La Ley para crear una renta mínima, en el aire tras el fiasco del PSOE

La tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CCOO y UGT para establecer en España una prestación de ingresos mínimos de 426 euros mensuales va camino de convertirse en una epopeya. Más todavía después de que, por culpa de la ausencia de cinco diputados del PSOE, el proyecto de Ley en el que ha logrado convertirse tras un periplo parlamentario que arranca en abril de 2015, haya frustrado su avocación al Pleno. Este ha sido el último capítulo de su convulsa historia.

¿Pero qué consecuencias tendrá la votación de este jueves? Dicha avocación habría supuesto un trasvase de la tramitación de la Ley de la Comisión de Empleo en la que se encuentra al Pleno de la Cámara, y eso habría prácticamente asegurado su apoyo gracias a la mayoría progresista que está a favor de la norma. Una vez superados los principales escollos, como las votaciones para su desestimación total, aún está pendiente transaccionar enmiendas y votar las que queden vivas, así como un dictamen final antes de tomar rumbo al Senado.

En las comisiones la correlación de fuerzas cambia ligeramente respecto al Pleno en función de la composición del Grupo Mixto. En el caso de Empleo, este está formado por un diputado de Foro y otro de PdeCat. Esto quiere decir que hay cierto peso conservador. Pero además, el PSOE tomó la decisión de llevar la Ley al Pleno para tratar de dar más entidad a la norma.

En cifras, los sindicatos calculan que en el Pleno contaban con el apoyo de 181 diputados de los 350, mientras que en la Comisión son la mitad más uno, con lo que el margen, a simple vista, se estrecha, aunque las centrales insisten en que todo sigue su curso.

Los sindicatos siguen confiando en que la Ley saldrá adelante

Hay un problema añadido. Y es que ahora depende del presidente de la Comisión, el diputado de Podemos-En Comú Podem-En Marea, el abrir la fase de ponencia en la Comisión para debatir las enmiendas presentadas al texto después del “despropósito” del jueves, según sus propias palabras.

Normalmente, la apertura de la ponencia está precedida de una ronda de consultas entre los grupos para avanzar cierto consenso mediante la transacción de enmiendas antes de ponerse a trabajar en balde. Se trata de un trámite en el que suele servir de motor el grupo parlamentario que promueve la iniciativa.

Pese a que en este caso la iniciativa parte de la ILP de los sindicatos y le corresponde al presidente de la Comisión ejercer ese papel, ese trámite ya estaba superado antes de la votación de este jueves y, según Montero, había acuerdo para seguir adelante y aprobar la Ley. El texto incorporaría enmiendas, “no sería la Ley de nadie”, pero había voluntad de sacarla adelante. Sin embargo, habrá que repetir ese procedimiento.

Esto redunda en que de momento no hay fecha para la apertura de la ponencia.

El PP quiere ralentizar aún más el proceso

Además, el Grupo Popular ha solicitado un informe técnico a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) que podría tardar en estar listo seis meses, según fuentes cercanas a la Comisión. Sin embargo, Montero argumenta que no se trata de un informe vinculante y que, por lo tanto, no va a demorar más la tramitación.

Y es que el Grupo Popular se ha opuesto frontalmente a la Ley de renta mínima desde el principio argumentando incluso, en palabras del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, que supondría la ruina de las arcas públicas.

El caso del PNV

Otra de las cuestiones que han arrojado sombras en las últimas horas, fue la votación en contra de la avocación, no solo del PP y Ciudadanos, sino también del PNV, que viene apoyando la Ley de rentas mínimas desde el principio.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, esto podría deberse más a que el grupo parlamentario vasco no se siente cómodo “por principios” con las avocaciones.

Lo cierto es que, según las mismas fuentes, aseguran que PNV solo ha presentado una enmienda al texto y esta cuenta a priori con el apoyo de la mayoría de los grupos. Sus cambios, como los de PDeCat son además de carácter técnico.

Los sindicatos pendientes de PSOE y Podemos

Sea como fuere, los sindicatos CCOO y UGT se han tomado la pérdida de la votación más como un bache que como el fin de algo. Aseguran que la tramitación, aunque más compleja, continúa, puesto que además la Comisión de Empleo tiene competencia legislativa plena en este asunto. Temen únicamente que su propuesta quede desdibujada, aunque la pugna de mayor envergadura, la que sostienen Podemos y PSOE, se libra por mejorar la prestación más allá de lo planteado por las organizaciones sindicales.

Los socialistas quieren, por ejemplo, que se incremente la ayuda cuando hay un hijo a cargo, mientras que la formación morada quiere llevar la prestación a los 600 euros.

El responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, indica que la iniciativa sigue contando con los apoyos suficientes. Según ha asegurado, se ha reunido con todos los grupos durante la última semana y, “si ninguno cambia de posición no debería haber ningún problema, pero hay que esperar a que se constituya la ponencia”.

Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha afirmado que la pérdida de la votación del jueves es “una lástima” que obliga a “llegar a un acuerdo en la Comisión para seguir adelante”. Con todo, asegura que “no todo está perdido” dado la voluntad de acuerdo reinante.