El juez pide ingente información sobre Popular a reguladores, bancos y auditores

La Audiencia Nacional ha requerido un cantidad importante de documentación sobre Popular a la propia entidad, a Santander, al Banco de España, al Banco Central Europeo (BCE), a la Junta Única de Resolución (JUR), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la auditora PwC, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), a Morgan Stanley, a Citibank España y a distintas entidades relacionadas con el proceso de venta privado que puso en marcha Popular con anterioridad a su resolución.

Entre los documentos requeridos se encuentran el informe de valoración elaborado por Deloitte, una copia del Plan Sunrise -ideado por el expresidente de Popular Ángel Ron y que no se llegó a poner en marcha-, informes sobre la liquidez de emergencia aportada a la entidad, requerimientos realizados por los supervisores al banco, informes sobre la reexpresión de las cuentas del ejercicio y actas de reuniones, entre otros muchos.

Así lo refleja el auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, firmado por el juez Fernando Andreu, que tiene fecha del miércoles 14 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press.

Pide el informe de Deloitte, el plan Sunrise, informes sobre liquidez y las actas de reuniones mantenidas con los supervisores

Concretamente, al Banco de España le requiere, entre otros, los informes relativos a las retribuciones globales de los consejeros y los directivos de Popular en los años 2016 y 2017, los de la última ampliación de capital del banco, los de inspección a la entidad, la decisión Fail or likely to fail del BCE, la información remitida al consejo de supervisión del BCE sobre la situación de Popular y las actas de las reuniones mantenidas por el supervisor europeo, el Banco de España y la entidad desde diciembre de 2015.

Por otra parte, el juez pide al BCE que aporte una copia certificada del documento resultante del Programa de Supervisión Ordinaria sobre Popular en los años 2016 y 2017, mientras que el magistrado solicita a la JUR el informe de Deloitte.

El Frob, por su parte, deberá remitir una copia de los expedientes administrativos abiertos en relación con Popular en 2016 y 2017, además de una copia de las comunicaciones remitidas por Santander desde la resolución.

Morgan Stanley y Citi deberán remitir los informes realizados para Bankia y Santander donde analizaban la posible compra

Al propio Popular le requiere unos 35 documentos, entre los que se encuentran las actas de las reuniones del consejo de administración, del comité de auditoría, del de riesgos y del de dirección desde 2014; una copia del informe de auditoría interna que motivó la reexpresión de las cuentas de 2016, así como que indentifique a las personas que la llevaron a cabo y quienes decidieron que se realizara.

Además, le pide información sobre lo abonado por el banco en concepto de retribuciones, dietas, pluses, indemnizaciones, planes de pensiones y primas de fichajes, entre otros; cálculos de provisiones; inventarios de ventas; informes de seguimiento diario de liquidez desde el 31 de marzo del pasado año y ofertas de compra o de ampliación de capital recibidas desde diciembre de 2015, entre otros documentos.

Investigación de la CNMV

En cuanto a la CNMV, el juez Andreu solicita el informe sobre los requerimientos e investigaciones realizados hasta la fecha para dilucidar la existencia de ocultación de pérdidas provenientes de ejercicios anteriores a 2017.

El presidente del supervisor, Sebastián Albella, informó acerca de esta investigación el mes pasado en el Congreso de los Diputados, donde contó que se encuentra analizando "en qué medida es razonable" imputar íntegramente a los primeros seis meses de 2017 los últimos resultados de Popular, correspondientes al primer semestre del pasado ejercicio, o si debían haberse imputado en ejercicios anteriores.

La CNMV deberá remitir otros documentos, como todos los hechos relevantes de la entidad entre 2014 y el día de la resolución; expedientes sobre la cotización del banco de 2015, 2016 y 2017; el expediente del registro y aprobación de la ampliación de capital de 2016; los requerimientos efectuados a Popular e información sobre si entre mayo de 2016 -fecha de la ampliación de capital de Popular- y el momento de suspensión de la cotización la propia entidad, sus filiales o los miembros de su consejo compraron o negociaron sobre acciones de la entidad.

PwC deberá aportar papeles de trabajo de las auditorías de 2015 y 2017, así como de los ajustes comunicados en abril de 2017 sobre las cuentas de 2016.

Por otra parte, a Santander se le requieren los informes de adquisición de la entidad y anteriores ofertas de compra analizadas y las realizadas en 2016 y 2017.

Las entidades Santander, Sabadell, BBVA, Bankia, CaixaBank, Morgan Stanley, UBS Europe y Société Générale deberán aportar cualquier informe o documento emitido desde enero de 2017 hasta la fecha que contenga o en el que se realicen estimaciones de las potenciales contingencias existentes que puedan afectar a la situación patrimonial y financiera de Popular.

Por su parte, Morgan Stanley y Citibank España deberán remitir los informes realizados para Bankia y Santander, respectivamente, sobre los estados financieros del banco con el fin de analizar su compra.