El Tribunal Supremo ha ratificado hoy la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado 20 de diciembre de 2016 en la que anuló el decreto aprobado por el Gobierno vasco y que establecía una jornada de 35 horas semanales a los 70.000 funcionarios de la Administración pública vasca. En él se fijaba la jornada anual de un funcionario en 1.592 horas. El TS ha rechazado el recurso interpuesto por el Gobierno de Iñigo Urkullu contra la resolución que dictó del TSJPV hace ahora un año.

En la sentencia el tribunal recuerda que las administraciones públicas también deben respetar “los límites establecidos” en la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, aún vigente, que fijaba una jornada semanal para el personal público de 37,5 horas a la semana.

El decreto anulado en Euskadi fue dictado el 2 de febrero de 2016 por el Departamento de Administración Pública y Justicia del País Vasco. En él, y tras acordarlo con la mayoría sindical, se fijaba la jornada anual para el año 2016, tanto para el personal funcionario como para el Estatutario y el Laboral de toda la Administración vasca. Este decreto fue recurrido por la Abogacía del Estado.

La reacción a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo ha sido muy crítica por parte del Ejecutivo vasco. Así, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka ha señalado que al apoyar las posiciones de la Administración del Estado contrarias al decreto de 35 horas semanales, el TS “está vulnerando nuestra competencia de organización de la función pública vasca explicitada en el artículo 10 del Estatuto de Gernika”.

70.000 funcionarios afectados

La medida afecta a los cerca de 70.000 funcionarios con los que cuenta la Administración pública vasca. El Gobierno autonómico convocará próximamente a la mesa general para analizar con las centrales sindicales el alcance de la medida.

El Ejecutivo de Urkullu muestra su total desacuerdo con la sentencia. Su portavoz afirma que “nadie en Euskadi va a entender esta decisión judicial que se entromete de lleno en cuestiones de organización internas de nuestro personal público”. Erkoreka ha recordado que durante las últimas tres décadas nunca se había acudido a los tribunales para cuestionar la jornada laboral fijada por el Gobierno vasco a sus funcionarios.

El Gobierno vasco considera que este es el “enésimo ejemplo” de lo que considera que es una estrategia de “recentralización” por parte del Gobierno del PP. Reprueba a Rajoy al que acusa de que bajo el pretexto de la crisis económica y “extralimitándose en sus restricciones”, se ha metido hasta en nuestra jornada laboral laminando nuestras competencias y acuerdos sindicales”. Erkoreka concluye asegurando que todo ello es un reflejo “palmario de la tabla rasa del Estado autonómico y de la aplicación del café para todos”.

El Gobierno añade que aquel acuerdo que estableció la jornada de 35 horas en el País Vasco fue fruto de un acuerdo con los sindicatos. Por ello, Erkoreka considera un “absoluto desatino” al producirse en un momento en el que el propio Gobierno de España está trasladando a las centrales sindicales “que está analizando volver a la jornada de 35 horas en la propia Administración general del Esatdo”.