Cuando Franco soñó con tener 30 centrales nucleares

Tras la infamia de Hiroshima y Nagasaki, uranio significaba muerte. Significaba bomba atómica. Nada más. La peor de las armas servía para otorgar estatus de potencia a los países que la tuvieran, para darles voz en el complejo mapa geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial. A Estados Unidos le siguió la URSS, luego Reino Unido, más tarde Francia… La España franquista también quiso la gran bomba y trabajó a espaldas de la comunidad internacional para conseguirla hasta el último suspiro de la dictadura militar. Trabajó en ello en secreto, de manera intermitente… y sin éxito.

A lo que sí supo engancharse España fue a la otra alma del uranio, la de su uso civil para la generación de energía eléctrica. Y en ese empeño el fervor de la dictadura, y de las compañías eléctricas del momento, fue tal que el país llegó a tener el programa nuclear más ambicioso de la Europa Occidental y se convirtió en cliente y aliado preferencial de Estados Unidos en esa tarea.

Después de que el presidente norteamericano Dwight Eisenhower pronunciara en 1953 su famoso discurso Átomos para la Paz -con el que inauguraba el programa de ayuda al desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos en países fuera de la órbita soviética-, la España del dictador Franco estuvo entre los primeros de la cola para beneficiarse de esa asistencia y se convirtió en alumno aventajado. Esa España recién salida del grupo de los países en vías de desarrollo llegó a ser el mayor importador del mundo de tecnología nuclear norteamericana.

“Nuclear o velas”

En los primeros años de la posguerra, con la dictadura aislada tratando de sacar adelante una economía autárquica, la nuclear se veía como una vía para la independencia energética. Y cuando esa economía optó por el aperturismo con el Plan de Estabilización de 1959 la nuclear se entendió como fórmula imprescindible para hacer posible el desarrollo del país.

"Energía nuclear o velas", fue un mantra para directivos de las eléctricas y políticos del régimen subidos al desarrollismo

“Tanto el Gobierno como las compañías eléctricas instalaron un imaginario en que la electrificación era sinónimo de modernización, y la nuclear era clave para solucionar los problemas para conseguirlo”, explica María del Mar Rubio-Varas, profesora de la Universidad Pública de Navarra y coordinadora junto a Joseba de la Torre del libro colectivo The Economic History of Nuclear Energy in Spain. Governance, Business and Finance (Palgrave, 2017).

“La nuclear se convirtió en una obsesión para demostrar que el país avanzaba, que España estaba consiguiendo entrar con éxito en esa carrera tecnológica internacional, equiparable a la carrera espacial”, apunta. “Energía nuclear o velas”, fue un mantra que se popularizó tanto entre los ejecutivos del sector eléctrico como entre los políticos del régimen para subrayar la necesidad de la economía española de subirse a ese carro en aras del desarrollismo.

Ese deseo de entrar en la carrera nuclear ya arrancó con la dictadura recién estrenada. “En 1948 se fundó secretamente la Junta de Investigaciones Atómicas, que reunía a varios expertos con puestos de responsabilidad política con el objetivo de determinar qué pasos eran necesarios para que España pudiera acceder a la energía nuclear, fuera para fines bélicos o pacíficos”, cuenta Lino Camprubí Bueno en su libro Los ingenieros de Franco (Crítica, 2017). Durante un tiempo se llegaron a acuerdos secretos de asesoramiento con profesores de Alemania e Italia, que tenían prohibido avanzar en este ámbito tras la guerra.

Los avances eran más que modestos, y orientados fundamentalmente a aprender a aprovechar las minas de uranio españolas. Y el Gobierno franquista dio un giro a su estrategia. “En 1951 la Junta de Investigaciones Atómicas abandonó el secreto y se refundó como Junta de Energía Nuclear (JEN)”, ésta sí volcada en la generación eléctrica de manera abiertamente pública, y muy publicitada.

 El plan de las eléctricas

Al frente de la JEN estaba el físico José María Otero Navascués, principal impulsor del programa nuclear en sus primeros compases y defensor de una vía intermedia entre los países que se entregaron a la dependencia de EEUU (como Italia, tras abandonar sus propias investigaciones secretas) y los que trataron de sacudirse el control norteamericano y quisieron desarrollar su propia tecnología (como Francia). España intentó ambas vías a la vez.

El Gobierno franquista mantuvo su anhelo de impulsar el uso de uranio nacional de las minas patrias (uranio natural, no enriquecido) para generar energía y construir un reactor propio con tecnología autóctona. Era la manera de promover la ansiada independencia energética y sortear la obligación de recurrir a la tecnología estadounidense (y, con ello, evitar utilizar de manera forzosa el uranio enriquecido que sólo tenían capacidad de producir EEUU y la Unión Soviética). Un anhelo que era puro voluntarismo, y que el retraso tecnológico y en ingeniería de España hacían inviable.

"Acabó por no ser el programa nuclear del franquismo, sino el programa de las eléctricas privadas durante el franquismo"

“Las [eléctricas] privadas españolas no estaban dispuestas a correr con los gastos de la intentona de Otero, cuyo sueño de utilizar uranio nacional parecía cada vez más lejano”, destaca Camprubí. El proyecto de las compañías privadas fue el que acabó imponiéndose en la España de Franco: fueron las eléctricas las que sellaron acuerdos para poder comprar reactores estadounidenses, contando con todas las facilidades norteamericanas (también de financiación bancaria que venía del otro lado del charco), con proyectos llave en mano en que ingenieros de EEUU se encargaban casi de todo el proceso hasta la puesta en marcha de las nuevas centrales.

“El plan nuclear arranca en España por el interés de la Administración, sí. Pero acabó por no ser el programa nuclear del franquismo, sino el programa nuclear de las eléctricas privadas durante el franquismo. Pronto quedó claro que la única opción viable para sacarlo adelante era civil y empresarial”, sostiene Rubio-Varas. “El eléctrico era de los pocos sectores que, apoyado por los bancos, escapaban del control total del Estado. Y las eléctricas vieron en la nuclear una oportunidad de negocio que quisieron aprovechar”.

La España de Franco, laboratorio mundial

El programa nuclear español se fue ejecutando tan rápido que no dejaron de marcarse hitos a escala internacional. Fruto de los acuerdos de colaboración con Washington, una España que aún arrastraba el subdesarrollo de la posguerra contaba ya con un reactor experimental en Madrid en 1958 en las instalaciones de la JEN en Ciudad Universitaria (pronto le siguieron otros en Bilbao y Barcelona).

Las eléctricas pidieron permisos para construir 27 reactores en España. La Administración aprobó 15, y sólo llegaron a funcionar 10

La compañía Unión Eléctrica Madrileña –germen de la actual Gas Natural Fenosa- encargó en 1965 al grupo norteamericano Westinghouse la construcción de la que sería la primera central nuclear española. Ubicada en Almonacid de Zorita (Guadalajara), la planta entró en funcionamiento en 1968 y se convirtió en el primero proyecto nuclear llave en mano exportado por EEUU en su historia. Cuando Nuclenor –hoy controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- encargó a General Electric levantar Santa María de Garoña (Burgos) se trataba de la mayor central en construcción en Europa y entró en funcionamiento en 1971.

“Todos los fabricantes de reactores querían entrar en el mercado español, porque era el que más rápidamente crecía”, resume Rubio-Varas, de la Universidad Pública de Navarra. “En los años sesenta y setenta, España era el ejemplo que se ponía en las revistas internacionales de energía nuclear (…) Se convirtió en un ensayo a nivel mundial de la tecnología nuclear norteamericana”.

Las eléctricas solicitaron los permisos para construir 27 reactores nucleares en España (aunque las compañías llegaron a iniciar la planificación, sólo en fase de estudio, para en torno a otra decena más de instalaciones). La Administración concedió formalmente la autorización para construir hasta 15 centrales, de las que sólo se llegaron a funcionar 10. Los otros cinco reactores fueron finalmente paralizados por la moratoria nuclear del Gobierno de Felipe González en los ochenta.

El último plan de un Gobierno de Franco preveía 22.000 MW de potencia nuclear, casi el triple del máximo que alcanzó el país

Durante el único año en que llegaron a coincidir en funcionamiento los 10 reactores construidos y en funcionamiento (en 1988 abrieron los dos últimos, Trillo y Vandellós II, y en 1989 se produjo el primer parón de una central nacional, tras el incendio e inundación en Vandellós I) España tuvo una potencia instalada de energía nuclear de algo más de 8.500 megavatios (MW).

Tras la desconexión de la red de Vandellós I, de Zorita (en 2006) y de Garoña (en 2012), España ha estabilizado su potencia nuclear en 7.400 MW repartida en los siete reactores restantes (Almaraz I y II; Ascó I y II; Cofrentes, Vandellós II y Trillo).

Sin embargo, la última de las planificaciones nacionales de un Gobierno de la dictadura franquista auguraba que el país llegaría en algún momento de finales de los ochenta a contar con más de 22.000 MW de potencia nuclear, mucho más del doble del máximo que España tuvo realmente en ese momento, y más del triple de la potencia real actual.

“Esos 22.000 MW equivalen a que España habría tenido entre 30 y 40 centrales nucleares”, calcula Rubio-Varas. Ése fue el último sueño atómico de la dictadura en 1975 puesto negro sobre blanco y aprobado por el Consejo de Ministros, pero estaba diseñado por la propia patronal eléctrica Unesa, que era la que avalaba con las proyecciones de sus asociadas la previsión oficial.

Moratoria o rescate

La planificación energética oficial que auguraba que habría más de una treintena de centrales nucleares en España se apoyaba en la previsión de que el país duplicaría su consumo eléctrico cada diez años. Una estimación que acabó resultando disparatada.  El ambicioso plan de seguir construyendo plantas nucleares empezó a desmoronarse en los ochenta.

Tras una fuerte devaluación de la peseta, las eléctricas no podían pagar los créditos de las centrales en construcción. El Gobierno las rescató parando los proyectos

“El programa nuclear español descarriló por varias razones. Pero las económicas son las fundamentales”, sostiene Rubio-Varas. Y es que la crisis del petróleo de los setenta se convirtió en un arma de doble filo: por un lado, el encarecimiento alocado del crudo justificaba mantener la nuclear para reducir la exposición de la economía; por otro, el que más pesó, el parón económico hizo que la demanda eléctrica se desplomara. Así que parte de los proyectos ideados al calor de un consumo eléctrico que crecía con fuerza dejaron de tener sentido a corto plazo.

En cualquier caso, fue la incapacidad de las compañías eléctricas para financiar la construcción de las centrales la que pusieron en jaque toda la planificación nuclear. El Gobierno recurrió para protegerse de la crisis económica a una brutal devaluación de la peseta que convirtió en prácticamente impagables los créditos solicitados por las eléctricas. Los préstamos se firmaron baratos en los setenta en dólares, pero había que empezar a abonarlos con la puesta en servicio de las centrales en los ochenta. La devaluación disparó la cuantía de los pagos. Era la propia viabilidad de las compañías la que estaba en juego, la deuda ligada a las centrales ponía en peligro la propia supervivencia de las eléctricas.

“Las compañías no podían cumplir sus compromisos financieros. Y el Gobierno aplicó en 1983 una moratoria nuclear que en realidad era un rescate a las eléctricas”, resume la profesora de la Universidad Pública de Navarra. El PSOE de Felipe González acudió a las elecciones con las que llegó a la Moncloa con un programa en el que se prometía frenar la expansión de la nuclear. Pero según han ido reconociendo décadas después los propios ministros económicos sociliastas, la moratoria se utilizó en realidad para evitar la quiebra de las compañías eléctricas.

La deuda de las eléctricas asumidas por el Estado la pagaron los clientes con el recibo de luz durante 20 años: en total, 5.717 millones

El Gobierno impidió que se continuara con la construcción de cinco reactores: Valdecaballeros I y II, Trillo II, y Lemoniz I y II (que ya antes había parado las obras de construcción tras dos asesinatos y un secuestro de la banda terrorista ETA). Otras nuclear proyectada, la de Sayago, también quedó paralizada, pero no incluida en el plan de rescate financiero.

En compensación por la prohibición de continuar con las obras, a las eléctricas implicadas (Iberduero, hoy Iberdrola; Sevillana de Electricidad, hoy Endesa; y Unión Fenosa, actualmente integrada en Gas Natural) se les liberó de la deuda que acumulaban por estos proyectos por las inversiones realizadas, hasta el equivalente a unos 4.360 millones de euros. Una década después, en 1996, el Gobierno acabó titulizando esa deuda y la asumieron (con intereses) los clientes eléctricos que la fueron pagando con sus recibos de la luz durante veinte años.

La última factura de la moratoria nuclear la abonaron los usuarios con su recibo el 26 de octubre de 2015 (de manera anticipada, en principio los pagos estaba previstos que se alargaran hasta 2020). Los clientes acabaron abonando durante dos décadas un total de 5.717 millones de euros (más de 1.300 millones eran intereses) para rescatar a las compañías que impulsaron ese programa con el que España soñó con ser una potencia europea de la energía nuclear.