Hace años que la política energética está judicializada. Cada nueva norma es recurrida por las eléctricas en los tribunales, que les suele dar la razón. El bono social, los nuevos impuestos, el margen de comercialización… todo con su correspondiente recurso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha hecho un llamamiento hoy al sector energético para rebajar esa “conflictividad judicial”. Un ruego, el del ministro, que llega cuando se avecina una nueva ola de recortes a las eléctricas y, casi con seguridad, también una nueva ola de recursos.
“Disminuyamos la conflictividad. Ya sé que es monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero es que el consumidores está en la situación contraria”, ha dicho el ministro Nadal durante su intervención en el VI Simposio Internacional Funseam, ante decenas de ejecutivos del sector energético, entre ellos el presidente de Endesa, Borja Prado, o el presidente de Enagás, Antonio Llardén.
"Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro", ha reprochado el ministro a las compañías. "Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae".
Frente a las críticas por la incertidumbre regulatoria de los nuevos recortes que han vertido en los últimos días desde las compañías y las patronales del sector, Nadal ha afeado precisamente a esos mismos grupos la “inseguridad jurídica” que provocan con su permanente litigiosidad. Y es que el ministro ha subrayado que los continuos recursos hacen que el Gobierno nunca esté seguro de con qué ingresos va a contar y con qué costes va a cargar. “No sabes con qué recursos puede contar, no sabes qué sentencias te van a caer (...) Estamos en un toma y daca que no tiene sentido”.
El Gobierno se ha lanzado a poner en marcha casi lo más brevemente posible (en principio, a partir de 2019) recortes a las retribuciones que reciben las eléctricas por actividades reguladas tanto en el sector eléctrico como en el del gas. En total, y según las estimaciones del propio Ejecutivo, los ajustes propuestos permitirían reducir los costes de ambos sistemas en torno a unos 250 millones de euros al año (200 millones para el sector eléctrico y ahora sólo 50 millones para el del gas).
El ministro ha llegado a vincular la necesidad de estos recortes precisamente con los continuos recursos de las compañías energéticas y, también, con que algunos de esos recursos estén imponiéndose en los tribunales. Según Nadal, las sentencias que han dado la razón a las eléctricas sobre "elementos puntuales del sistema" el último año obligarían a subir cerca de un 2% los peajes de acceso del sistema eléctrico. Para no hacerlo, el Ministerio toma otras medidas para recuperar el equilibrio. Si por un lado la conflictividad judicial está obteniendo rendimientos, por el otro tenemos que compensar", ha sentenciado.
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