El sindicato de controladores aéreos USCA ha alcanzado un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que se compromete a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, según informaron fuentes del mismo a Europa Press.

Esta medida está condicionada a la aceptación del mismo acuerdo en Palma de Mallorca, donde 83 controladores se encuentran procesados por posible sedición, delito castigado con más de ocho años de prisión. USCA asegura que las negociaciones en Mallorca se encuentran también "muy avanzadas", aunque aún quedan "algunos flecos".

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid y Barcelona, de las 21 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España.

Sindicato de controladores

Desde USCA, sindicato al que pertenecen los 133 controladores que se enfrentan a las dos causas pendientes, se asegura que este acuerdo supone "una liberación" pues pone fin a un conflicto que dura ocho años no es satisfactorio, pero es la fórmula "menos gravosa". De momento se han archivado un total de 19 procedimientos en toda España por estos hechos, todos ellos exculpatorios para los huelguistas.

El sindicato de controladores USCA ya está indemnizando a los más de 15.000 afectados que han mantenido durante estos ocho años sus denuncias vigentes en un juzgado de Instrucción de Madrid.

"Los perjudicados personados en la causa ya han comenzado a percibir sus indemnizaciones, unos 1.000 euros más los gastos en que hubieran incurrido por el perjuicio causado", según explicaron desde el sindicato USCA.

El acuerdo requiere, una vez que los pasajeros reciban tales cantidades, la retirada de la denuncia por parte de todas las acusaciones particulares ya que, en caso contrario, el caso continuaría su curso hasta llevar a juicio a los 133 controladores.

En la causa abierta en Madrid, el juez acordó continuar con la tramitación de las diligencias abiertas contra 133 controladores, por un delito de abandono de funciones públicas en relación con un delito de sedición, incluidos varios miembros de la antigua junta directiva de USCA-- por incitar al colectivo al abandono de sus funciones que en el caos aéreo de 2010.