Iberdrola redobla la amenaza al Gobierno de cerrar sus nucleares: “No tiene sentido seguir perdiendo dinero”

Iberdrola mantiene el pulso ante el Gobierno por la rentabilidad de las centrales nucleares y redobla su desafío de echar el cierre a sus plantas. “No tiene sentido seguir perdiendo dinero”, ha dicho el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en una conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados anuales.

El sector nuclear, con Iberdrola llevando la voz cantante, amenaza con cerrar todas las centrales españolas si el Gobierno no les baja los impuestos o mejora las retribuciones que reciben por su actividad para conseguir volver a ser rentables. Y es que la industria nuclear asegura que cada año acumula pérdidas de cientos de millones de euros.

Galán hoy ha confirmado que la amenaza de echar el cierre de sus nucleares (gestiona Almaraz I y II, Cofrentes y Trillo, y tiene participaciones minoritarias en Ascó II y Vandellós II) sigue en pie porque no quiere seguir acumulando pérdidas. Según los cálculos de Iberdrola -extrapolando las magnitudes que se manejaban para la ya difunta central de Garoña-, la inversión que las eléctricas deberían asumir para mantener abiertas las nucleares en España se situaría entre los 6.000 y los 7.000 millones de euros. Y todo lo que no sea ingresar más de esas cantidades no entra en los planes de las compañías.

“El retorno debería estar en línea con esas inversiones. Si no se garantiza un retorno, no tiene sentido seguir allí perdiendo dinero”, ha explicado el presidente de Iberdrola. “En diálogo continuo con el regulador habría que ver de qué manera se va a poder pagar este parque nuclear para conseguir un retorno adecuado para la inversión”.

La amenaza de cierre ha provocado un encontronazo frontal con el Gobierno, partidario de alargar la vida de las centrales. El Ministerio de Energía trabaja en una norma para reforzar su poder de veto a la clausura de centrales eléctricas en caso de que afecte a la seguridad de suministro, a la estabilidad de los precios de la electricidad y a la protección del medio ambiente.

Quién paga el desmantelamiento

El Gobierno ultima, además, una nueva norma para complicar aún más el cierre de nucleares trasladando a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de las plantas. El presidente de Iberdrola rechaza de plano este cambio legislativo. “Las eléctricas llevamos treinta años aportando miles de millones de euros para que Enresa se ocupe de la gestión de residuos y del desmantelamiento”, ha dicho Galán.  “A día de hoy, la ley lo deja muy claro”.

Hasta ahora, los dueños de las centrales nucleares han de hacerse cargo directamente de los trabajos y del coste del predesmantelamiento, las labores preparatorias que se realizan durante dos o tres años después del cierre de la instalación. Y a partir de ahí, la titularidad de la central pasa a manos de Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de residuos nucleares-, que desarrolla su desmantelamiento y restauración el terreno durante la siguiente década.

Enresa asume el coste de ese desmantelamiento, pero lo hace a través de un fondo presupuestario que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.300 millones de euros y, tal y como está diseñado, ni siquiera sirve para cubrir todos los costes previstos a largo plazo tanto para demoler las centrales como para cuidar todos los residuos radioactivos (el Tribunal de Cuentas advirtió de que se enfrenta a un déficit futuro de casi 1.500 millones de euros).

La reforma que propone ahora el Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, es que Enresa siga encargándose en solitario de la gestión de los residuos nucleares, pero que sean las eléctricas las que asuman directamente la gestión del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Cuando una central cierre, Enresa cedería a la eléctrica propietaria de esa planta una parte del fondo que ha ido aportando y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Una factura de 2.000 millones para Iberdrola

Desde el Gobierno aún no se ha aclarado cuál sería la cuantía que Enresa cedería a las eléctricas para desarrollar el desmantelamiento. Pero, dado que el fondo cuenta con poco más de 5.000 millones y también ha de ser utilizado para la gestión de los residuos radioactivos, las eléctricas dan por hecho que sería una porción menor del coste total y que serían las dueñas de las centrales las que asumirían la práctica totalidad del gasto. Las estimaciones que maneja el sector nuclear contemplan que el coste de desmantelar todas las centrales se situaría entre los 4.200 y los 4.500 millones de euros.

Iberdrola y Endesa, que controlan todas las centrales nucleares españolas (Gas Natural Fenosa y EDP sólo tienen participaciones minoritarias en algunas de ellas), se enfrentan a una factura milmillonaria con la reforma promovida por el ministro Nadal si se deciden a cerrar ya sus centrales.

Según un informe del banco de inversión JPMorgan,Iberdrola y Endesapodrían tener que asumir una factura de unos 4.000 millones de euros (más o menos, 2.000 millones cada una) si acaban financiando todo el proceso de desmantelamiento, que se iría reduciendo en función de la cuantía de la parte que les devuelva Enresa. Gas Natural Fenosa tendría que pagar algo menos de 1.000 millones y EDP otros 200 millones de euros.