Seis CCAA aplican rebajas fiscales de herencias y donaciones para competir con Madrid

Quién da más? Las comunidades autónomas se han lanzado a una carrera por rebajar la factura fiscal del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava operaciones como herencias y traspasos de dinero entre familiares. Hasta seis de ellas --Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Murcia-- introdujeron modificaciones en el impuesto en 2017 para ser cada vez más atractivas a ojos de los contribuyentes. Pero sobre todo para hacer competencia a la Comunidad de Madrid, que algunas de ellas consideran un auténtico paraíso fiscal para los grandes patrimonios.

Este rally solo se puede entender en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. Los gobiernos regionales siguen a la espera de que se pongan en marcha en el Congreso de los Diputados los trabajos para acometer esta reforma, que equivale a reordenar el modo en que se reparten los ingresos existentes entre los territorios para luego destinarlos a sanidad, educación o servicios sociales.

El objetivo es lograr una estructura fiscal más equitativa, en la que no haya ni ganadores ni perdedores o comunidades que se sientan infrafinanciadas, y en el que los recursos sean suficientes en todos los territorios. Es por tanto un debate sobre ingresos y ahí entran en juego los impuestos autonómicos.

Estas cuestiones se abordaron de forma aproximada en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero 2017 y también en el informe encargado por el Gobierno a un comité de ‘sabios’ ese mismo año como punto de partida para acometer la reforma. Y en ambos foros hubo una conclusión clara: entre muchos otros ajustes, es necesario armonizar ciertos impuestos, especialmente, el de Sucesiones y Donaciones, para evitar distorsiones en el sistema.

Se trataba sobre todo de acabar con el malestar de muchas comunidades autónomas, en su mayoría socialistas, frente a lo que se ha llegado a denominar el ‘paraíso fiscal’ de la Comunidad de Madrid. Y es que el gobierno de Cristina Cifuentes mantiene una exención del 100% en el Impuesto de Patrimonio y del 99% en Sucesiones y Donaciones.

Esto, en la práctica, se traduce en que las grandes fortunas no tributan por este impuesto en la capital, mientras que lo hacen en el resto de España. En el caso de las herencias o las donaciones, las cantidades a pagar en Madrid son muy inferiores a las del resto de territorios.

Esto hace que comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, hayan acusado a Cifuentes de competencia desleal (dumpling fiscal) y de promover un trasvase de contribuyentes de otros territorios al suyo aprovechando su fortaleza económica. En resumen, que Madrid se puede permitir esas dádivas porque tiene unas cuentas muy saneadas y es un foco económico y Valencia, cuya deuda supera el 40%, no está en disposición y llama a que la reforma de la financiación autonómica aporte algo de equilibrio.

El debate ha llegado al punto de que algunos analistas se plantean la posibilidad de suprimir este impuesto --Andalucía ya lo ha planteado a nivel autonómico--, pero como mínimo llaman a establecer unos tipos mínimos y máximos para, preservando la autonomía fiscal de los territorios, lograr cierta armonización, todo ello en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Pero esta no llega y, además, la situación de incertidumbre provocada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 hace que la reforma quede cada vez más lejos.

Las saneadas tratan de seguir a Madrid

En esta situación, las comunidades autónomas siguieron avanzando el pasado año en la carrera por rebajar la imposición en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hasta seis comunidades autónomas introdujeron modificaciones en el impuesto para aligerar la carga y hacerse más atractivas frente a Madrid. En cambio, solo dos de ellas lo incrementaron --Cantabria y Navarra-- y otras dos elevaron la imposición sobre el Patrimonio, que grava a las grandes fortunas. Si bien, está en el aire la continuidad del tributo, puesto que su prórroga anual se circunscribe a los Presupuestos, que este año vuelven a estar en el aire.

Es cierto que las comunidades autónomas se nutren básicamente de su participación en los grandes impuestos estatales –captan el 82% de sus recursos del IRPF, IVA y los impuestos especiales--. Sin embargo, hay un nada desdeñable 3,5% que proviene de Patrimonio y, sobre todo, de Sucesiones y Donaciones, sobre los que las regiones tienen capacidad de maniobra plena.

No obstante, las comunidades autónomas que se sienten afectadas por el régimen fiscal madrileño aducen además que hay una parte intangible de recursos que se pierden por los contribuyentes que abandonan sus territorios y dejan, por ejemplo, de consumir allí.

Los 'barones' cargaron contra la supuesta competencia desleal de Madrid

En este perímetro, los ingresos por Patrimonio se desplomaron entre 2008 y 2014 un 58,3% en el conjunto de las comunidades autónomas, según el Consejo General de Economistas, el cuerpo especializado del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Esto se debe, en parte, a que en el año 2008 se estableció con carácter general una bonificación del 100% en el impuesto, un tributo atípico ya en toda Europa que tiene un carácter sobre todo censal y que dada la evolución al alza de las rentas se había quedado obsoleto. Dicho de otro modo, un tributo dirigido a las grandes fortunas estaba afectado entonces a las rentas medias.

El impuesto se recuperó de forma temporal en 2011 y 2012, pero con una exención sobre los 300.000 primeros euros en las viviendas habituales y un incremento del mínimo exento hasta los 700.000 euros en rentas. Pero en este desplome, también ha tenido que ver la bonificación del 100% que se ha mantenido en este tiempo en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la recaudación por el impuesto de Sucesiones y Donaciones solo descendió entre 2010 y 2015 un 3,4%, e incluso se incrementó en Andalucía (+8,6%), Asturias (+1%), Baleares (+42,8%), Canarias (+62,5%) , Cantabria (+14,5%), Castilla y León (+40%), Comunidad Valenciana (+45,3%), Extremadura (+0,07%), Galicia (+1,9%), Murcia (+113,9%) y Navarra (+37,4%).

El Consejo de Economistas explica que el hecho de que se haya mantenido estable la recaudación por Sucesiones y Donaciones se explica porque en esos años se ha incrementado el valor de los inmuebles.

En cualquier caso, es lógico que las regiones tengan más margen para perder dinero por la vía del impuesto de Sucesiones y Donaciones que por el de Patrimonio. Además, llama la atención que las comunidades que han rebajado los costes del primero de estos tributos en 2017 no son únicamente del PSOE, como cabría pensar en términos políticos por su oposición a Cristina Cifuentes, del PP.

Concretamente, se trata de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja, comunidades con una ratio de deuda sobre el PIB por debajo de la media, que se sitúa en el 24,7% de acuerdo con los registros del Banco de España en el tercer trimestre de 2017.

¿Cómo se tributa por Sucesiones y Donaciones?

Fruto de estos cambios acometidos en 2017, existe un gran número de comunidades en las que las sucesiones de patrimonio a descendientes o adoptados menores de 21 años (Grupo I) ya tributan prácticamente de manera simbólica.

Por ejemplo, Asturias amplió el año pasado la reducción en Sucesiones por parentesco de 200.000 a 300.000 euros, mientras que en Extremadura se ha equiparado la bonificación del 99% para este Grupo I con el Grupo II, que engloba a cónyuges, descendientes, ascendientes y adoptados de 21 años o más.

Sin embargo, hay otros territorios en los que se no se paga si no se superan determinados límites. Es el caso de Andalucía, donde desde el pasado año se establece un límite en la base imponible de un millón de euros, o Castilla y León (400.000 euros) o Aragón, región en la que los menores de edad tienen una reducción del 100%, aunque con un máximo de tres millones de euros.

Para el Grupo II, el número de territorios que han eximido prácticamente de tributación se reducen a los territorios forales de País Vasco, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia o La Rioja.

En el caso de la tributación de las donaciones, para los dos grupos existe una bonificación del 99% en Madrid y desde 2017 también en Murcia y del 99,9% en Canarias. Además, el pasado año proliferaron las modificaciones para introducir nuevos supuestos de reducciones superiores al 90% en Asturias, Castilla y León o La Rioja.

Pese a todos, las desigualdades persisten y tributar en una comunidad autónoma puede suponer un importante ahorro o un desembolso significativo. Tomando como ejemplo a un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, la factura en Sucesiones puede ir de los 0 euros, a los 155.393,7 euros en Aragón o los 103.135,4 euros en Asturias.

En el mismo caso, con una donación de 800.000 euros en juego, la tributación por Donaciones va de los 200 euros en Canarias a los 208.159,3 euros en Andalucía.