El Gobierno evita el ‘decretazo’ y usará una ley para vetar el cierre de nucleares y carbón

El Gobierno sigue con su plan de reforzar su poder de veto sobre el cierre de centrales eléctricas. Pero ya no lo va a hacer por la vía del decretazo como hasta ahora pretendía, sino que finalmente optará por tratar de sacar adelante una ley con el apoyo de otros grupos parlamentarios (de momento todos han venido diciendo que nones) para reforzar los criterios que le permiten prohibir la clausura de instalaciones.

Así lo ha confirmado hoy el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, en un desayuno informativo, desvelando que el Partido Popular presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para ampliar las razones por las que el Ejecutivo puede vetar el cierre de todo tipo de centrales eléctricas, aunque el principal objetivo es evitar la clausura de las centrales nucleares y de las de carbón como amenazan las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza.

La legislación vigente habilita al Gobierno a vetar la clausura de una instalación si supone un riesgo para la seguridad de suministro eléctrico, pero Nadal intenta desde hace meses ampliar su poder de rechazo si puede implicar una subida de los precios de la electricidad, si afecta a la competencia o si no se ajusta a la planificación energética del Ejecutivo y a la lucha contra el cambio climático.

El ministro reta así a los partidos de la oposición a “decidir si quieren que el cierre de cualquier tipo de central eléctrica (térmica, nuclear, ciclos combinados…) sea una mera decisión empresarial o que esta sea compatible con los objetivos de la política energética que se consensuen”.

Y es que Nadal insiste en que la planificación del peso de cada tipo de energía no puede recaer sólo en manos de las eléctricas, sino que debe estar controlado por el Gobierno y por las Cortes. Además, el ministro ha insistido este lunes en que reforzar el poder de veto del Ejecutivo servirá para frenar la picaresca de algunas compañías de echar el cierre a centrales rentables para conseguir el precio de la electricidad utilizando otras plantas con tecnologías más caras.

El Ministerio de Energía recula en su intento de sacar la nueva norma por decreto después del tremendo rapapolvo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que el pasado enero aprobó un informe en el que consideraba que el decretazo era ilegal, tanto por el procedimiento legislativo elegido (que en la práctica suponía que un decreto se utiliza para modificar la Ley del Sector Eléctrico no respetando la jerarquía legislativa) como porque su contenido no se ajusta a la legislación española ni a la de la Unión Europea.

Que el Gobierno opte ahora por una norma con rango de ley se trata de un cambio total de posición, dado que desde el Ministerio de Energía se venía insistiendo, incluso después del informe de la CNMC, en la cobertura legal que tenía utilizar la vía del decreto y desdeñando la opinión del supervisor sobre la legalidad del texto por no estar entre sus competencias.

En paralelo, el Ministerio de Energía reconoce que el texto de la ley que prepara recogerá las “observaciones más relevantes de la CNMC” sobre el contenido del anterior decreto. En las últimas semanas, el departamento de Álvaro Nadal se venía mostrando dispuesto a introducir mejoras en el decreto para atender algunos consejos de la CNMC.

El Ministerio ya se había reconocido que modificaría el texto para especificar de qué manera valorar la magnitud del impacto en la competencia, los precios o el medio ambiente del cierre de una central y se detallarán los parámetros; simplificaría parcialmente los procesos de subasta para adjudicar una central a un tercero si la eléctrica insistía en cerrar; y se podrían aplicar los criterios no sólo a los cierres, sino también a los ceses temporales (hibernaciones).