La buena noticia es que los españoles viviremos más. La mala, que de mayores viviremos cada vez peor. Detrás de la primera premisa está la caída de la tasa de mortalidad, ligada a los avances sociales y sanitarios. Detrás de la segunda emerge la crisis del sistema de pensiones, incapaz de afrontar un futuro con más jubilados y menos (y peores) cotizantes.
Occidente está condenado, por suerte, a llenarse de viejos. Y España más aún. Desde 1960, la esperanza de vida está aumentando un promedio de casi dos años por década. Al arrancar este siglo, los mayores de 60 años representaban el 10% de la población mundial; y en nuestro país, el 22%. En 2050, el 21% del total de habitantes habrá cruzado esa edad; ese porcentaje será mucho más elevado en España (33,6%).
Nuestro país envejece más rápido que Europa. Según el último Informe sobre la Salud de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Occidente), la esperanza de vida al nacer de un español alcanzaba los 83 años, casi tres por encima de la media europea. Esa tendencia positiva tendrá unas consecuencias. De entrada, crecerá con fuerza la tasa de dependencia, que mide el número de personas menores de 16 años y mayores de 64 respecto a la población en edad de trabajar.
"El envejecimiento de la población se acelerará a un ritmo muy rápido en España, que tendrá la segunda tasa más alta de dependencia de la vejez en la OCDE en 2050, después de Japón", explica Manuel Álvarez, secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen). Según las estimaciones de la Comisión Europea, esa tasa alcanzará el 66% a mediados de siglo, prácticamente el doble del nivel actual.
¿Sabes cuánto tendrás de pensión cuando te jubiles?:
Financiar las pensiones de una España cada vez más vieja requerirá muchos más fondos. El problema es que el sistema actual, de carácter contributivo, es incapaz de generarlos. Esa realidad lleva a una conclusión negativa: sin una nueva reforma, los españoles están condenados a cobrar una pensión estatal cada vez más baja.
La crisis del sistema se llevará por delante la envidiable posición que tiene España en el ránking que mide la cuantía de las prestaciones por jubilación. Según el informe Pensions at Glance, elaborado por la OCDE con datos de 2015, los españoles se jubilan con el 82% del último salario. La cifra desciende al 73% en el caso de Portugal y es muy inferior en casos como el de Francia (55%) o Alemania (37%).
En los próximos años, la brecha a favor de España se irá reduciendo considerablemente. Ya lo está haciendo, de hecho, por la aplicación de la reforma de 2013. El primer efecto ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, que ha actuado como espoleta de las movilizaciones. Al intentar avanzar en la solución de un problema (la situación insostenible del sistema), el Gobierno ha provocado otro (empobrecer a los pensionistas actuales). Lo peor es que habrá una nueva vuelta de tuerca: el año que viene entrará en vigor el denominado factor de sostenibilidad, que implica una reducción progresiva de la prestación conforme aumenta la esperanza de vida.
Tanto el Gobierno como todos los partidos políticos presentes en el Pacto de Toledo son plenamente conscientes de la tormenta. Por eso han tomado medidas, que van desde la reforma en profundidad aprobada hace cinco años, a los dos préstamos solicitados para taponar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que lleva siete años seguidos presentando déficit. Los fondos de esa hucha, alimentada con las cotizaciones, han caído en picado hasta los 8.000 millones actuales. Y estaría en números rojos de no ser por los 15.000 millones que el Estado ha inyectado pidiendo créditos.
Las dos armas son insuficientes. La hucha requerirá más préstamos si no mejora la cuantía de las cotizaciones (ligadas a la calidad del empleo). Y la última reforma seguirá contrayendo las prestaciones año a año. ¿Qué más se puede hacer? Según buena parte de los expertos, actuar decididamente en alguno de los tres pilares que sostienen cualquier esquema de pensiones.
El primero es el sistema público, alimentado con las contribuciones de empresas y trabajadores. El segundo lo componen los planes privados con los que muchos empresarios completan la nómina de sus empleados. Y el tercero alberga los planes individuales contratados directamente por los ciudadanos.
A estos pilares tradicionales podría añadirse un cuarto, que irá ganando peso en el futuro y que recoge nuevas formas de ahorro como las hipotecas inversas. "La inversión de muchos españoles ha ido a parar, sobre todo, a la vivienda. Es ahora de empezar a licuar ese ladrillo y convertirlo en renta para completar la pensión", señala Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios de España.
Los distintos sistemas de pensiones varían en función de la importancia que cada Estado otorgue a cada uno de los pilares. El español siempre ha estado volcado en el primero. Pero otros países apuestan por fórmulas distintas, que combinan una protección pública básica con el fomento en mayor o menor medida del ahorro privado. Por ejemplo, el de Suecia es eminentemente público y el de Holanda prácticamente privado. En medio estaría Alemania, con una fórmula más mixta.
¿Cuál es la combinación más adecuada? La elección debería depender de factores objetivos -como el mercado laboral o la demografía de cada país- y no del ideario de sus gobernantes. Por eso el futuro de las pensiones ha de afrontarse sin corsés ideológicos, poniendo sobre la mesa lo bueno y lo malo de cada pilar, anteponiendo la seguridad del sistema a las tentaciones partidistas. Los políticos, si son responsables, deben promover un pacto duradero que nazca tras un debate serio, que esté en las antípodas del último rifirrafe protagonizado por los partidos en el Congreso.
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