España sufre su segunda derrota en un arbitraje internacional por el hachazo a las renovables

El Gobierno español sufre su segundo revés en un arbitraje internacional por la reforma eléctrica. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha emitido un laudo condenando a España a indemnizar a la empresa Novenergia por el recorte de la retribución a las energías renovables aprobado en 2014. Entonces el Gobierno puso fin al sistema de primas a la producción eléctrico y lo sustituyó por una garantía de rentabilidad razonable en función de la inversión de cada proyecto, lo que supuso un recorte de 1.750 millones de las subvenciones a las energías verdes.

Novenergia, firma con sede en Luxemburgo que cuenta con parques fotovoltaicos en Cataluña, Castilla-La Macha, Extremadura y Murcia, había solicitado una indemnización por un importe de 60,4 millones de euros para compensar los recortes a las ayudas aplicados por el Gobierno. La cuantía de la indemnización aprobada en el laudo es de momento confidencial, pero El Confidencial adelanta que ascendería a 53 millones.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman el laudo condenatorio, que les fue comunicado formalmente el pasado viernes. Los servicios jurídicos del departamento que dirige Álvaro Nadal estudian diferentes fórmulas legales tras perder el arbitraje, y muy probablemente recurrirán la decisión.

España 1 - Renovables 2

El Gobierno suma así su segunda derrota internacional, después de que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) emitiera un laudo obligando a España a compensar al fondo luxemburgués Eiser con 128 millones de euros. El Ministerio de Energía recurrió la decisión y aún está a la espera de confirmarse la resolución de la apelación.

Frente a estas dos derrotas internacionales, España ha sumado una victoria frente a una filial holandesa de Isolux también ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. Según la documentación que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados, España acumulaba a finales del año pasado un total de 36 demandas internacionales que acumulaban conjuntamente indemnizaciones reclamadas por un importe de al menos 7.566 millones de euros (una cifra que aumentará porque dos de las denuncias aún no habían fijado el importe de las compensaciones reclamadas).