El Gobierno aprobó el pasado diciembre una nueva norma que obliga a los intermediarios de alquiler turístico (especialmente a las plataformas online como Airbnb, HomeAway, Niumba o Wimdu) a facilitar de manera periódica información fiscal sobre sus usuarios y sobre los viajeros que se alojan en las viviendas. La norma entra en vigor en julio, y la primera tanta de información tendría que recibirla en octubre.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha anunciado esta semana el envío de un requerimiento al Consejo de Ministros para que modifique o elimine esta obligación de información porque algunos de los datos requeridos son “innecesarios o desproporcionados”. Se trata del primer paso antes de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Ejecutivo.
La patronal de los hoteleros carga ahora contra la CNMC y considera que la solicitud de información fiscal por Hacienda a Airbnb y sus rivales es una “medida absolutamente necesaria para disminuir el escandaloso aumento de la economía sumergida” en el negocio del alquiler turístico. De hecho, los hoteleros subrayan que el pasado año el 26% del total de viajeros en España se alojaron en pisos turísticos “sin que la recaudación obtenida refleje el volumen real de actividad”.
“La oferta turística reglada no puede admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes”, sostiene la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). “Los que cumplen la legislación turística y han llevado a nuestro país a ser el líder mundial de competitividad se ven obligados a hacer frente a una carga fiscal superior a la de muchos países competidores, y además observan el trato favorable y discriminatorio a las viviendas privadas de uso turístico”.
Los hoteleros van más allá y reclaman al Gobierno una nueva legislación que equipare las exigencias de información fiscal de las plataformas como Airbnb con el resto de empresas. La Cehat pone como ejemplo a seguir las legislaciones italiana o francesa, que “obligan a las plataformas a recaudar e ingresar los impuestos”, que se trata de la manera “más apropiada para nivelar las reglas de juego”.
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