El ERE que Santander y los sindicatos pactaron tras la adquisición de Popular, para dar salida a 1.100 empleados del grupo bajo la premisa de la voluntariedad, no está resultando tan amable como se esperaba. Fuentes sindicales denuncian "despidos forzosos, presión para que algunos empleados se acojan al proceso aunque no lo deseen y el rechazo de decenas de solicitudes de adhesión de algunos de profesionales".

A ello se suma una quincena de despidos en las áreas de Popular Banca Privada e IST (Intermediación y servicios tecnológicos) de Popular, dos divisiones que quedaban fuera del perímetro del ERE y que no cuentan con representación sindical. Santander está realizando despidos procedentes en ambas filiales alegando duplicidad de cargos, reestructuración y cambios en la organización, informan a El Independiente fuentes conocedoras de las bajas.

Santander ha ofrecido entre 20 y 33 días por año trabajado a los trabajadores que ha despedido

A algunos de los afectados de la división de IST se les ha ofrecido el mínimo legal: 20 días por año trabajado. A los empleados de Popular Banca Privada se les ha concedido 33 días por año y  la posibilidad novar préstamos hipotecarios y beneficiarse de los programas de recolocación. A otros profesionales de la filial de gestión patrimonial les han puesto sobre la mesa una cifra similar a la que recibirían si el despido fuese improcedente. Aun así, este importe queda muy por debajo de la indemnización que recibirían en el marco del ERE, donde la prima de voluntariedad asciende a un máximo de 30.000 euros.

Los sindicatos están negociando con la empresa mejorar las condiciones de salida de estos trabajadores y será uno de los puntos que tratarán mañana durante la primera reunión del comité de seguimiento del ERE.

Empleados, ex empleados y sindicatos señalan que las formas expeditivas empleadas por Santander para lograr completar el proceso y redimensionar algunos negocios, tras la adquisición de Popular, están resultando "traumáticas" para la plantilla.

El 1 de febrero terminó el plazo para que los trabajadores se acogiesen al ERE en servicios centrales que el grupo. Sin embargo, las 1.100 bajas previstas no se cubrieron -al menos según los criterios de voluntariedad real- y Santander puso en marcha la maquinaria para lograr alcanzar la cifra, aunque con procedimientos “poco ortodoxos”, según denuncian sus empleados.

La elección: baja voluntaria o despido

Durante los días previos al cierre del periodo para apuntarse el ERE, los sindicatos ya habían advertido de maniobras para forzar a empleados a adscribirse al plan de bajas. "Parte de la plantilla recibió llamadas y correos electrónicos constantes invitándoles a dejar el grupo", explican.

Además, los responsables de realizar el ajuste presentaron a muchos profesionales dos documentos, solicitando que firmasen uno de ellos: la baja voluntaria o el despido. El primero da derecho al cobro de una prima por voluntariedad; el segundo, no.

En caso de adscripción voluntaria, los empleados reciben, además de la indemnización, una prima de 2.000 euros brutos por cada trienio, y otra prima calculada en función de la antigüedad que oscila entre un mínimo de 4.000 euros para quienes lleven menos de cinco años en el banco, y un máximo de 30.000 euros a los que lleven 25 o más años.

Para una antigüedad de entre 20 y 25 años, el importe es 24.000 euros; entre 15 y 20 años, 19.000 euros; entre 10 y 15 años, 14.000 euros, y entre 5 y 10 años, 9.000 euros.

Por otro lado, algunos empleados se quejan de que la empresa haya rechazado su solicitud para apuntarse al ERE, cuando cientos de compañeros van a dejar el grupo a la fuerza.