El Gobierno aprobó el pasado diciembre una nueva norma que obliga a los intermediarios de alquiler turístico (especialmente a las plataformas online como Airbnb, HomeAway, Niumba o Wimdu) a facilitar de manera periódica información fiscal sobre sus usuarios y sobre los viajeros que se alojan en las viviendas. La norma entra en vigor en julio, y la primera tanda de información tendría que recibirla la Agencia Tributaria en octubre.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) anunció la pasada semana el envío de un requerimiento al Consejo de Ministros para que modifique o elimine esta obligación de información porque algunos de los datos requeridos son “innecesarios o desproporcionados”. Se trata del primer paso antes de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Ejecutivo.
La patronal española de hoteles Cehat ya cargó la pasada semana contra los movimientos de la CNMC, y ahora le sigue la asociación de hoteleros europeos. La patronal hotelera continental Hotrec critica en un comunicado al supervisor español y le acusa de “mostrar una tendencia fuera de toda lógica a liberar a las plataformas digitales de sus responsabilidades”.
Hotrec compara la actitud de la CNMC con la de la Comisión Europea (que ha propuesta un nuevo impuesto a los gigantes digitales para que tributen en los países en todos los que operan) y la de Reino Unido (donde una comisión parlamentaria ha aprobado un informe en que solicita legislaciones equitativas para el alojamiento reglado y para el alquiler de pisos turíticos, y alerta de riesgos de seguridad y de cumplimiento fiscal en el alquiler).
"Es hora de dejar de sobreproteger tanto las actividades comerciales no reguladas como las gigantescas plataformas en línea que facilitan dichas actividades”, subraya Ramón Estalella, presidente del Grupo de Trabajo sobre Economía Colaborativa de Hotrec y secretario general de la patronal española Cehat. “Son parte integrante de la economía europea y deben ser tratados en consecuencia tanto en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa básica específica del sector como a las obligaciones fiscales aplicables a todos los agentes económicos".
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