Las eléctricas inician el proceso para ampliar las nucleares en pleno choque con Nadal por cerrarlas

Las eléctricas, con Iberdrola como voz cantante, amenazan desde hace tiempo con echar el cierre a las centrales nucleares porque, según dicen, han dejado de ser rentables. Y por eso reclaman, a través de la patronal Foro Nuclear, una rebaja de impuestos y una mejora de la retribución a las plantas nucleares para continuar con su producción.

Si no, las compañías se muestran dispuestas a no solicitar la renovación de las licencias de explotación de las centrales según vayan expirando. En caso de que se cumpliese a rajatabla el desafío, España se quedaría sin nucleares en 2024.

El Gobierno, muy al contrario, defiende la ampliación de las nucleares, argumentando que el cierre de las centrales subiría el precio de la electricidad. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, directamente pone en duda que las centrales tengan las pérdidas de las que se quejan las compañías y prepara una batería de reformas legales para poner más difícil a las eléctricas que echen el cierre a las plantas.

En pleno choque, y con las eléctricas elevando el tono de la amenaza de clausura, Iberdrola y Endesa han tenido que iniciar ya el proceso para ampliar la vida de las centrales de Almaraz y Vandellós. Ambas compañías llevan meses enviando la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para pedir la renovación de las licencias de explotación. En el accionariado de ambas centrales participan las dos compañías, pero Almaraz está gestionada por Iberdrola y Vandellós por Endesa.

Reforma legal para dar más tiempo a las eléctricas

Las compañías, en principio, tenían que haber pedido la renovación del permiso el año pasado (en junio Almaraz, en julio Vandellós), pero el Gobierno cedió a las presiones de las eléctricas e introdujo una reforma legal para darles más tiempo, y aplazar hasta 2019 la decisión definitiva sobre la ampliación de la vida de ambas centrales.

Hasta entonces había que pedir la prórroga de la autorización con tres años de antelación a su fecha de expiración, pero ahora las compañías pueden esperar a que esté lista la Planificación Energética futura del Gobierno (lo estará en marzo de 2019) o, si esa planificación tarda más en aprobarse, dispondrán aún de más plazo y podrán hacerlo hasta sólo dos meses antes de que tengan que pasar una revisión periódica de seguridad (ya en 2020).

Sin embargo, las compañías han de realizar todo el proceso de envío de documentación al CSN con la misma antelación que antes para que el supervisor disponga de tiempo suficiente para analizarlo (aunque pueden acabar siendo cientos de horas de trabajo inútiles para los técnicos del organismo si finalmente las eléctricas deciden no pedir formalmente la renovación de su la licencia de los dos reactores de Almaraz y del único de Vandellós).

Las eléctricas han ido enviando en los últimos meses al Ministerio de Energía, para su remisión al CSN, una suerte de índice general y la metodología para realizar la revisión de seguridad y para ampliar la vida de las centrales a largo plazo. Entre otros documentos, las compañías estaban obligadas a remitir un plan integrado de gestión del envejecimiento de las centrales, así como propuestas de nuevas especificaciones técnicas, de gestión de los residuos radioactivos o de estudio del impacto de estudio radiológico en caso de que las plantas funcionen más de 40 años.

Fuentes del sector eléctrico subrayan a El Independiente que el envío de toda esta documentación no compromete a las compañías de cara a pedir la ampliación de la vida de sus nucleares y que no adoptarán una decisión hasta conocer la planificación energética del Gobierno para 2030 y para 2050, y hasta negociar un nuevo marco regulatorio y económico para la producción nuclear.

Las actuales autorizaciones de explotación de Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II expiran en 2020. El resto de centrales inician a partir de entonces una cascada de expiraciones de licencias:  Ascó I, Ascó II y Cofrentes, en 2021; y Trillo, en 2024.

Las trabas de Nadal al cierre

El Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, ha elaborado un decreto para reforzar su poder de veto al cierre de centrales, con el objetivo de mantener abiertas un tiempo las plantas de carbón y, sobre todo, frenar la amenaza lanzada por las eléctricas de echar el cierre. El decreto se ha encontrado con la crítica descarnada de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que directamente lo considera ilegal, y está por ver si el Consejo de Estado -cuyo informe sí es vinculante- da su visto bueno al texto.

A la espera de ver si el decreto logra ver la luz, desde el Ministerio de Energía ya se advirtió que se buscarían otras fórmulas legales de ser necesario para poder manejar de manera ordenada el cierre de plantas eléctricas. Fuentes parlamentarias y fuentes del sector eléctrico entienden que el Gobierno ha encontrado otra vía para intentar dificultar a las compañías el cierre de centrales nucleares.

Esa otra vía es una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de las plantas, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares  (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros. La reforma que propone el ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.