El Gobierno, forzado a ampliar el plazo del nuevo bono social de la luz: sólo lo habían pedido 350.000 personas

El Gobierno toma medidas de urgencia para salvar el nuevo bono social de la luz, la política pública con la que se trata de paliar los efectos de la pobreza energética. El programa contempla descuentos que van desde el 25% hasta el 100% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.

Pero muchos de los beneficiarios del actual bono social y potenciales beneficiarios del nuevo no lo habían solicitado cuando apenas quedaban dos semanas para que expirara el plazo para hacerlo. Así que el Ministerio de Energía se ha visto obligado a ampliar el plazo para solicitar la renovación del bono social durante seis meses. El plazo actual expiraba el próximo 10 de abril.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) desveló la pasada semana que se estaba planteando reclamar una ampliación del plazo, dado que de entre los actuales beneficiarios del bono social (un total de 2,35 millones de clientes) sólo habían solicitado su renovación apenas 350.000, según los datos de las propias compañías eléctricas. Aunque buena parte de los actuales inscritos en el bono ya no tienen derecho a él con las nuevas condiciones.

El Ministerio de Energía está tramitando una orden ministerial para clarificar algunos aspectos  de los formularios para solicitar el bono social, tras el aluvión de dudas planteadas por usuarios y por las propias comercializadoras eléctricas. Los clientes que cumplan los criterios de renta exigidos para recibir los descuentos lo pueden solicitar en cualquier momento, lo que se amplía es el plazo para renovar el bono por parte de los actuales beneficiarios.

El Ministerio comandado por Álvaro Nadal ha confirmado que los consumidores que actualmente están acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando de él hasta octubre (actualmente es un descuento del 25% del precio final y de él hoy se benefician algunos clientes con criterios que nada tienen que ver con su nivel de renta).

El Gobierno sacó adelante el pasado octubre, tras un largo proceso de estudio y negociación política, el nuevo bono social de la luz. Lo hizo casi un año después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del programa y con el objetivo compartido de Ejecutivo y oposición de hacerlo más efectivo ligando su recepción al nivel de renta de los beneficiarios (hasta ahora formalmente no figuraba entre los requisitos para acceder a él).

En función de la renta

El nuevo bono social contempla descuentos del  25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad.El nuevo modelo contempla descuentos del 25% del importe de la factura para los consumidores que se consideren “vulnerables”, aquellos con una renta anual familiar inferior a determinados umbrales de riqueza en función del número de integrantes del hogar.

El Gobierno amplió el descuento hasta el 40% del recibo para los consumidores reconocidos como “vulnerables severos”, que son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

Las eléctricas harán una aportación adicional para asumir el 50% del recibo de los consumidores que, además que cumplir con los criterios de renta de los vulnerables severos, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local. En estos casos, los hogares verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los servicios sociales.

Para los consumidores vulnerables se amplía de dos a cuatro meses el plazo que deben respetar las compañías eléctricas para cortar el suministro eléctrico una vez detectado un impago. En los casos de mayor riesgo de exclusión social (el de los hogares atendidos por los servicios sociales), las eléctricas deberán asumir la mitad del importe de la factura y los servicios sociales la otra mitad.

Lo pagan las eléctricas

A pesar de los dos revolcones en el Tribunal Supremo, el Gobierno volvió a cargar a las empresas comercializadoras (o a sus matrices, en el caso de grupos empresariales) la financiación del programa del bono social, en función de su cuota de clientes.

El Ministerio de Energía amplió otra vez el número de comercializadoras obligadas a financiar el bono social. Antes eran alrededor de una veintena, aho lo son todas, hasta un total de unas 200 compañías. El Gobierno cree que de esta manera sortea los problemas legales que han llevado al Supremo a tumbar por dos veces las fórmulas anteriores por discriminatorias y a obligar a indemnizar a las compañías eléctricas por el dinero aportado. Las eléctricas, en cambio, han vuelto a recurrir a la justicia para tumbar el nuevo sistema de financiación del bono.