Las eléctricas dan por fracasado el intento del Gobierno de aplicar otra ola de recortes

El Gobierno se ha propuesto aplicar lo más brevemente posible nuevos recortes a las retribuciones que reciben las eléctricas por actividades reguladas tanto en el sector eléctrico como en el del gas. Unos ajustes que permitirían reducir los costes de ambos sistemas en torno a unos 250 millones al año (200 millones para el sector eléctrico y otros 50 millones para el del gas).

El Ministerio de Energía trató de colar los recortes a través de unas enmiendas en una ley de medidas urgentes contra la sequía, pero finalmente desistió ante la constatación de que el resto de grupos parlamentario se negaban a respaldar la iniciativa.

Así que el departamento comandado por Álvaro Nadal impulsó otra vía para meter tijera a los costes energéticos: una proposición de ley específica que habilite al Gobierno para adelantar lo máximo posible (previsiblemente ya 2019) la revisión de algunas de las partidas que reciben las compañías, y que la actual norma fija para 2020 para sector eléctrico y para 2021 en el caso del gas.

Al Congreso sólo cuando se sumen apoyos

Los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del PP, mantienen su rechazo a apoyar los recortes por considerarlos “un parche”, y en todo caso reclaman al Ejecutivo una revisión integral del sistema de costes e ingresos de los sistemas energéticos, según confirman fuentes parlamentarias conocedoras de la situación.

Nadal presentará en el Congreso la proposición de ley con los recortes sólo si logra antes apoyos de otros grupos

“Presentaremos en las Cortes la proposición de ley cuando tengamos los apoyos necesarios, cuando otros grupos parlamentarios estén dispuestos a apoyarla”, explican a El Independiente fuentes del Ministerio de Energía, que en cualquier caso confirman que sus planes siguen siendo sacar adelante la nueva norma. “No se renuncia a nada”, sentencian.

Ante las dificultades del Gobierno para sumar esos apoyos en el Congreso, las empresas de los sectores eléctrico y gasista empiezan a dar por hecho que el Ejecutivo también fracasará en su intento alternativo de aplicarles de manera anticipada estos recortes de 250 millones de euros, según anticipan varias fuentes del sector energético nacional. Un augurio que comparten con más o menos entusiasmo las compañías eléctricas y los grupos que gestionan redes de distribución de gas.

REE y Enagás no ven recortes en 2019

Son precisamente compañías que tienen en su accionariado al Estado, Red Eléctrica y Enagás, las que auguran abiertamente que no habrá recortes con carácter inmediato y que previsiblemente el Gobierno esperará a que se cumplan los plazos regulatorios vigentes.

El consejero delegado de REE, Juan Lasala, apuntó esta semana en una conferencia de analistas con motivo de la presentación de resultados anuales que la iniciativa legislativa para anticipar los recortes “está parada” y  que, “a día de hoy, no parece posible” que haya un ajuste de los costes en 2019. Así que el gestor de la red eléctrica de alta tensión –en el que la participación pública asciende al 20% del capital- se prepara para hacer propuestas de cara a la revisión que la ley fija ahora para 2020.

En términos similares se manifestó ayer el presidente de Enagás, Antonio Llardén, también en un encuentro con analistas. El ejecutivo no prevé ajustes para el sector del gas antes de la revisión para el periodo regulatorio que se abre en 2021. “A día de hoy el tema regulatorio está perfectamente acotado”, indicó.

“Todos los datos objetivos hacen pensar que no va a haber cambios regulatorios importantes” antes de 2021”, explicó Llardén. “No parece que el Gobierno tenga intención de ello, ya que para eso debería aprobar una ley específica”, dijo el directivo, que además considera que los ajustes ni siquiera son necesarios en el sector gasista. En cualquier caso, si el Ejecutivo consiguiera los apoyos para sacar adelante los recortes, Enagás calcula que como mucho tendría un impacto en sus ingresos de 20 millones al año.

El plan de Nadal

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya desgranó en el Congreso de los Diputados cuáles son los recortes que pretende aplicar.  En el sistema eléctrico, el Ministerio quiere revisar la compensación que reciben las eléctricas por tardar dos años en empezar a ser retribuidas por sus redes de distribución y de transporte (equivalente a un tipo de interés del 10% en ese bienio), y pasar a fijar un índice financiero ligado al nivel real de tipos. Con esta medida, el Ejecutivo calcula que el sistema se ahorraría más de 100 millones de euros al año.

Asimismo, el Gobierno propone rebajar la retribución a determinados activos de las grandes eléctricas (recortándoles unos 70 millones) y otros activos de Red Eléctrica (entre 15 y 20 millones más).

Para el sistema gasístico, en las últimas semanas se había filtrado un borrador de propuesta del Ministerio que contemplaba un fuerte recorte 375 millones de euros (de hasta 285 millones al año en la retribución por las redes de distribución de gas y de unos 90 millones en pagos a Enagás). Como la propuesta implicaba adelantar dos años el momento de la revisión de esas retribuciones prevista hasta ahora legalmente, el impacto para las compañías era de 750 millones en esos dos ejercicios.

En su intervención en el Congreso, Nadal no hizo referencia a estas medidas previstas en el borrador y sólo avanzó que su objetivo es revisar la retribución de determinados activos del sistema gasístico que, a la espera de un informe de la CNMC que los valore, podría suponer un recorte de los costes que puede ir desde los 0 a los 50 millones de euros por año.

El ministro reclamó el apoyo del resto de grupos parlamentarios a estas medidas para conseguir reducir los costes del sistema energético y con ello conseguir abaratar su funcionamiento. Reclama su apoyo, y con rapidez. “Cada día que pasa hacemos perder dinero a los consumidores”, ha sentenciado Nadal.

Recortes de 1.500 millones en 2020

El Gobierno busca apoyos para aplicar estos ajustes con carácter inmediato, pero los planes del Ministerio de Energía pasan, además, por dejar que se produzca en 2020 la revisión automática que marca la ley para la retribución de las eléctricas por sus redes de distribución y para los incentivos de rentabilidad razonable de las renovables. Con esa revisión automática, el Ministerio de Energía, según desveló Nadal en el Congreso, augura que el recorte de estas retribuciones rondaría los 1.500 millones de euros.

El Gobierno fijó en 2013 con la reforma energética la rentabilidad de las renovables y de lo que cobran las eléctricas por sus redes de distribución ligándola a los bonos del Estado. En ambos casos la rentabilidad se estableció por seis años, hasta el 31 de diciembre de 2019. En el caso de los proyectos renovables era el rendimiento del bono español a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos y de 200 puntos básicos para las redes eléctricas.

En un par de años la rentabilidad se revisará, y va a ser a la baja. Los planes del Gobierno pasan por no tocar ese diferencial, así que como actualmente el rendimiento del bono es muy inferior al que había en 2013, cuando toque revisar la rentabilidad para otros seis años la retribución que reciben las compañías por sus renovables y por sus redes sufrirá un zarpazo de 1.500 millones.