Endesa e Iberdrola pierden 400 millones en cuatro años por el cierre de Garoña

La batalla por la central nuclear de Garoña le está saliendo cara a Endesa y a Iberdrola, las dueñas a partes iguales de la planta burgalesa a través de la sociedad Nuclenor. La factura puede acabar siendo mucho mayor si el Gobierno cumple su amenaza de cargar a las compañías enteramente el coste del desmantelamiento de las nucleares (de ésta y del resto cuando cierren), pero de momento Garoña le ha supuesto ya unas pérdidas a Endesa e Iberdrola de 400 millones de euros en los últimos cuatro años.

En los últimos años, Endesa e Iberdrola han ido incluyendo en sus cuentas provisiones a partes iguales por importes millonarios para seguir cubriendo los costes de su filial Nuclenor. Las cuentas de ambas eléctricas correspondientes a 2017 incluyen sendos impactos negativos de 48 millones de euros para cubrir los costes de los trabajos de predesmantelamiento previstos.

En conjunto, a ambas eléctricas la particular situación de impasse de Garoña hasta agosto y su posterior cierre definitiva, les supusó el año pasado un golpe de 96 millones de euros. Un importe que previsiblemente se corresponderán con unos números rojos de igual cuantía por parte de Nuclenor al cierre del ejercicio.

Este agujero de 96 millones se suma a las pérdidas de 76 millones que las dueñas de Garoña registraron en 2016 (38 millones cada una), a las de 116 millones de 2015 y a los números rojos de 112,8 millones de euros de 2014. En total, 400 millones de euros en los últimos cuatro años.

Curiosamente, en 2013, el primer ejercicio en que Garoña no tuvo ninguna actividad, Nuclenor registró un beneficio de 22 millones de euros. Un resultado positivo consecuencia de la reversión de provisiones realizadas en años anteriores por la empresa.

La larga agonía de Garoña

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva. Ahora está por ver quién acaba encargándose de su desmantelamiento y si el Gobierno traslada a Endesa e Iberdrola todo el coste de los trabajos.

¿Quién paga su desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de las plantas, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Endesa dice que ha puesto 2.400 millones al fondo de Enresa y que le tendrán que devolver el 24% si asume el coste

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros. La reforma que propone el ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha desvelado en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de resultados anuales que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas.

Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Bogas ha augurado que, si el Gobierno aplica la reforma prevista y se alarga la vida de las centrales nucleares españolas al menos hasta los 50 años, el desmantelamiento no tendrá impacto en sus cuentas.