El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar al ex presidente de Pescanova Manuel Fernández Sousa y otras 18 personas integrantes de la ex cúpula de la empresa por los delitos de falseamiento de cuentas anuales e información económica financiera, estafa, alzamiento de bienes, blanqueo, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

El juez pone fin a cinco años de instrucción y dicta auto de procedimiento abreviado al considerar que deben ser juzgadas 19 personas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova S.A, por maquillar los estados financieros de la pesquera entre los años 2009 y 2012 mediante "prácticas contables irregulares".

De acuerdo con el relato de los hechos que hace el magistrado, los acusados alteraron las cuentas que presentaban al mercado para evitar que las consecuencias de estos movimientos quedaran registradas en su contabilidad y con el fin de que no se vieran reflejadas en las cuentas que luego presentan ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios", afirma De la Mata.

No se reflejaba la imagen fiel

En lo que respecta al delito de falseamiento de cuentas, De la Mata explica que de acuerdo con los hechos investigados se habrían falseado las cuentas anuales al menos en los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2011 (dinámica que continuó con las cuentas preparadas para 2012) y expone que los administradores, "en responsabilidad compartida con los auditores" habrían aprobado unas cuentas maquilladas que no reflejaban la imagen fiel de las sociedades que administraban. Ninguna de esas cuentas anuales reflejaba la imagen fiel de Pescanova, según el magistrado.

Al actuar así proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, como ponen de manifiesto algunos de los querellantes, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Se trató pues de una dinámica que se ocultó a inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador.

En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, afirma el magistrado que entre los meses de julio y agosto de 2012 se produjo una ampliación de capital de la 'vieja' Pescanova mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros.

"Resultado lesivo"

Sobre el folleto emitido para los inversores el juez determina que no reflejaba ni la información de solvencia publicitada ni la situación económica financiera real, y por tanto, no solo se habría producido esa falsa información al inversor sino también un "resultado lesivo" para este último, dado que supuso un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser "falsos".

En el punto relativo al delito de estafa, razona que muchas entidades bancarias accedieron a financiar a Pescanova y su grupo de sociedades en este periodo "plenamente confiados" de su solvencia reflejada en la información económica aportada, así como en la realidad de las operaciones comerciales --ficticias-- en las que se generaban las facturas. Se trató de una operativa controlada desde Pescanova por sus altos ejecutivos con el auxilio de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera.

Pieza separada

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

Según se desprende de la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por poco más de tres millones de euros (3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros), correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y permanecieron ocultos en todos momento a la hacienda pública española".