El Gobierno ultima una vía legal para volver a pagar a Enagás por mantener cerrado Castor

El Gobierno ultima una fórmula legal para que Enagás recupere los pagos que hasta ahora recibía por los trabajos de mantenimiento y de seguridad del almacén submarino de gas Cástor. El Ministerio de Energía ultima una orden ministerial para reincorporar a los costes del sistema gasista una partida de 8 millones de euros al año por los trabajos que realiza el grupo, según ha desvelado el presidente de Enagás, Antonio Llardén.

El Tribunal Constitucional anuló la solución financiera que le dio el Ejecutivo al fiasco del proyecto, lo que ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a paralizar los pagos tanto a Enagás por el mantenimiento del almacén –en estado de hibernación- y a los bancos que tienen los derechos de cobro vinculados a la indemnización de 1.350 millones de euros que recibió la empresa Escal, adjudicataria del proyecto y controlada por ACS.

El Gobierno ahora pretende aplicar una nueva vía legal para garantizar los pagos a Enagás, en la que el Estado cuenta con una participación del 5%. La anulación al menos temporal de los pagos por la indemnización no afecta a Enagás (que fue titular de los derechos de cobro de manera temporal, pero se los trasladó a Santander, Bankia y Caixabank), pero sí por la suspensión de los pagos por las labores de mantenimiento y seguridad.

El presidente de la compañía, en cualquier caso, dice que esa paralización de los pagos no afectará al beneficio del grupo y ha confirmado que el Gobierno les garantizará la recuperación de los cobros, con una partida de 8 millones por año.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo encargó a Enagás encargarse de la instalación y, en paralelo, mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. Las entidades Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización y son los que ahora la percibían a través de las liquidaciones de la CNMC.