Cuando la atención a la dependencia llega tarde: morir en la espera

La vejez acaba matando, como a veces las enfermedades, los accidentes o la mala suerte. Si no lo hacen, a menudo condenan a cientos de miles de personas cada año a vivir acompañados, a necesitar de otros para ese lujo en el que se convierte eso, vivir. Por eso, en el año 2006 se aprobó la conocida como Ley de Dependencia, para tratar de conjurar en la medida de lo posible esas situaciones. Hasta que llegó la crisis y fue el propio Estado el que necesitó muletas e inyecciones.

Entonces, sobre todo desde 2012, ese proyecto llamado sistema de la dependencia quedó tocado, falto de financiación suficiente y, como consecuencia, miles de personas vieron alejarse la posibilidad de recibir ayudas y servicios. Se quedaron atrapadas en procedimientos administrativos hasta el punto de que en los últimos cinco años unos 150.000 dependientes reconocidos han fallecido en la sala de espera de esa promesa. A estas personas cabría añadir otras 100.000 cuyo expediente de tramitación, tras dilatarse en el tiempo, ni siquiera acabó por tener un reconocimiento.

Estas cifras se desprenden de un análisis realizado en octubre de 2017 por mandato de la Conferencia de Presidentes autonómicos de febrero de ese mismo año, en el que se recogen otras cifras alarmantes. A partir de estas referencias, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que hasta 310.000 personas dependientes se encuentran actualmente en lista de espera para recibir una ayuda o un servicio y, de estos, un 35% son dependientes de grado III o II, lo que quiere decir que tienen necesidades de apoyo extenso y a menudo continuado.

Además, de los 1.213.873 dependientes reconocidos, el 70% tiene más de 65 años  -los mayores de 80 años superan el 50%-, lo que hace pensar que el problema de la dependencia cabalgará en paralelo al de las pensiones durante las próximas décadas por el progresivo envejecimiento de la población. Con estas cifras, la asociación insiste en que cada día que pasa se produce la baja por fallecimiento de 90 personas.

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Las plataformas de afectados o los propios gestores de los servicios sociales se agarran a estos datos oficiales para pedir mayor presupuesto para la dependencia ahora que la recuperación económica es un hecho incuestionable y que el Gobierno está abriendo la mano, por ejemplo, con los funcionarios.

Relato de un proyecto social fallido

La situación actual es el resultado de un proyecto social fallido por culpa de la crisis. Todo parte del año 2005, cuando se introdujo una primera dotación de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para personas en situación de dependencia. Al año siguiente se duplicó esta partida y se orientó a preparar el terreno de la futura Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia.

La desde entonces conocida como Ley de Dependencia llegó en diciembre de 2006, con la intención de garantizar los recursos del sistema por la vía de los Presupuestos y empezar a construir una estructura de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas (que ostentan las competencias en la materia), a completar con el copago a cargo de los propios dependientes.

De acuerdo con la norma, al Estado le corresponde cubrir el gasto asociado a un nivel mínimo de protección garantizado, según el grado de dependencia. El resto corre a cargo de las comunidades autónomas. En su caso, le corresponde cubrir al menos una parte igual a la del Estado. Eso del lado de las ayudas públicas, porque en lo que toca al ámbito privado, la parte correspondiente al copago estaba llamada a ser una aportación muy pequeña.

Con datos de la memoria económica de la Ley, el cálculo inicial apuntaba a que el coste nuevo estimado para el Estado y la comunidades pasaría de los 800 millones en 2007 a los 4.425 en 2015, con una proyección de personas dependientes desde las 1.125.190 en 2005 a las 1.373.248 en 2015.

Tras unos inicios confusos, el sistema de dependencia se expandió entre 2009 y 2011, momento en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo modificaciones técnicas en la Ley que, en la práctica, se tradujeron en un freno en el número de personas atendidas, que se redujeron en más de la mitad. Y es que el sistema, al final de 2011, acumulaba ya cifras de vértigo: más de un millón de personas tenía derecho reconocido a recibir atención, sin embargo 738.000 recibían algún tipo de prestación o servicio.

Desde entonces, fundamentalmente desde el año 2012, el esfuerzo relativo del Estado ha empezado a retroceder y el peso del sistema de dependencia ha recaído sobre todo en las comunidades autónomas y en el copago, que representa ya más del 20% del total. No obstante, hay que recordar que en el momento más crítico de la crisis, cuando España estuvo al borde del rescate total, las comunidades autónomas tenían cerrados los mercados financieros y fue el Estado el que llevó a cabo un rescate interno en forma de sistema de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De este modo, aunque de forma indirecta, el esfuerzo atribuido a las CCAA para financiar la dependencia se explica por el empuje del Estado.

Otro problema es, en todo caso, que una cuarta parte del presupuesto local para dependencia depende de la comunidades autónomas porque el marco normativa no les reconoce competencias, según denuncian los directores y asesores de los servicios sociales.

Menos financiación para mínimos garantizados

La reducción de las aportaciones del Estado a la financiación de la dependencia ha tenido dos hitos fundamentales desde 2012. En primer lugar, el Gobierno suspendió en 2012 lo que se conoce como nivel acordado de prestaciones -pagos del Estado a las CCAA que se pactaban cada año-, que ha supuesto una merma de las transferencias del Estado de unos 285 millones de euros al año.

Además, en otro de los decretos de recortes se redujeron las cuantías máximas aplicables a las prestaciones y en concepto de nivel mínimo en un 15%. Todo ello, junto a la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, llevó a un recorte de los recursos del Estado de 1.473 millones entre 2012 y 2014, según el Programa de Estabilidad 2015-2018. Ampliando la medición a toda la primera legislatura de Mariano Rajoy, los directores y gestores de los servicios sociales aseguran que los recortes alcanzan ya los 4.000 millones de euros.

Y en esta situación se llega al año 2017 en el que Ciudadanos lograr incluir vía enmienda en los Presupuestos para ese año una dotación adicional de 100 millones de euros para Dependencia.
Sin embargo, la asociación sostiene que el presupuesto inicial de transferencias del Estado a las comunidades autónomas para cubrir los mínimos garantizados no se agotó en 2017 y se dejaron de ejecutar más de 40 millones de euros.

El Gobierno lo niega y asegura además que su aportación al sistema sigue superando el 50% del total si se tienen en cuenta aportaciones que trascurren a través del sistema de financiación autonómica. Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este periódico no han dado respuesta alguna sobre las cuestiones planteadas.

Sin embargo, la organización vuelve a las cifras y asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados solo en el año 2016 ascendió a 7.116,1 millones de euros, de los que las administraciones aportaron 5.670,8 millones de euros, el 80%. De este porcentaje, un 17% correspondería al Estado y el 83% a las comunidades autónomas.

El espejismo estadístico de 2016

Con todo, los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) muestran que se ha producido cierta recuperación de la cobertura de la dependencia a partir de 2015, sobre todo en la incorporación en julio de ese año de los dependientes moderados. Este tipo de dependientes entró en el sistema con dos años de retraso, pero incorporó alrededor de unas 300.000 personas que pueden manejarse en el día a día, pero que necesitan ayuda, como es el caso de personas con déficit intelectuales o mayores con movilidad reducida.

Sin embargo, esta recuperación no está permitiendo al mismo tiempo reducir la lista de espera. De hecho, si no entrasen nuevos solicitantes, con el ritmo actual de incorporaciones, se tardarían más de cuatro años en reducir a cero dichas listas.

Hechas estas consideraciones, la asociación de directores y gestores de servicios sociales estima que el coste total que sería necesario para reducir las listas de espera sería de 9.500 millones de euros. Con el actual reparto de cargas, 6.000 millones de euros corresponderían a las comunidades autónomas, 1.500 millones al Estado y otros 2.000 millones a los usuarios.

Otros recortes a la sombra

Con todo, la Asociación habla de muchos otros "avatares" sufridos por el sistema de dependencia en los últimos 10 años. Por ejemplo, el ajuste de los baremos para reconocer a los dependientes y sus grados. Su presidente, José Manuel Ramírez, asegura que se han endurecido desde 2012 las condiciones para acceder a las prestaciones y que, por ello, no solo algunos dependientes de un grado que han empeorado en su situación no han podido acceder al nivel siguiente de protección sino que, incluso, en muchos casos han descendido y han visto reducidas las ayudas que reciben.

A futuro, dada la evolución hasta hoy y siguiendo una secuencia lógica, una vez implantada la Ley, con todos los grados a pleno funcionamiento, se estima que el coste total estimado del sistema para el año 2018 sería de 9.309 millones de euros, para el año 2019 sería de 10.192 millones de euros y para el 2020 de 11.339 millones de euros. ¿También habrá margen de mejora para los dependientes en los Presupuestos?