Las promesas incumplidas de Rajoy sobre planes de pensiones

En las páginas 78 y 110 del programa electoral de los comicios de junio de 2016 y de diciembre de 2015, el PP se comprometió a mejorar la fiscalidad del ahorro y la inversión en planes privados de pensiones. Idéntica oferta figuraba en la página 116 del programa del PP en las elecciones de noviembre de 2011 con que obtuvo mayoría absoluta.

Sin embargo, Hacienda aún no ha iniciado los primeros estudios para incentivar este ahorro, necesario para la economía nacional y el complemento de las pensiones públicas. Y, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, olvida estos compromisos mientras insta a los españoles a realizar aportaciones a este sistema de ahorro para conseguir una prestación complementaria a la pensión pública. Tan sólo ha puesto en marcha la ventanilla de liquidez prevista en la nueva ley del IRPF de 2015 y que no entrará en vigor hasta dentro de siete años.

Curiosamente esta ventanilla ya se daba por legislada en el programa del PP: “Ahora que las aportaciones de los planes de pensiones pueden rescatarse transcurridos desde su constitución”, se decía, “queremos que la tributación de estos casos sea equilibrada”. Pero, la fiscalidad sigue siendo desequilibrada para el ahorrador y es Hacienda quien gana cuando se producen los rescates de los planes, desincentivando y no bonificando el ahorro a largo plazo a pesar de que España ocupa los últimos lugares del ranking europeo. En concreto, los españoles sólo consiguen ahorrar seis de cada cien euros de su renta disponible para dedicarlo a pensiones complementarias, depósitos u otros instrumentos. Se trata de la mitad de lo que se ahorra en la eurozona. Por ejemplo, en Alemania se llega a casi el triple que en España mientras que países como Francia, Holanda y la propia eurozona superan el doble.

La fiscalidad sigue siendo desequilibrada, es Hacienda quien gana cuando se producen los rescates de los planes

Es decir, los hogares vuelven a vivir por encima de sus posibilidades ya que de los ingresos netos obtenidos, una vez descontados los impuestos, sólo consiguen ahorrar ese 6,1% frente a, por ejemplo, el 13,4% que se consiguió en 2010 cuando la crisis empezó a mostrar su peor cara y metió el miedo en el cuerpo al consumidor. Este bajo nivel de ahorro, cercano al récord mínimo del 5,9% registrado en 2007, se debe al repunte del consumo. Pero, sobre todo, a la devaluación de los sueldos propiciados por la última reforma laboral y a que el Gobierno sigue olvidando incentivar fiscalmente el ahorro a largo plazo.

No hay que olvidar que la mayor parte del nuevo empleo que se está generando, sobre todo para jóvenes, no tiene capacidad alguna de ahorro porque los sueldos son muy bajos. Se está generando una nueva cultura de acceso al consumo low cost de personas que llevaban mucho tiempo sin trabajar y que hasta ahora no habían tenido posibilidad alguna de gastar. Son los que no tienen hábito alguno de ahorro, ni reciben ingresos suficientes para guardar una parte. Estas generaciones se gastan todo el sueldo, e incluso acuden al crédito de consumo, para adquirir bienes que hasta ahora habían tenido que renunciar.

Curiosamente, esta caída en vertical de la tasa de ahorro hasta el 6,1% se está produciendo cuando la renta disponible ha crecido un 3,9% (datos anuales del tercer trimestre de 2017) como consecuencia del aumento del empleo. En estas cifras no aparecen los créditos a la vivienda, que se consideran inversión. En todo caso, el gasto de los hogares en vivienda es aún relativamente bajo, en el entorno del 5,5%. Está aún por debajo del ahorro neto y muy por debajo del 15,5% de los niveles de inversión previos a la crisis.

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Pero, cuando repunte a las tasas que la banca espera, España tendrá que pedir dinero de nuevo al exterior para su financiación. Ya ocurrió en el estallido de la crisis. Fue una de las causas de los riegos de intervención de la UE y de las tensiones y dificultades de financiación de la deuda pública. En la actualidad, a pesar de la corrección en el sector privado (particulares y empresas), se ha producido un aumento exponencial de esa deuda en el sector público. En su conjunto, la economía española debe ahora a la banca extranjera casi tres veces el PIB (3,32 billones de euros). Y no hay que olvidar que la mayor parte de la deuda pública española está en mano de inversores extranjeros y del BCE.

Todos los partidos incorporan habitualmente en sus programas electorales compromisos para incentivar el ahorro a largo plazo, una vieja asignatura pendiente de España, que sigue basando su crecimiento económico en el consumo. Pero, es ahora particularmente llamativa esta situación de desahorro ante las dudas que suscita el sistema público de pensiones si se mantiene el actual pago con cotizaciones y no se habilita la caja de los impuestos para las prestaciones no contributivas.

En concreto, en la página 116 del programa electoral con que ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2011, el PP se comprometía, además de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, a “reordenar el tratamiento fiscal de las pensiones y potenciar los sistemas complementarios a la Seguridad Social”. Se insistía en mejorar la tributación de las prestaciones de los planes privados. Y, en los programas de 2015 y 2016, se recoge idéntica propuesta por dos veces: “Revisaremos la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones…. Por ello, promoveremos que la parte de los fondos recuperados que corresponde al rendimiento de las inversiones sea tratada como ahorro y tribute a un tipo menor”.

Es una antigua reivindicación de la industria del sector: bancos, aseguradoras y gestoras independientes. Los planes de pensiones privados tienen una enorme ventaja fiscal a corto plazo, porque las aportaciones (hasta 8.000 euros anuales con un límite del 30% de la base imponible), se pueden deducir de la declaración de la renta de cada ejercicio fiscal. Sirve, por tanto, para reducir la factura fiscal en esos momentos. Pero, esta reducción tiene un diferimiento, ya que los problemas para el ahorrador vienen cuando llega a la edad de jubilación y decide el rescate de las cantidades aportadas y de sus rendimientos.

El rescate condena a una declaración positiva a lo largo de toda la vida del cobro de las aportaciones y el ahorrador deberá devolver a Hacienda (dependerá de la modalidad de rescate decidido) una parte sustancial del ahorro durante su vida laboral, ya que considera a las aportaciones y a sus posibles rendimientos como rentas de trabajo. Es decir, el rescate tributa por la tarifa del IRPF, con tipos marginales del 19% para rentas hasta 12.450 euros o del 45% cuando superan los 60.000 euros, aunque en algunas autonomías llegan al 52%.

El rescate condena a una declaración positiva a lo largo de toda la vida del cobro de las aportaciones

Mientras, los tipos de gravamen para los demás productos de ahorro e inversión (fondo, acciones, bonos o depósitos) están, independientemente de los años de generación, entre el 19% para rendimientos inferiores a 6.000 euros; 21% hasta 44.000; y del 23% para cantidades superiores a 50.000 euros.

La industria de gestión de estos activos no entiende que se haya abierto una nueva ventana de liquidez y se siga olvidando este desigual tratamiento fiscal. Su planteamiento es que se separe de la tributación lo que son aportaciones de capital y los intereses. El sector entiende que el capital aportado, que ha obtenido deducciones, tenga que tributar por IRPF, aunque podrían introducirse coeficientes de abatimiento tal como aplicó el PSOE a principios de los noventa para beneficiar fiscalmente las aportaciones según su antigüedad (a mayor número de años, mayor reducción fiscal). Sería la mejor fórmula para apoyar el crecimiento del ahorro en España. Pero, lo que no tiene sentido alguno es que la rentabilidad de los planes de pensiones tenga a la hora del rescate una tributación similar a la de las rentas de trabajo y no del ahorro.