Santander, Caixa y Bankia preparan juntos la batalla legal para volver a cobrar por Castor

Se avecina una “enorme litigiosidad”. Lo auguró hace unas semanas en el Congreso de los Diputados el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en referencia a los posibles recursos en los tribunales por la anulación de los pagos de la indemnización de 1.350 millones por el fiasco del almacén submarino de gas Castor, frente a la costa de Castellón.

Y así va a ser. Los servicios jurídicos tres grandes bancos que asumieron los derechos de cobro de la millonaria indemnización –Santander, Caixabank y Bankia- trabajan de manera coordinada para lanzarse a la batalla legal para volver a cobrar por el fracasado almacén, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de la estrategia compartida por las tres entidades.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el trámite legal utilizado para pagar una indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria de Castor (la sociedad Escal, controlada por ACS), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) suspendió los pagos a Santander, Caixabank y Bankia de los derechos de cobro (unos 6,7 millones de euros al mes) por la deuda generada por esa compensación y que se carga en los recibos de gas que pagan los clientes. Además, la CNMC estudia si solicitar a los tres bancos que devuelvan las cantidades ya percibidas desde enero de 2016.

Nadal se lava las manos

Santander es el que más deuda asumió en la operación, con 700 millones; Caixabank adquirió derechos de cobro por 473 millones, y Bankia por otros 200 millones de euros. Los tres bancos buscan de manera coordinada la estrategia jurídica para volver a cobrar.

El Tribunal Constitucional ha anulado el armazón financiero diseñado por el Gobierno para tapar el agujero que dejaba Castor por utilizar un decretazo para hacerlo, en lugar de una norma con rango de ley, dado que según el Alto Tribunal no existía una urgencia que justificara un decreto. Y los bancos entienden que no pueden ser los paganos de un error de tramitación por parte del Ministerio.

El Ministerio de Energía no parece dispuesto a asumir el coste de adoptar una medida impopular como elaborar una nueva norma legal para resolver el entuerto y que los bancos recuperaran los cobros, y prefiere encomendarse a que el conflicto se resuelva en los tribunales.

De mano en mano

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. La deuda primero se transmitió a Enagás, y la compañía la titulizó y la traspasó  a Santander, Caixabank y Bankia, que hasta ahora recibían los pagos a través de las liquidaciones de la CNMC.

A la espera de que arranque la batalla legal para retomar los pagos del Castor, otro frente se ha activado en los tribunales ligado al fiasco del almacén. Varias asociaciones civiles presentaron una demanda por fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación del proyecto y por la reversión de la concesión posterior. La demanda va dirigida, entre otros, contra los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal, Recaredo del Potro.