Durante meses el éxito se daba por hecho. Todo parecía más que encarrilado. En los despachos del Ministerio de Fomento se daba por descontado que Aena haría valer su condición de máxima favorita en la carrera por asumir el control del aeropuerto de La Habana, el primero cuya gestión el Gobierno cubano pretendía ceder a una empresa extranjera.
Pero en diplomacia, sobre todo en su vertiente estrictamente económica, siempre existe el riesgo de que otro esté más rápido. Y la cosa acabó torciéndose.
Era 2016 y la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, regresó de un viaje oficial a Cuba con un acuerdo de colaboración bajo el brazo. Era una suerte de compromiso tácito de las autoridades de la isla de que Aena sería un actor básico en el plan del régimen de licitar la gestión de sus seis aeropuertos internacionales, para traspasarla a grupos más experimentados que la estatal Corporación de la Aviación Cubana. Pintaba bien.
El Gobierno cubano prepara los concursos para ceder la gestión de cinco grandes aeropuertos. Aena ya toma posiciones
Esa visita oficial de Pastor y otros ministros españoles se produjo en mayo. Sólo tres meses después, en agosto, el Gobierno comandado por Raúl Castro apagó de un plumazo el trifunfalismo español y adjudicó los trabajos de ampliación y la gestión del Aeropuerto de La Habana-José Martí al consorcio integrado por las compañías francesas Aéroports de Paris y Bouygues.
La diplomacia francesa se movió rápidamente en las semanas previas a la decisión definitiva sobre la concesión. Mientras, en España había reinado durante meses la parálisis política tras las elecciones del 20-D (que acabaron reeditándose seis meses después, el 26-J) y el Gobierno en interinidad había frenado la aprobación del plan de expansión internacional de Aena, que tenía en Cuba una de sus paradas fundamentales. Así que la compañía se quedó sin una de las joyas con las que pretendía apuntalar su crecimiento exterior.
Legaz en La Habana
Los planes del régimen castrista, en plena apertura económica, pasan ahora por licitar la gestión de los demás grandes aeropuertos de la isla. El Gobierno cubano quiere compartir la gestión de los aeropuertos internacionales de Varadero, Santiago, Cayo Coco, Santa Clara y Holguín (aunque no se descarta sumar alguno de los aeropuertos destinados sólo a conexiones nacionales), y en esta nueva tarea España ya está tomando posiciones para no volver a llevarse un chasco.
El Gobierno cubano ha confirmado que su intención es continuar con el proceso iniciado con el aeropuerto de La Habana y ampliarlo al resto de grandes aeródromos nacionales. La propiedad de las instalaciones seguiría siendo estatal, pero se cedería su explotación. Y aunque las autoridades cubanas no han emprendido el proceso formalmente y no existen plazos oficiales para hacerlo, Aena ha retomado los contactos al más alto nivel para prepararse para cuando se retome el proyecto. “Con Cuba nunca se sabe, pero puede ser este mismo año”, apunta una fuente del sector.
El pasado febrero, apenas cuatro meses después de su nombramiento, el nuevo presidente de Aena, Jaime García-Legaz, ya realizó un viaje a Cuba para sondear las oportunidades de negocio y conocer de primera mano los planes de las autoridades de la isla. García-Legaz puede hacer valer en esta tarea la muy buena relación que, según apuntan varias fuentes políticas, mantiene con algunos ministros del Gobierno cubano, cosechada durante el tiempo en que fue secretario de Estado de Comercio y también como presidente del Icex.
El plan de La Habana para sus aeropuertos pasa por emular la fórmula que lleva empleando durante décadas en el sector turístico, cediendo la explotación de los hoteles a cadenas extranjeras y manteniendo la propiedad (o una copropiedad mayoritaria) en manos de empresas públicas cubanas. Los grupos hoteleros españoles son, con mucho, los de mayor presencia en la isla. Meliá, Iberostar, Barceló… son auténticos gigantes que operan decenas de establecimientos en el país.
La paradoja cubana
Aena ya es el mayor grupo mundial aeroportuario, gestionando instalaciones que el año pasado alcanzaron los 265 millones de pasajeros. Además de la red de 46 aeropuertos en España, la filial Aena Internacional participa en otros 16 aeropuertos más en México, Reino Unido, Colombia y Jamaica. Y ahora quiere sumar Cuba (también Japón y Estados Unidos) a esa lista de países en que está presente. García-Legaz ha convertido la internacionalización del grupo en uno de sus grandes objetivos, pero por el tiempo que resta para el fin de la legislatura, puede que tenga que conformarse con apenas asentar los cimientos de cara al futuro.
El presidente de Aena quiere hacer valer la buena relación con ministros cubanos cosechada como secretario de Estado y presidente del Icex
La anterior dirección de Aena, comandada hasta el pasado octubre por José Manuel Vargas, no dejó de quejarse de los problemas que generaba al grupo la mayoría accionarial que mantiene el Estado español (51%). Su titularidad pública le resta agilidad (todas las grandes operaciones han de pasar por el Consejo de Ministros) y genera obstáculos (algunos países vetan la participación de empresas públicas extranjeras en sus concursos).
La nueva cúpula de Aena cree haber encontrado una fórmula para sortear ambos problemas al tiempo. La compañía creará una sociedad independiente para acudir a los concursos internacionales con socios financieros integrados en consorcios, en los que Aena tendría participaciones minoritarias para así diluir los problemas que provoca la titularidad estatal. Sin mayoría accionarial de Aena la compañía se ahorra tener que contar con la aprobación del Consejo de Ministros y sortea eventuales vetos.
Sin embargo, las particularidades de Cuba –bajo un régimen comunista y una economía estatalizada- hacen que la lógica sea la contraria. Según fuentes empresariales, en el caso de las licitaciones cubanas puede ser precisamente la titularidad pública de Aena la que la coloque en mejor posición para imponerse en los futuros concursos. “Parte de las autoridades cubanas aún recelan de las compañías privadas por buscar exclusivamente negocio, y vinculan a las empresas estatales con el servicio público”, apuntan. “Puede que eso acabe beneficiando a Aena”.
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