El pasado viernes fue un día de alta tensión para los empleados de Santander y Popular, estos últimos especialmente golpeado por el plan de reestructuración en curso. El 1 de febrero terminó el plazo para que los trabajadores se acogiesen al ERE en servicios centrales que el grupo que preside Ana Botín puso en marcha para digerir la adquisición de Popular el junio. Sin embargo, las 1.100 bajas previstas no se cubrieron y Santander ha puesto en marcha la maquinaria para lograr alcanzar la cifra, aunque con procedimientos "poco ortodoxos", según denuncian sus empleados.

Durante los días previos al cierre del periodo para apuntarse el ERE, los sindicatos ya habían advertido de maniobras por parte del grupo para animar a empleados a adscribirse al plan de bajas. El viernes, sin embargo, la división de Recursos Humanos del grupo dio un paso más.

Según han explicado a El Independiente varios empleados, los responsables de realizar el ajuste les presentaron dos documentos a muchos trabajadores solicitando que firmasen uno de ellos: la baja voluntaria o el despido. El primero da derecho al cobro de una prima por voluntariedad; el segundo, no.

"Nos están coaccionando para firmar las bajas con la amenaza del despido, pese a que el acuerdo al que llegaron la empresa y los sindicatos aseguraba la voluntariedad del proceso", señala un empleado.

"Muchos profesionales están cediendo a la presión, aunque no quieren dejar el banco, porque temen ser despedidos igualmente y perder la prima de voluntariedad que recoge el ERE. Además, firmar la adhesión voluntaria supone renunciar a pelear la permanencia en la empresa", explican.

En caso de adscripción voluntaria, los empleados reciben, además de la indemnización, una prima de 2.000 euros brutos por cada trienio, y otra prima calculada en función de la antigüedad que oscila entre un mínimo de 4.000 euros para quienes lleven menos de cinco años en el banco, y un máximo de 30.000 euros a los que lleven 25 o más años.

Para una antigüedad de entre 20 y 25 años, el importe es 24.000 euros; entre 15 y 20 años, 19.000 euros; entre 10 y 15 años, 14.000 euros, y entre 5 y 10 años, 9.000 euros.

Por otro lado, algunos empleados se quejan de que la empresa haya rechazado su solicitud para apuntarse al ERE, cuando cientos de compañeros van a dejar el grupo a la fuerza.

Fuentes sindicales señalaban apenas unos días antes de que terminase el mes de que el número de voluntarios dispuestos a dejar el grupo ascendía a 900. Alrededor de 100 solicitudes fueron descartadas por proceder de empleados que quedaban fuera del perímetro del ERE y en torno a 200 peticiones fueron rechazas, dado que el proceso se pactó bajo el supuesto de voluntariedad condicionada. Es decir, Santander decide quién puede irse o no, independientemente de que la voluntad del empleado sea dejar el grupo. Según estas cifras, hasta 500 salidas de empleados son dudosamente voluntarias. 

Los sindicatos ya denunciaron durante el periodo para apuntarse al ERE que algunos empleados estuviesen recibiendo correos electrónicos en los que la empresa les recordaba que estaba abierto el proceso de adhesión voluntaria, informándoles del importe de su liquidación si deciden irse e indicándoles que el proyecto de su oficina terminaría en una fecha determinada. A partir de estos correos, las reuniones entre la empresa y el empleado eran semanales.