El Pacto de Toledo da por hecho que Rajoy frenará la reforma de las pensiones en 2019

La subida de las pensiones del 0,25% para 2018 ha suscitado una revuelta masiva y sin precedentes entre los jubilados en toda España, que la consideran mísera. También en el Congreso de los Diputados, donde PSOE, Podemos o PDeCat han presentado sendas proposiciones de Ley para revalorizar las pensiones públicas otra vez con arreglo al IPC para evitar el empobrecimiento de los mayores.

Sin embargo, todo eso no es más que la punta del icerberg. En enero de 2019 está prevista la entrada en vigor el factor de sostenibilidad, una nueva vuelta de tuerca de la reforma de las pensiones, que rebajará de entrada las nuevas prestaciones que se incorporen al sistema.

Se trata de una segunda fase de la reforma de 2013. La primera introdujo el índice de revalorización de las pensiones, que establece un incremento mínimo y máximo anual --de entre el 0,25% y el IPC más el 0,5 puntos porcentuales--, en función de la situación económica. Este índice es el que viene aplicando una subida de las prestaciones del 0,25% desde hace cinco años y el que los jubilados quieren revertir para volver a referenciar sus pensiones al IPC para no perder poder adquisitivo.

Sin embargo, la reforma reservaba la entrada en vigor de un segundo factor de sostebilidad para el 1 de enero de 2019. Este mecanismo ajusta las pensiones iniciales a la esperanza de vida en ese momento, según estimaciones que se realizarán cada cinco años. Esto quiere decir que, si la esperanza de vida aumenta, las pensiones disminuirán para poder pagarlas durante más tiempo sin romper las costuras de la Seguridad Social.

Expertos estiman que el efecto de este factor de sostebilidad, sumado al índice de revalorización, puede llevar a los pensionistas a perder unos 350 euros mensuales respecto a un escenario sin reforma. Cálculos del BBVA hablan también de una rebaja de la pensión inicial del 0,47% de media ya el primer año. Los sindicatos incluso amplían esta pérdida al 0,7%. Ya no se trata, por tanto, de ganar solo un 0,25% más, sino de perder el doble de ese porcentaje.

Ante la posibilidad de que las protestas crezcan con este nuevo golpe a las pensiones, tanto en el seno del Pacto de Toledo como entre los sindicatos existe el convencimiento de que el Gobierno no se atreverá a dar ese paso. Menos aún con los Presupuestos Generales del Estado en el aire y las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina en las que alrededor nueve millones de pensionistas tienen mucha voz y mucho voto.

El paso clave del PDeCAT

Detrás de las proposiciones de Ley para revalorizar las pensiones con el IPC, también se ha invitado al Gobierno a frenar la segunda fase de la reforma de las pensiones en 2019. El diputado de PDeCAT y portavoz del grupo en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, uno de los expertos en pensiones con más prestigio en el Parlamento registró el pasado 16 de febrero una proposición no de Ley en la que instaba a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad por considerarlo "injusto" en sus actuales términos. Un paso que en el ámbito parlamentario algunos diputados ven clave.

Campuzano argumentaba que el factor de sostenibilidad no tiene en cuenta la realidad de los trabajadores con trayectorias laborales que disminuyen su esperanza de vida respecto al conjunto de personas de su cohorte generacional. En román paladino, no se puede aplicar por igual el factor a un minero que a un trabajador del sector servicios o a un empleado de banca porque su esperanza de vida es distinta.

Además, Campuzano  recuerda que este extremo de la reforma no cuenta con el acuerdo de los sindicatos y, más aún, "no goza en el Congreso de los Diputados de una mayoría que sostenga presupuestos que la amparen". Por todo ello, la proposición no de Ley de PDeCAT insta a alcanzar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo para determinar "un nuevo factor de sostenibilidad".

Más allá de la proposición, el propio Campuzano es de los que piensa que no habrá factor de sostenibilidad en 2019 porque el Gobierno no se lo puede permitir. "En las actuales circunstancias, no lo va a hacer con el Congreso en contra", reflexiona.

PDeCAT cree que el Gobierno no está en situación aplicar el factor de sostenibilidad

Fuentes de Ciudadanos afirman que estarían abiertos a revisar el factor y, aunque defienden que en la actual coyuntura de déficit de la Seguridad Social es necesario para frenar el gasto en pensiones, también recalcan que "el Gobierno tiene que hacer algo" y se muestran convencidas de que "el PP moverá ficha en el Pacto de Toledo". Sin poner el dardo en el factor de sostenibilidad, desde la formación naranja coinciden en que no es sostenible políticamente en estos momentos adentrarse aún más en una reforma que podría suponer a la larga pérdidas de poder adquisitivo superiores al 30%.

Más aún, en el PSOE también se da completamente por hecho que el factor de sostenibilidad no entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Los socialistas y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han presentado sendas proposiciones de Ley exigiendo la revalorización de las pensiones con el IPC y la introducción de garantías de suficiencia de las pensiones en coyunturas de déficit.

Además, la formación morada introdujo en su texto la supresión del factor de sostenibilidad, al considerar que es necesario un rechazo explícito de la cámara baja. Sin embargo, el hecho de que el PSOE no lo hiciera responde, no a que no esté de acuerdo, sino, en parte, una cuestión más práctica, la creencia de que caerá por su propio peso. "El Gobierno no se va a atrever", aseguran desde la bancada socialista.

¿Moverá ficha el Gobierno?

La situación en la que se encuentra el Gobierno es, cuanto menos delicada. Tiene que sacar adelante los Presupuestos de 2018 y para ello no está dudando en rascarse los bolsillos con promesas de equiparación salarial entre Guardia Civil y Policía Nacional y mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios.

La última dádiva ha sido la promesa de una deducción en el IRPF para los jubilados. Sin embargo, las fuentes de la oposición consideran que se trata de una "ocurrencia" que no servirá para calmar las aguas y esperan nuevos anuncios en próximas fechas. El Pacto de Toledo se reúne esta semana y podría ser un buen momento.

Además, un gesto en este sentido podría servir para revitalizar el Pacto, al que se le acusa de inmovilismo. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que convocó las manifestaciones de jubilados del pasado 22 de febrero, asegura que ya no cree en la comisión parlamentaria.

Mientras tanto, en este histórico foro de consenso reina el cruce de acusaciones. Ciudadanos acusa a PP y PSOE de estar polarizados y los socialistas aseguran que no aprobarán ningún acuerdo de mínimos, sino que todo pasa por recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC. Entre los puntos de consenso cabría incluir en unas hipotéticas recomendaciones el trasvase del gasto de las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos, manteniendo su naturaleza jurídica, o cuestiones relacionadas con la transparencia o la lucha contra el fraude.