El Presupuesto para 2018 es una cuestión política antes que económica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el máximo responsable de los ‘números’ de la Administración, no lo esconde cuando dice que el Ejecutivo puede seguir gobernando con las cuentas de 2017 prorrogadas y aprobando los decretos necesarios, aunque viste esas palabras de autosuficiencia. Fuentes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados no maquillan en cambio la situación y reconocen que “el Gobierno no es viable sin Presupuestos”.
Lo que queda en el aire es que el Gobierno también tiene un futuro incierto si su proyecto económico no satisface a una masa electoral tan importante como la de los pensionistas, que supera los ocho millones de personas, más de doble que la de los funcionarios (tres millones), a los que se ha prometido una subida salarial de hasta el 8,8% en tres años.
Dicho de otro modo, la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad anunciadas por el Gobierno en el marco presupuestario debe estar a la altura de las protestas de los jubilados para que Rajoy pueda dar por salvada la bola de partido. Y para ello tiene que haber un Presupuesto, a menos que el Gobierno decida aprobar estas mejoras por la vía del decreto.
No es casualidad por ello que cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, (y antes Montoro) se ha adelantado con celo a Ciudadanos para hacer algunos anuncios relativos a los Presupuestos lo haya hecho para hablar, precisamente, de los pensionistas.
Más de 8 millones de electores
Es cierto que el Gobierno ha sostenido en los últimos meses un discurso en el que minimizaba la presión ejercida por los jubilados y se ha mantenido firme en su apuesta por garantizar antes el equilibrio del sistema de pensiones, que el poder adquisitivo en el corto plazo de los pensionistas. Sin embargo, el Ejecutivo ha acabado cediendo.
Las movilizaciones que se han producido, especialmente desde el pasado 22 de febrero, cuando el clamor llegó hasta las puertas del Congreso de los Diputados, son difícilmente cuantificables. Además, el Gobierno se ha esforzado por situar detrás a Podemos y su voluntad de utilizar las pensiones como mazo contra el Gobierno.
Sin embargo, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha abierto una petición en Change.org para pedir una subida de las pensiones con el IPC que ha recogido ya 688.000 firmas. Basta recordar que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por sindicatos mayoritarios para establecer una renta mínima alcanzó las 710.000.
Se trata de una oleada social difícil de frenar y el Gobierno ha decidido por ello sacar la subida de las pensiones del debate en el seno del Pacto de Toledo y ponerlo en el ruedo presupuestario. Si salen adelante las cuentas, se anotará un tanto con los pensionistas (siempre que la subida sea jugosa) y tendrá un Presupuesto para seguir con vida, pero si no, al menos tendrá una subida de las pensiones fallida que echar en cara a la oposición.
¿Qué márgenes tiene Rajoy?
El problema al que se enfrenta el Gobierno es que la caja de las pensiones y la del Estado no están para alegrías presupuestarias, como le ha advertido ya el Banco de España. El propio Rajoy se curaba en salud el pasado fin de semana cuando decía que las pensiones subirán lo que se pueda.
Los datos de ejecución presupuestaria de 2017 muestran que tanto la Administración central como los fondos de la Seguridad Social incumplieron los objetivos de déficit público ese año, mientras que fueron las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que cuadraron las cuentas agregadas para acabar el año con un saldo negativo del 3,07% del PIB, dentro de los límites comprometidos con Bruselas.
No obstante, el sistema de la Seguridad Social redujo su déficit en más de 500 millones de euros en 2017 y fueron las menores aportaciones al fondo correspondiente al Servicio Público de Empleo (SEPE) las que dejaron el déficit final en 17.200 millones de euros.
En cualquier caso, ahora que las cotizaciones sociales ingresan recursos a un ritmo mayor que el avance del gasto en pensiones, el Banco de España ha llamado al Gobierno a la prudencia para no truncar esta tímida recuperación.
En cifras, el Gobierno sabe que el problema no es la eventual subida de las pensiones por encima del 0,25% actual en 2018, sino el riesgo de consolidarla en la nómina mensual, de forma que se produzca un efecto de bola de nieve en los próximos años.
Una subida de las pensiones con el IPC supondría solo en 2018 un coste asumible de unos 2.000 millones de euros, pero esa subida quedaría perenne en las cuentas de la Seguridad Social y beneficiaría también a las nuevas altas, que en el caso de la jubilación, entran en el sistema con una media de unos 1.500 euros brutos mensuales, frente a los 1.079 euros de la pensión media.
Por ello, el Gobierno ha empezado por acotar la mejora de las pensiones a las mínimas y a las de viudedad.
De la mejora a la subida de las pensiones
La incógnita es en qué consistirá esa mejora. De entrada, el enunciado de Rajoy en el Pleno del 14 de marzo hablaba de una “mejora” de esas pensiones mínimas y de viudedad, lo que abría un abanico de posibilidades.
Por ejemplo, se pueden mejorar las pensiones mínimas elevando los complementos para las más bajas, o con beneficios fiscales, como los que se han planteado para los pensionistas en el IRPF. Esto no se consolidaría en la nómina de las pensiones como un derecho, preservando a la Seguridad Social de un posible efecto de bola de nieve, más aún porque por la misma razón por la que las nuevas altas tienen pensiones superiores a las de los que causan baja, el pago de complementos a mínimos se está reduciendo año a año.
La Administración que cargaría entonces con la mejora sería el Estado, puesto que tanto los complementos a mínimos como el IRPF recaen en último término sobre los impuestos dentro del Presupuesto.
Sin embargo, tanto el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha desvelado este lunes un alza del 2% a los 2,3 millones de pensiones mínimas, como Montoro, se refirieron este lunes a una “subida” de las pensiones.
En este caso, parece quedar claro que la mejora se aplicará sobre la cuantía de las prestaciones mínimas y de viudedad. No obstante, el ministro de Hacienda ha preferido no concretar la subida y ha asegurado que el Gobierno "está trabajando" para darle forma.
Lo que también ha concretado Ciudadanos es una posible deducción de 200 euros al año en el IRPF para pensionistas con pocos recursos, beneficio que, otra vez, se financiará con la caja de la Administración central.
Por otro lado, de acuerdo con lo avanzado por Ciudadanos, la mejora de las pensiones de viudedad consistiría en un incremento de la base reguladora del 52% al 60% para mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos, algo que ya estaba comprometido desde 2011.
El Gobierno presentará en el Consejo de Ministros extraordinario de este martes los Presupuestos de 2018, a la espera de que el PNV esté a bien apoyarlos. Sin embargo, pocas miradas se centrarán en inversiones en infraestructuras o en atención a la dependencia, más bien lo harán en las pensiones, el terreno donde Rajoy se juega jubilar o no a su Gobierno.
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