El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario el próximo martes 27 de marzo para aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente aún a 2018 y poder sustituir los de 2017, que permanecen prorrogados desde el mes de enero.

Las cuentas del pasado año siguen vigentes después de que el estallido del desafío independentista en Cataluña tras el referéndum del 1-0 y la aplicación del artículo 155 pusiera al PNV en contra e imposibilitarán la tramitación de un nuevo Presupuesto en los meses de noviembre y diciembre.

Sin embargo, este parón puede acabar siendo una oportunidad para el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha dado margen para llegar en mejores condiciones económicas a su tramitación y poder aprobar los primeros Presupuestos expansivos desde que llegó a La Moncloa en 2011, aprovechando además que 2018 es un ejercicio preelectoral.

Toca dar carpetazo a la austeridad presupuestaria, porque se puede y porque conviene.

Los márgenes de los Presupuestos

El Gobierno ha estudiado los tiempos al detalle. Para empezar, un día antes de aprobar los Presupuestos en Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda dará a conocer los detalles de la ejecución presupuestaria de las administraciones en 2017.

El Gobierno había fijado un objetivo de déficit público conjunto del 3,1% del PIB para el pasado año. Algo que de entrada ya parecía una parada técnica antes de reducirlo por debajo del 3%, que marca la barrera a partir de la que España se liberará de la tutela efectiva de Bruselas dentro de lo que se conoce como Protocolo de Déficit Excesivo.

Pues bien, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya adelantó la pasada semana que el déficit público se situó por debajo del objetivo al cierre del año, pero por encima de ese límite del 3%; concretamente, en el 3,07% del PIB, en otro año de ingresos impositivos récord --se espera que en 2018 se superen ampliamente los 200.000 millones--.

El Gobierno ha postergado un año las nuevas exigencias de ajustes de Bruselas

Esto quiere decir que ha cumplido por primera vez el objetivo marcado sin tener que modificar los objetivos de déficit sobre la marcha como en años anteriores y que además, pese a quedar como el único país aún tutelado por Bruselas, se reserva la salida del procedimiento para el año que viene.

Esto es importante porque detrás del déficit público, España tiene un problema relacionado con la deuda pública. Este indicador ronda actualmente el 100% del PIB y debería reducirse hasta el 60% en 2020 para cumplir las exigencias de Bruselas, que se activarán en toda su amplitud en cuando España baje su déficit del 3%.

En román  paladino, España se enfrentará a nuevas exigencias de reformas y ajustes para reducir la deuda pública a marchas forzadas en cuanto supere ese umbral. O lo que es lo mismo, el Gobierno puede permitirse un año 2018 sin exigencias desde Bruselas y puede así manejar con más tranquilidad el Presupuesto.

Además, parte de la reducción del déficit en 2017 se ha debido a la buena marcha del PIB, mejor de la prevista. No hay que olvidar que el déficit es un cociente entre el saldo negativo entre ingresos y gastos del Estado sobre el PIB, de modo que si este crece, el saldo se diluye.

Pues bien, la economía española creció un 3,1% en 2017 y el Gobierno ya ha avanzado que revisará el cuadro macroeconómico que acompaña los Presupuestos para elevar las previsiones de PIB y empleo para 2018.

El Banco de España ya ha avanzado una primera revisión no oficial, que apunta a una tasa de crecimiento del 2,7% este año, frente al 2,3% que en estos momentos sostiene el Gobierno, después de haberla rebajado ligeramente en los meses de mayor tensión en Cataluña.

De hecho, en un reciente informe, el banco emisor ya anticipaba que el Gobierno presentará unos Presupuestos más expansivos y advertía de la necesidad de seguir con la disciplina fiscal, precisamente ante la necesidad de reducir ahora la elevada deuda pública. Sobre el papel, el incremento del techo de gasto del Estado aprobado para este año es del 1,3%, hasta rozar los 120.000 millones de euros.

La jugada maestra para lograr apoyos

Con estas holguras, el Gobierno ya ha empezado a repartir guiños en forma de mayor gasto presupuestario para hacerse con el apoyo de los grupos parlamentarios, a la espera de desatascar dos cuestiones puramente políticas: la fricción con el PNV a propósito del 155 y la exigencia de Ciudadanos de que el PP no cuente con personas 'marcadas' por la corrupción en las instituciones.

En lo económico, ya en los últimos compases de 2017, el Gobierno ultimó un pacto con Ciudadanos que sigue vigente e incluso se ha ampliado. No hay que olvidar que algunas de ellas ya no se podrán aprobar en 2018 con efectos retroactivos a 1 de enero, lo que aportará un margen de gasto adicional. Entre estas destaca una rebaja del IRPF para rentas bajas, por valor de unos 1.200 millones de euros.

Además, el Ejecutivo ya dio su palabra para ampliar el permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas y a reducir el IVA del cine del 21% al 10%. En los últimos meses, Ciudadanos ha dado la batalla para lograr la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional, algo que ha logrado con un coste para la Administración de otros 1.200 millones de euros en tres años.

Por otro lado, el Gobierno aprobó este viernes un Real Decreto para ampliar el abanico de proyectos que pueden considerarse inversiones financieramente sostenibles y que, por tanto, pueden acometer los ayuntamientos haciendo uso de su déficit. Según ha asegurado el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, esto supone un Plan E en toda regla para muchos consistorios, de un color u otro, meses antes de las elecciones de 2019.

Por otro lado, el Gobierno también ha firmado un acuerdo con los sindicatos de la función pública para subir el salario de los funcionarios hasta un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,8% en tres años, además de aprobar una oferta de empleo público sin precedentes durante la crisis. Se trata de algo que pone en una situación difícil a la oposición, que en ejercicios anteriores ha criticado al Gobierno por someter a una supuesta austeridad excesiva a los trabajadores del Estado.

Las pensiones, como escudo

El último factor que ha entrado en la terna ha sido el de las pensiones. Tanto PSOE como Podemos tienen ya un Presupuesto alternativo al del Gobierno. Sin embargo, el ejecutivo no solo ha abierto la mano a mejorar las pensiones mínimas y las de viudedad, debate presupuestario mediante, sino que también ha planteado la posibilidad de elevar el mínimo exento en el IRPF para los pensionistas que cobren hasta 17.000 millones. Todo un golpe de efecto a unas semanas de que comience la Campaña de la Renta 2017.

¿Cómo oponerse a un Presupuesto que ofrece tales beneficios a los pensionistas? ¿Serán capaces PSOE y Podemos de rechazar las cuentas empecinados en que el Gobierno de marcha atrás en la reforma de las pensiones de 2013 y vuelva a vincular las prestaciones de los jubilados y demás beneficiarios al IPC?

Lo cierto es que la maniobra del Gobierno en torno a las pensiones es una jugada maestra, puesto que al plantear la mejora de las pensiones por la vía presupuestaria e impositiva permitiría tener un guiño con los mayores aprovechando las buenas cifras de recaudación, sin consolidar estas mejoras en la nómina de las pensiones, con lo que la carga no recaerá sobre la maltrecha Seguridad Social.

Con Ciudadanos, más cerca

Por último, la cuestión política. Por un lado, el PNV había comenzado a aflojar  en los últimos días en su negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado durante la aplicación del 155. Tres meses después de la celebración de los comicios autonómicos “los nacionalistas vascos se dan cuenta de que no pueden hacer depender los intereses económicos de Euskadi de la incapacidad de los independentistas de proponer un candidato viable”, señalan fuentes conocedoras de la marcha de esas negociaciones.

No obstante, los últimos acontecimientos en torno al desafío catalanista podrían suponer un importante paso atrás y, en todo caso, el Gobierno tiene hasta aproximadamente el 20 de abril para 'convencer' al PNV pues será entonces cuando el Pleno del Congreso de los Diputados votará las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

En paralelo, la senadora Pilar Barreiro, imputada por el “caso Púnica”, ha decidido dejar el Grupo Popular para pasarse al Mixto con lo que ha desaparecido el obstáculo que impedía culminar el apoyo de Albert Rivera a los Presupuestos Generales del Estado para este año. Precisamente, Barreiro explicaba en un comunicado que “esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles”.

Removida esta cuestión, Rivera ha anunciado este lunes que su formación apoyará las cuentas.

Falta por saber si el Gobierno también tendrá el apoyo este año de los diputados canarias. Por lo pronto, el disputado voto del representante de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, le volverá a costar caro después de que este se abstuviera en la votación del techo de gasto del Presupuesto.

Las cuentas públicas irán al Congreso de los Diputados el próximo 3 de abril después de una parálisis durante la que se llegó a hablar de la viabilidad del Gobierno. De este modo, Rajoy vuelve a resurgir las cenizas y afronta un nuevo Presupuesto con ciertas garantías de éxito y promesas de gasto en un año preelectoral.