Iberdrola y Endesa se arriesgan a pagar hasta 4.000 millones si cierran ya las nucleares

El Gobierno ha ido desgranando en los últimos días los detalles una nueva ola de recortes a las eléctricas, con importantes tijeretazos a sus retribuciones por actividades reguladas tanto en luz como en gas. Y a estos ajustes se le ha sumado otro golpe con el que el Ejecutivo busca poner aún más trabas a la amenaza de las compañías de echar el cierre de las centrales nucleares porque, según las empresas, han dejado de ser rentables.

El Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de las plantas, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas). La patronal Foro Nuclear ya ha solicitado al Ministerio de Energía una reunión urgente para conocer en detalle los cambios que pretende ejecutar.

Hasta ahora, los dueños de las centrales nucleares han de hacerse cargo directamente de los trabajos y del coste del predesmantelamiento, las labores preparatorias que se realizan durante dos o tres años después del cierre de la instalación. Y a partir de ahí, la titularidad de la central pasa a manos de Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de residuos nucleares-, que desarrolla su desmantelamiento y restauración el terreno durante la siguiente década.

Enresa asume el coste de ese desmantelamiento, pero lo hace a través de un fondo presupuestario que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.300 millones de euros y, tal y como está diseñado, ni siquiera sirve para cubrir todos los costes previstos a largo plazo tanto para demoler las centrales como para cuidar todos los residuos radioactivos (el Tribunal de Cuentas advirtió de que se enfrenta a un déficit futuro de casi 1.500 millones de euros).

La reforma que propone ahora el Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, es que Enresa siga encargándose en solitario de la gestión de los residuos nucleares, pero que sean las eléctricas las que asuman directamente la gestión del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Cuando una central cierre, Enresa cedería a la eléctrica propietaria de esa planta una parte del fondo que ha ido aportando y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Desde el Gobierno aún no se ha aclarado cuál sería la cuantía que Enresa cedería a las eléctricas para desarrollar el desmantelamiento. Pero, dado que el fondo cuenta con poco más de 5.000 millones y también ha de ser utilizado para la gestión de los residuos radioactivos, las eléctricas dan por hecho que sería una porción menor del coste total y que serían las dueñas de las centrales las que asumirían la práctica totalidad del gasto. Las estimaciones que maneja el sector nuclear contemplan que el coste de desmantelar todas las centrales se situaría entre los 4.200 y los 4.500 millones de euros.

Iberdrola y Endesa, que controlan todas las centrales nucleares españolas (Gas Natural Fenosa y EDP sólo tienen participaciones minoritarias en algunas de ellas), se enfrentan a una factura milmillonaria con la reforma promovida por el ministro Nadal si se deciden a cerrar ya sus centrales.

Según un informe del banco de inversión JPMorgan, Iberdrola y Endesa podrían tener que asumir una factura de unos 4.000 millones de euros (más o menos, 2.000 millones cada una) si acaban financiando todo el proceso de desmantelamiento, que se iría reduciendo en función de la cuantía de la parte que les devuelva Enresa. Gas Natural Fenosa tendría que pagar algo menos de 1.000 millones y EDP otros 200 millones de euros.

En el peor de los escenarios, JPMorgan anticipa que Iberdrola y Endesa verían como se les abre un agujero en sus cuentas al tener que realizar provisiones extra por unos 3.000 millones entre las dos, mientras que Gas Natural Fenosa tendría que provisionar cerca de 500 millones. El banco de inversión augura una batalla legal de las eléctricas contra la reforma y entiende que el Gobierno tendrá difícil defender la medida.

Trasladar más costes del desmantelamiento de las centrales es sólo una medida más del Gobierno para dificultar el cierre de las plantas nucleares. El Ministerio que comanda Álvaro Nadal ha elaborado un decreto para reforzar su poder de veto al cierre de centrales, con el objetivo de mantener abiertas un tiempo las plantas de carbón y, sobre todo, frenar la amenaza lanzada por las eléctricas de echar el cierre. 

El decreto se ha encontrado con la crítica descarnada de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que directamente lo considera ilegal, y está por ver si el Consejo de Estado -cuyo informe sí es vinculante- da su visto bueno al texto.

El Gobierno no oculta que su intención es prolongar la vida de las centrales nucleares y que no cierren cuando expiren las actuales licencias de explotación (lo que dejaría a España sin ninguna central en 2024) ni cuando alcancen los 40 años desde su puesta en funcionamiento (lo que provocaría el apagón nuclear total en 2028). El ministro Nadal subraya siempre que tiene ocasión que cerrar las nucleares de manera anticipada conllevaría un incremento de los precios de la electricidad de en torno a un 25%.