Las personas dependientes pagan por sus cuidados más de lo que aporta el Estado

Un 20% del coste de los servicios de atención y cuidado a las personas con algún grado de dependencia sale de sus propios bolsillos, mientras que el Estado solo aporta el 16%. La situación no es nueva, arranca en 2013, pero se ha agudizado en 2017, según denuncia la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Públicos en la XVIII edición del Observatorio de la Dependencia, un documento semestral que ofrece una visión pormenorizada del sistema de dependencia.

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, se estableció un reparto de cargas por el que el Estado y las comunidad autónomas debían hacerse cargo a partes iguales del coste de la dependencia asumido por las Administraciones. Otra parte correspondería a las partidas que ya venían aportando los gobiernos autonómicos a través de los servicios sociales y una parte marginal se financiaría mediante el copago. Se trata de una proporción que, sin embargo, la Ley no entró a cuantificar.

En el año 2009, la parte que financiaban las CCAA sobre el total del sistema de dependencia era del 46,2%, mientras que el Estado se encargaba del 39,2% y el usuario el 14,7%. Sin embargo, la situación se dio la vuelta en 2012, cuando el Gobierno aprobó los decretos de recortes y, por ejemplo, suprimió las dotaciones del Imserso para asistencia telemática, suspendió lo que se conoce como nivel acordado de prestaciones -pagos del Estado a las CCAA que se pactaban cada año-, y redujo las cuantías máximas aplicables a las prestaciones y en concepto de nivel mínimo garantizado en un 13%.

Todo ello, junto a la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, llevó a un recorte de los recursos del Estado de 1.473 millones entre 2012 y 2014, según el Programa de Estabilidad 2015-2018. Ampliando la medición a toda la primera legislatura de Mariano Rajoy, los directores y gestores de los servicios sociales aseguran que los recortes superan ya los 4.000 millones de euros.

[infogram id="9b70d0a8-4e23-48f6-b083-0a09f1daad50" prefix="A99" format="interactive" title="Distribución del gasto en dependencia"]

Como consecuencia de ello, la aportación del Estado quedó reducida al 18,9% en 2013, el desembolso por parte de las comunidades autónomas alcanzó el 62% y la parte financiada con copago escaló al 19,1%. Es decir, que los usuarios empezaron a financiar de su bolsillo una porción de la tarta superior a la que costeaba el Estado.

Esta diferencia no ha dejado de crecer  y en 2017 la brecha ha alcanzado su mayor amplitud. A día de hoy, las personas en situación de dependencia pagan el 20,5% de los gastos (un total de 1.556 millones de euros), mientras que el Estado solo se responsabiliza del 16%. Tras este desfase está un ahorro para el Estado de 1.173 millones de euros en la partida de ayudas directas a los usuarios desde 2012.

Hasta ahora, el Gobierno lo niega y asegura además que su aportación al sistema sigue superando el 50% del total si se tienen en cuenta aportaciones que trascurren a través del sistema de financiación autonómica.

La dimensión creciente del copago en el sistema de dependencia y sus repercusiones ya se trataron en la Comisión para el análisis de la situación del sistema de dependencia que se puso en marcha tras la Conferencia de Presidentes de febrero de 2017. Los expertos llamaban advertían de que actualmente hay tantos modelos de copago como comunidades autónomas, lo que introduce distorsiones, y añadían que, en términos generales, el copago afecta más a las rentas bajas que a las altas.

Por ello, la Asociación reconoce que el cálculo del copago puede tener cierta fiabilidad en el cómputo estatal, pero es muy difícil afinar cuando se desciende a los ámbitos autonómicos.

Por otro lado, existe un primer copago entendido como un descuento en la prestación en función de la renta y el patrimonio. Pero además, existe un segundo (calificado de “repago” por la Asociación), que es la diferencia que se paga entre la prestación y el importe del resto del servicio facturado.

Efecto perverso

Además, la Comisión llamó la atención sobre un efecto perverso: son los dependientes con rentas medias y bajas los que están aportando mayor proporción de dinero a la cofinanciación de los servicios que requieren, excepto en los tramos de renta inferiores, que se encuentran exentos de copago.

Con la actual regulación, estos pagos compartidos entre la administración y los usuarios se determinan a partir de la capacidad económica de estos últimos. Así, este efecto negativo sobre las rentas más bajas se amplifica en aquellos territorios en los que esta capacidad se calcula incluyendo el patrimonio de la persona, llegándose, en los tramos de rentas más bajas a calcular cuotas de copago que superan los ingresos líquidos de la persona, por lo que difícilmente pueden llegar a hacerse efectivos.