Nadal prevé una gran batalla legal de la banca por dejar de cobrar por el fiasco de Castor

Se avecina una guerra en los tribunales por la suspensión de los pagos de la indemnización por el fiasco del almacén submarino de gas Castor, frente a las costas de Castellón. Se avecina “una enorme litigiosidad entre la banca y operadores públicos”, ha anticipado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el trámite legal utilizado para pagar una indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria de Castor (la sociedad Escal, controlada por ACS), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha suspendido los pagos a Santander, Caixabank y Bankia de los derechos de cobro (unos 6,7 millones de euros al mes) por la deuda generada por esa compensación. Una indemnización abonada por la paralización del proyecto en 2013, después de que se registraran decenas de seísmos en la zona por la inyección de gas en el almacén submarino.

La CNMC, en la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, paraliza los pagos a la gran banca, también retira a estas tren entidades la categoría de sujetos del sistema de liquidaciones, y además recupera el pago de 15 millones de euros a Enagás por los costes operativos asumidos por la hibernación de la instalación.

Según ha subrayado el ministro Nadal en el Congreso, la CNMC ha tomado esta decisión después de que el Ministerio le remitiera una carta solicitándole que diera aplicación a la sentencia del Constitucional.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. Las entidades Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización y son los que ahora la percibían a través de las liquidaciones de la CNMC.