Hacienda ha puesto la lupa en el negocio detrás del boom de la economía colaborativa como parte de su lucha contra el fraude fiscal. El Gobierno aprobó el pasado diciembre una norma que obliga los intermediarios de alquiler turístico (especialmente plataformas online como Airbnb, HomeAway, Niumba o Wimdu) a facilitar de manera periódica información fiscal sobre sus usuarios y sobre los viajeros.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) considera que algunos de los datos exigidos son “desproporcionados o innecesarios” y quiere que el Gobierno elimine o modifique esta obligación de información que entrará en vigor este verano y que se traducirá en una primera entrega de información fiscal por parte de las plataformas el próximo 31 de octubre.
La CNMC ha remitido ya al Consejo de Ministros un requerimiento previo contra varias las disposiciones del nuevo reglamento. Se trata de un paso previo que, en caso de que el Gobierno no atienda y no aplique cambios en la norma, se traducirá en la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto.
La CNMC considera que el decreto no delimita con claridad quienes serán los sujetos obligados a proporcionar la información. “Si se incluye entre los obligados a entidades que no intervienen en todas las fases de la transacción, se podría imponer a estas entidades una carga sustantiva, que puede tener un efecto restrictivo de la competencia”, apunta el supervisor, en referencia por ejemplo a las plataformas que funcionan sólo como tablones de anuncios y en cuyos sistemas no se realiza la transacción.
En paralelo, el supervisor subraya que las obligaciones de información incluyen algunos aspectos que pueden ser “innecesarios o desproporcionados” para el fin perseguido de luchar contra el fraude fiscal. En este sentido, la CNMC considera de “dudosa relevancia tributaria” la identidad del titular de la vivienda cuando no coincide con la persona que tiene el derecho de cesión de la misma, la obligación de información sobre los viajeros que se alojan, el número de días de uso de la vivienda, así como los deberes de conservación de documentación.
La nueva normativa establece que las plataformas de pisos turísticas deben facilitar cada trimestre a la Agencia Tributaria datos sobre la identificación del titular de la vivienda, la identificación del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la identificación de las personas o entidades que se alojan. De igual forma, tendrán que incluir la identificación del inmueble, la referencia catastral y el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. También debe figurar el importe percibido y y el número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de la vivienda.
Tras el anuncio de la CNMC de que ha activado el proceso legal para frenar la nueva normativo Airbnb ha emitido un comunicado en que subraya que las obligaciones exigidas por Hacienda son de imposible cumplimiento. “Airbnb quiere ser un buen socio en cuestiones de impuestos y quiere trabajar con el Gobierno en soluciones de sentido común que faciliten que los anfitriones paguen su parte justa de impuestos. Las normas actuales suponen un paso atrás para ese objetivo y estamos de acuerdo con la CNMC en que las obligaciones son impracticables”, ha apuntado la plataforma, que insta al Gobierno a colaborar en “una vía mejor”.
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