bufete Quinn Emanuel -que representa a estos fondos-, Richard East, aclara en una nota que "los querellantes desean ser informados y colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso".

El tribunal investiga posibles delitos de fraude, manipulación de mercado y abuso de información privilegiada

El titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acordó en su día la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.

Tras la resolución de la entidad, Banco Popular fue vendido a Santander al precio de un euro. La entidad que preside Ana Botín recibió hace pocas semanas la primera demanda por enriquecimiento ilícito en la operación.