El conjunto de las Administraciones Públicas cerraron el ejercicio 2017 con un déficit del 3,07% del PIB, unos 12.254 millones de euros menos que un año antes, y en un nivel inferior al comprometido con Bruselas, que era del 3,1% del PIB. Sin embargo, las cuentas cuadran porque tanto las comunidades autónomas, que en los peores años de la crisis eran las grandes incumplidoras, como los ayuntamientos se han comportado mejor de los esperado. Por el contrario, ni el Estado ni la Seguridad Social cumplieron con sus objetivos de déficit particulares.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ajuste agregado se ha debido a un avance “moderado” del gasto --la ejecución del Presupuesto ha sido del 96,8%, algo por debajo de los años anteriores-- y, sobre todo, a un incremento mayor de lo esperado en la recaudación por el Impuesto de Sociedades y por IVA.

Concretamente, el ministro de Hacienda se ha referido a un incremento de la recaudación impositiva del 5,2% en términos de Contabilidad Nacional. En detalle, la recaudación por IRPF se ha disparado un 6,4% mientras que el IVA ha recaudado un 7,9% más y Sociedades, un 6,8% por encima de los registros del año anterior. Sin embargo, la recaudación impositiva total se ha quedado a 2.800 millones de euros de la previsión inicial.

Al respecto, Montoro ha restado importancia a la desviación y ha llamado a considerar antes el cumplimiento agregado del conjunto de las administraciones. Además, ha recordado que el Estado ha reducido su saldo negativo desde el 2,48% del PIB, sin ayudas a la banca, hasta el 1,90%, lo que supone el mayor esfuerzo de todas las administraciones. No obstante, la Administración central se ha quedado lejos del objetivo del 1,1%.

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Además, Hacienda explica que tras esta cifra existe un ajuste contable, puesto que el Estado ha asumido dos décimas de déficit correspondientes a las comunidades autónomas. Esto es así por el reconocimiento, por ejemplo, de las aportaciones de Navarra al Estado a través del cupo, que se computan como déficit de la Administración central. Ajuste similares se han producido en el caso de Canarias y País Vasco.

Las CCAA salvan el déficit

La otra cara de esta moneda, es que el déficit de las comunidades autónomas se ha situado en el 0,32% del PIB, por debajo del objetivo del 0,6% previsto. Precisamente esta reducción explica en buena parte que España, en su conjunto, haya cumplido ante Bruselas, después de años de dificultades precisamente por el déficit desbocado de las comunidades autónomas. No hay que olvidar que el Estado asume aún buena parte de la deuda de las comunidades autónomas a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Por otro lado, en la letra pequeña del déficit autonómico se encuentran  cuatro comunidades autónomas ya en superávit. Si se exceptúa Baleares, se trata de Canarias, Navarra y País Vasco, las mismas regiones que se han beneficiado del ajuste contable que la Administración central se ha echado a la espalda.

En cuanto al resto, todas las comunidades autónomas mejoraron su situación fiscal de modo que solo Murcia arrastra aún un déficit superior al 1% del PIB.

La Seguridad Social sigue sin cumplir

Por su parte, la Seguridad Social ha sido la única administración que ha incumplido un año más el objetivo de déficit por la presión del gasto en pensiones. Esta administración cerró el ejercicio 2017 con un desfase del 1,48% del PIB frente al 1,4% previsto, después, no obstante, de una caída desde 1,62% con el que termino el año 2016.

De esta forma, el déficit de los Fondos de la Seguridad Social sostienen aún un déficit público de 17.209 millones de euros, una cantidad que Montoro considera "grave, pero manejable".

Esta desviación se debe a una mayor presión del gasto en pensiones, pero también a unas menores transferencias del Estado. Y es que los ingresos por cotizaciones aumentaron un 4,9% en 2017, frente al avance del 3,1% en 2016. Sin embargo, mientras que el sistema redujo su déficit en unos 568 millones de euros, hasta los 19.505 millones, y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) aumentó su superávit de los 12 a los 385 millones, el Servicio Público de Empleo (Sepe) entró en déficit porque las transferencias del Estado para pagar el desempleo descendieron un 58,3%.

Por todo ello, el conjunto de los fondos de la Seguridad Social cerraron el pasado año con un déficit de 17.209 millones de euros.

Finalmente, en el caso de los ayuntamientos, estos frenaron su superávit, desde 0,64% del PIB al 0,59%.

A la vista de todas estas cifras, Montoro ha insistido en que “lo que importa es que el total del déficit se ha reducido significativamente y no ha desaprovechado la ocasión para indicar que de esta forma se demuestra que “la reducción del déficit y la política presupuestaria es la llave maestra para el crecimiento y la creación de empleo”.

Lo que no ha querido comentar el ministro de Hacienda es qué incrementos de gasto o reducciones de ingresos se incluirán en los Presupuestos de 2018, que el Gobierno presentará mañana. Sin embargo, ha confirma que habrá "una subida de las pensiones más bajas", lo que meterá presión a las cuentas públicas.