El Tribunal Supremo ha decidido que es el cliente y no el banco el que debe hacerse cargo del grueso de los gastos e impuestos de constitución de una hipoteca. En concreto, el gabinete técnico del alto tribunal señala que el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados incumbe al prestatario, mientras que el coste de los documentos notariales se repartirá a partes iguales entre prestatario y prestamista.
Las entidades celebran la decisión de los Tribunales, ya que supondrá un ahorro de varios miles de millones de euros. Mirabaud Securities, el bróker de la firma suiza, estimaba un agujero máximo para los bancos domésticos (no incluye Santander y BBVA, como entidades globales) de más de 8.100 millones (3.600 millones ajustando el riesgo), si la justicia hubiese eximido a los clientes del pago del Impuesto Jurídico de Actos Documentados (AJD), el más abultado de los gastos hipotecarios. Esta cifra incluye, además, el cálculo de la devolución total, es decir, AJD y demás gastos de formalización.
De esta cifra, el mayor parte del riesgo lo concentraba CaixaBank, con un impacto potencial máximo en el escenario más adverso de 3.134 millones, y Bankia, de 1.912 millones. Entre ambos, más de 5.000 millones. Les sigue Sabadell, con una exposición máxima de 1.255 millones, Unicaja (779 millones), Bankinter (577 millones) y Liberbank (496 millones).
Sabadell y Bankinter se jugaban 736 y 366 millones, cada uno, en este frente judicial
Mirabaud, sin embargo, hace un ejercicio para estimar un riesgo más realista por estos litigios, en función del tamaño medio de las hipotecas y su distribución geográfica, y considera que el impacto negativo de CaixaBank se situaba en 1.190 millones y el de Bankia, 1.072 millones. Junto a éstos, Sabadell y Bankinter se jugaban 736 y 366 millones, respectivamente, seguidos por Unicaja (191 millones) y Liberbank (73 millones).
El Impuesto Jurídico de Actos Documentados (AJD) era el principal caballo de batalla del litigio, ya que supone una cantidad relevante que varía entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria total -incluye el préstamo, los intereses ordinarios, los intereses de demora y propios gastos-, en función de la Comunidad Autónoma en la que se solicite el préstamo.
Según Mirabaud, el conjunto de gastos hipotecarios para una hipoteca de 100.000 euros oscila entre 2.470 y 3.818 euros de gastos, en función de la región, siendo el impuesto de AJD el que más dispersión presenta: desde 480 euros en Bilbao hasta 1.800 euros en Valencia.
Dado que los gastos asociados al impuesto AJD deberán ser asumidos por los clientes y esta parte representa el grueso del importe reclamado, muchos hipotecados y bufetes de abogados perderán interés en presentar demandas contra los bancos.
Aunque la sentencia del Supremo es una buena noticia para el sector financiero, las entidades no habían otorgado una gran importancia a este frente judicial. De hecho, sólo ING, la filial en España del grupo holandés, había realizado provisiones específicas para cubrir este potencial riesgo que ahora podrá liberar.
Riesgo de litigiosidad al alza
Aun así, los expertos ven el riesgo de litigiosidad al alza. "Hasta ahora hemos visto que la banca ha destinado más de 3.000m millones por compensación de preferentes e instrumentos híbridos, 1.800 millones por la salida a bolsa de Bankia, 4.20o millones por las clausulas suelo, hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios", explican los expertos de Mirabaud.
"Las reclamaciones planteadas y ganadas por miles de demandantes han llevado a las entidades españolas a provisionar ingentes cantidades para cubrir dichos riesgos los últimos años. Aunque no creemos que el riesgo de litigios sea un elemento que lleve a las entidades españolas a entrar en pérdidas durante los próximos años, sí se trata de un elemento más que viene a mermar la ya de por si presionada rentabilidad", añaden.
Y subrayan: "Los clientes han tomado conciencia que pueden ganar al sistema bancario en los tribunales. Y se trata de un nuevo filón para los despachos de abogados especializados en litigios bancarios que además cobran según el éxito de la demanda. Creemos, tal y como afirman instituciones como S&P, que el número de litigios de los bancos en España seguirá aumentando y por tanto las partidas de provisiones relacionadas con litigios podrían tender a incrementarse".
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